PSOE, PP, Cs y Podemos denuncian a Conservas Lolín y a su gerente Fernando Gutiérrez “por coacciones”

En su particular batalla por trasladar su fábrica del núcleo urbano a las afueras y ubicar en su lugar un centro comercial, el portavoz municipal del PRC de Castro Urdiales, Jesús Gutiérrez, se ha ganado un buen número de enemigos en la Corporación. Y es que los grupos municipales de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos han presentado este martes una denuncia conjunta contra Conservas Lolín y contra su hermano y gerente de la empresa Fernando Gutiérrez “por coacciones”.

El detonante de esta medida ha sido un escrito firmado por este último la pasada semana dirigido a la alcaldesa, ediles y secretaria municipal en el que les urgía a aprobar la modificación puntual del PGOU, necesaria para cambiar el uso del suelo de industrial a comercial, “bajo la amenaza de responsabilidades penales de todo tipo”.

Y es que el documento advierte de la “responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrir quien actuara de forma desviada en este asunto, no convocando el pleno correspondiente; no asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo; o informando de forma desviada, cambiando de criterio y retrasando indebidamente la tramitación de máxima diligencia a la que se había comprometido el Ayuntamiento”. “Si así ocurriere, quienes por acción u omisión generen daño habrían de afrontar sus responsabilidades, si las hubiere en vía penal, administrativa y/o contable”, concluye el escrito.

Así pues, en la denuncia conjunta consultada por este medio, las cuatro formaciones señalan que “se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la ley no prohíbe, coaccionándonos para la aprobación de ese planeamiento”.

“Esta coacción para condicionar el voto es ilegítima, por cuanto la modificación a la que se hace referencia proviene de un convenio urbanístico que se aprobó en la anterior legislatura”, añade la denuncia, que agrega que “se trata, en suma, de coaccionar para que no realicemos una actuación que la ley no prohíbe”.

El objetivo del político y empresario es trasladar su fábrica al polígono de Vallegón, en la pedanía de Sámano, puesto que, según ha señalado en varias ocasiones, la viabilidad de la conservera corre peligro por su situación económica y, por tanto, también los puestos de trabajo.

Pleno extraordinario

No obstante, la pasada legislatura, con CastroVerde al frente, ambas formaciones (CV y PRC) sacaron adelante el polémico convenio urbanístico entre Ayuntamiento y empresa que permite su cambio de ubicación. La aprobación definitiva del mismo estuvo marcada por la dimisión como concejal y portavoz municipal regionalista del dueño de Conservas Lolín, puesto que no podía participar en la votación, que requería de mayoría absoluta, por tratarse de un asunto que le afecta directamente.

Así todo, para poder situar en el emplazamiento actual de la fábrica un centro comercial hace falta que la actual Corporación apruebe la modificación puntual del PGOU en la que tanto insiste el empresario castreño, hasta el punto de que su partido, junto a CastroVerde, solicitaron hace una semana la celebración de un pleno extraordinario que la lleve a cabo.

Y es que el PRC llegó a acusar a la alcaldesa socialista, Susana Herrán, de “anteponer sus intereses personales a los generales del municipio por retrasar de forma maliciosa” esta aprobación, la cual, tal y como recordó la regidora, no es necesaria para el traslado de la fábrica a Vallegón.

“Resulta paradójico que el partido cuyo portavoz municipal es el dueño de Conservas Lolín lance acusaciones sobre 'intereses personales' en lo que atañe a la fábrica con el Ayuntamiento”, respondió Herrán, recordando que la Confederación Hidrográfica advierte de que la actual parcela de Conservas Lolín se encuentra “en una zona inundable”.

La estrecha relación entre CastroVerde y PRC, forjada durante la pasada legislatura en la que el partido municipalista gobernó en solitario buena parte de la misma contando con el apoyo regionalista para sumar mayoría, se mantiene actualmente.

Y es que tras las elecciones de mayo, en las que CV cosechó una sangría de votos respecto a 2015, los ecologistas alcanzaron un acuerdo de gobierno posteriormente fallido con el PRC, y a lo largo de la presente legislatura ambos partidos continúan cabalgando en sintonía en la oposición, tal y como se desprende de la denuncia presentada por la mayoría de grupos municipales a la que CastroVerde no se ha sumado.