Han pasado más de siete años desde que el 8 de octubre del año 2008 se produjera en la calle Tetuán de Santander una explosión de gas fortuita que, horas más tarde, desencadenó un terrible incendio que calcinó dos inmuebles, los números 41 y 45. Un siniestro que enfrentó a los vecinos con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, liderado por Íñigo de la Serna (PP), y que tuvo graves consecuencias económicas para los vecinos y para las arcas públicas, puesto que los tribunales condenaron por negligencia al Consistorio como responsable patrimonial del suceso.
Han transcurrido también más de seis meses desde que el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Ayuntamiento a redactar una declaración institucional de apoyo a la treintena de familias que perdieron sus viviendas en aquel siniestro como consecuencia de la deficiente actuación de los servicios municipales de bomberos, así como a elaborar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia.
Esa constante demora en los plazos fue, precisamente, la que llevó a una afectada a presentar una denuncia contra el alcalde de Santander, en la que acusaba a De la Serna de un presunto delito de prevaricación por omisión al incumplir la moción aprobada con el apoyo de todos los grupos municipales y que fue admitida a trámite el pasado viernes por la Fiscalía de Cantabria.
Y ante la acción, reacción. La posibilidad de que el proceso judicial siga adelante está sobre la mesa y una de las consecuencias de una condena por prevaricación sería la inhabilitación para cargo público del acusado, así que el equipo de Gobierno que encabeza el regidor popular se ha puesto manos a la obra para llevar ante el próximo pleno municipal esa declaración institucional que pretende eximir de culpa al alcalde.
De hecho, el texto en el que está trabajando el portavoz del PP, César Díaz, ya ha sido remitido al resto de grupos de la oposición para que hagan sus aportaciones y den su visto bueno lo antes posible, de forma que pueda ser aprobado por unanimidad cuanto antes.
“El Ayuntamiento de Santander quiere transmitir su apoyo hacia las personas que se vieron afectadas por la explosión de gas y el posterior incendio, así como su pesar por los difíciles momentos que han tenido que atravesar desde entonces. La Corporación municipal reconoce las angustiosas circunstancias que han vivido los afectados y quiere expresar su solidaridad con todos ellos”, señala el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.
Tiempo “más que justo”
La denuncia contra el alcalde señala que ha pasado un tiempo “más que justo y prudencial” para que los populares pudieran haber aprobado ya ese manifiesto que, según subraya, “no supone para el Ayuntamiento ni consignar una partida presupuestaria extraordinaria ni modificar ninguna ordenanza vigente”. Además, destaca que en septiembre ya preguntaron en el pleno por los plazos sin obtener una respuesta satisfactoria y que en diciembre, incluso, entregaron un borrador.
De este modo, “está totalmente injustificada esta demora en su redacción y denota lo que llevo denunciando públicamente estos siete años: su falta de responsabilidad y humanidad ante este hecho tan grave acaecido bajo su mandato”, afirma la afectada apuntando al alcalde como máximo responsable de la Corporación.
Por todo ello, entiende que “cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en su modalidad de comisión por omisión”, ya que “es imperativo realizar una determinada actuación administrativa y su omisión tiene efectos equivalentes a la denegación”. En un escrito, con fecha de 26 de enero, la Fiscalía admite la denuncia a trámite y acuerda abrir diligencias de investigación contra el alcalde con el fin de esclarecer los hechos.