Cantabria no descarta que alguno de los seis parques eólicos con trámite ambiental favorable esté en obra en 2023

Cantabria ha dado “un paso determinante” en su apuesta por los parques eólicos que tanta polémica llevan suscitando en los últimos años entre colectivos ecologistas y vecinos afectados por su instalación. Así, la Comunidad pasará a contar, al menos, con siete instalaciones eléctricas, toda vez que las de Somaloma, Campo Alto, La Costana, Cuesta Mayor, Bustatur y El Escudo han superado el trámite ambiental. Y según el Gobierno autonómico, alguno de esos seis podría estar en construcción este mismo año, en 2023.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa los consejeros de Industria y Medio Ambiente, los regionalistas Javier López Marcano y Guillermo Blanco, respectivamente, acompañados de los directores generales de Energía y de Medio Ambiente, Daniel Alvear y Antonio Lucio, en el mismo día en el que se ha cumplido el plazo establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica para que los proyectos cuenten con la citada declaración de impacto ambiental favorable (DIA).

En este sentido, según han destacado los dirigentes políticos, se invertirán en los seis nuevos parques 200 millones de euros y Cantabria pasará de tener el de Cañoneras, en Soba, que genera 32 megavatios, a siete instalaciones que generarán 270 megavatios. Esto, tal y como han remarcado, supone producir el 38% de la energía que se contempla en el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, es decir, 700 megavatios.

Los parques de Bustatur y El Escudo son de tramitación nacional al superar los 50 megavatios, mientras que los otros cuatro, con 23 aerogeneradores y 110 megavatios, son de competencia autonómica.

De esta forma, según han explicado Marcano y Blanco, estas seis instalaciones han superado “el segundo de los cinco hitos” que deben afrontar para ser una realidad. El siguiente paso es la obtención de la autorización administrativa previa, cuyo plazo finaliza en abril, aunque el Gobierno tratará de solventarlo antes de que termine febrero. Posteriormente, requerirán de la obtención de la autorización administrativa de construcción, que finaliza el 25 de julio, y finalmente, la obtención de la autorización de explotación definitiva, cuyo plazo no está fijado y es mayor al de los pasos previos.

“Hoy es un día importante dentro de la apuesta de este Gobierno por aumentar la generación de energía limpia, con el objetivo de combatir el cambio climático y también de aumentar la soberanía energética, especialmente en un contexto como el actual marcado por los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania”, ha expresado el titular de Industria.

Al inicio de la legislatura, según ha repasado el consejero de Medio Ambiente, había 28 proyectos de parques eólicos en diferentes fases de tramitación, ya que entre 2011 y 2019 no hubo declaraciones de impacto ambiental. Sin embargo, en la actualidad solo hay tres que no han obtenido declaración ambiental favorable antes de que concluyera este miércoles el plazo: Cerro Airo, Alsa y Bustafrades. “Eso no significa que decaigan, sino que podrán optar a futuras subastas de los derechos de acceso a la red”, ha subrayado Blanco.

Además, hay otros dos parques que han obtenido una DIA desfavorable, los de Quintanillas y Lantueno; cinco cuyos promotores han desistido de continuar, Aguayo 1, 2, 3, 4 y 5; dos retirados porque se solapaban con otros que se están tramitando a nivel nacional, Amaranta y Quebraduras, relacionados con los de Garma Blanca y Ribota; y seis caducados porque el promotor no habría cumplido los plazos.

Cuestionado por la tramitación de El Escudo, una de las más avanzadas, el consejero ha manifestado que el promotor remitió al Gobierno en diciembre su propuesta económica para compensar la concesión, la cual ha sido remitida a las juntas vecinales propietarias del monte, que tendrán que responder este mes. Según ha dicho, si alguna se opone será el Ejecutivo regional el que decida si se acepta la propuesta, que a continuación tendrá que aprobarse en Consejo de Gobierno y posteriormente en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

“Apetito inversor”

Por otra parte, el Gobierno ha querido dejar claro que el plazo recién finalizado no afecta a todos los proyectos, lo cual implica que pueden presentarse nuevos. Se trata, según han dicho los representantes políticos, de un escenario en el que confían: “Hay un apetito inversor por las energías renovables”, han subrayado. Y es que, según han desvelado, el Gobierno ha recibido en 2022 otros 12 proyectos que aún no han iniciado el primer trámite.