El diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio ha emprendido estos días una intensa campaña mediática y propagandística para dar a conocer el partido político que ha creado, Ola Cantabria, tras su tumultuosa salida de Ciudadanos. La nueva formación, en la que también se ha integrado la edil de Santander, Cora Vielva, está inundando los buzones de miles de ciudadanos con pasquines en los que anuncia que concurrirá a la próximas elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo de 2019 con el objetivo de “lograr el respeto de los cántabros tanto desde las Administraciones públicas regionales como desde Madrid”.
El culmen de esta campaña es el anuncio realizado este miércoles: Ola Cantabria ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), por presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública Sogiese, encargada de gestionar fondos europeos en programas de cooperación transnacional.
La denuncia, según ha informado Ola Cantabria en un comunicado, se basa en un informe de la Intervención General que cuantifica en 90.000 euros el dinero abonado “presuntamente de forma indebida” por la empresa a cinco de sus empleados durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en la etapa del Gobierno de Ignacio Diego (PP).
El partido de Carrancio señala que dicho informe, además de poner de manifiesto que “no se ha cumplido con lo establecido en las disposiciones sobre materia salarial” por superar los límites retributivos, propone que se inicien dos procedimientos de reintegro a la Tesorería General del Gobierno de Cantabria en concepto de pagos indebidos, los cuales no se han iniciado.
Estos hechos ya fueron denunciados hace casi dos años por el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que a cambio de apoyar los presupuestos regionales de 2017 exigió al gobierno bipartito, entre otras cosas, que se depuraran responsabilidades por este caso. El Ejecutivo cesó meses después, en mayo, a la directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, si bien alegó que fue una renuncia voluntaria por motivos personales.
Amplios recursos
Tras abandonar la formación en junio del año pasado junto a un importante grupo de militantes, Ciudadanos solicitó formalmente que Carrancio fuera expulsado del Grupo Mixto y pasara a ser considerado como diputado no adscrito. Sin embargo, un informe de los letrados del Parlamento no secundó dicha petición, lo que ha permitido a este funcionario en excedendia del Ayuntamiento de Santander mantener importantes prebendas.
Por un lado, continuar con su cargo en la Mesa de la Cámara autonómica en calidad de secretario, lo que eleva su sueldo hasta los 72.000 euros brutos anuales frente a los 58.000 que se embolsa un diputado raso y, por otro lado, percibe alrededor de la mitad de los recursos asignados al Grupo Mixto -formado únicamente por él y por el representante de C's-, es decir, unos 6.000 euros adicionales al mes para su libre disposición. Un dinero que no está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que “controla los gastos de los partidos pero no de las personas”, según apuntan a este diario fuentes parlamentarias. Finalmente, tiene derecho a contratar a un asesor a su cargo con cargo al presupuesto de la Cámara.
Además del reparto de publicidad política y la denuncia anunciada ante la Fiscalía contra el titular de Economía, Ola Cantabria también está presentado estos días a sus coordinadores en distintos puntos de la comunidad, que previsiblemente serán sus cabezas de lista en las elecciones municipales. Así, el partido ya cuenta con representación en Santander, Los Corrales de Buena, Santillana del Mar, Santoña, Camargo, Reocín, Astillero y Castro Urdiales.