Cruz Roja prevé triplicar la atención por pobreza energética: “Cada vez más familias tienen que elegir entre llenar la nevera y poner la calefacción”

“Pintan bastos”. José Cacho, técnico del proyecto contra la pobreza energética de Cruz Roja en Cantabria, no es optimista. La organización prevé triplicar la atención respecto a 2022. “La cosa se va a complicar de cara a este invierno, la energía se va a encarecer muchísimo y no sé hasta cuándo porque uno enciende la tele y no sabe en qué va a acabar esto”, asegura en relación al conflicto en Oriente Medio. “Lo del invierno pasado puede quedar en agua de borrajas”, adelanta.

En este sentido, el Consejo de la Unión Europea, bajo presidencia española hasta finales de año, alcanzó este pasado martes un acuerdo para modificar el mercado eléctrico que pretende “reforzar la protección de los consumidores”. Los Estados miembros ya pueden aplicar precios regulados a los hogares “en situación de pobreza energética y vulnerables”, pero ahora el Consejo ha acordado que los contratos “bidireccionales por diferencia” sean el modelo de uso obligatorio para evitar los “beneficios extraordinarios excesivos” de los productores.

Además, la institución podrá declarar una crisis “cuando se espere que los precios medios de la electricidad al por mayor sean muy elevados durante al menos seis meses” y cuando “los fuertes aumentos” se mantengan “durante al menos tres meses”. El acuerdo sirve de orientación general para las negociaciones en el Parlamento Europeo, que deberá aprobar el texto definitivo.

Los efectos prácticos de la iniciativa legislativa tardarán en afectar a la factura y ante el aumento de familias vulnerables, el proyecto contra la pobreza energética de Cruz Roja incide, entre otras cosas, en la importancia de “hacer llegar la información sobre la existencia del bono social energético”, subrayan el propio José Cacho y Alberto Rodríguez, voluntario que también trabaja en este ámbito.

En concreto, el avance de resultados de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) sobre el Estado de la Pobreza 2023, publicado también esta semana con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, concluye que, a pesar de que “la carencia material y social severa ha descendido por segundo año consecutivo al 7,7 % de la población, esto es a 3,65 millones de personas”, la vulnerabilidad energética ha aumentado: “El número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar ha alcanzado al 17,1%, frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020”, con especial incidencia en mujeres, menores y personas mayores.

A través del proyecto contra la pobreza energética, Cruz Roja ha atendido en la comunidad autónoma a unas 450 personas en lo que va de año, “casi el doble que en 2022”, apunta Cacho. La iniciativa ofrece un itinerario que comprende entrevistas, talleres de formación sobre eficiencia energética, ayuda para comprender las facturas y realizar la solicitud del bono social, entrega de kits de ahorro con bombillas LED o ahorradores de caudal –“valorado en unos 75 euros”, informa Cacho– y compra de menaje como mantas, nórdicos o abrigos. “Nosotros obligamos a realizar el itinerario completo, empezando por el taller, porque los solicitantes tienen que entender el por qué y cómo se puede recibir ayuda. No se trata solo de pagar. Somos muy exigentes en ese sentido y el 95% de las personas que atendemos en Cantabria lo cumplen”, explica.

El apoyo incluye además el pago de recibos cuando está justificado, la compra e instalación de electrodomésticos y las obras de rehabilitación de la vivienda para mejorar aislamientos. “A Cruz Roja le debo casi la vida”, dice María, que vive con su marido jubilado y una nieta de 23 años.“ Yo les agradezco muchísimo su atención, sobre todo a José Cacho, porque no solo fue la ayuda, fue también la forma de hablarme, que me tranquilizó”.

“En casa no había quién parara, entraba frío por todas partes. Con la jubilación nos da para comer y nada más porque todavía estamos pagando hipoteca”, relata María. “A través de Cruz Roja nos cambiaron ventanas y me informaron de cómo pedir el bono social. Yo se lo agradezco mucho de verdad, pero se pasa muy mal pidiendo”, continúa. “Es lo más vergonzoso. No veas que ataques de lloros pasé”. María tiene ahora 70 años y cuenta que su marido, además, “está enfermo después de haber tenido un infarto y una angina de pecho”. Cruz Roja también les ayudó un año “con la compra de medicación”, añade.

De acuerdo al análisis presentado por la organización, un 70% de familias usuarias de Cruz Roja, con derecho a bono social, no lo percibe. Por una parte, existen problemas regulatorios: muchas familias en situación de pobreza energética viven de alquiler y no son titulares de los contratos de suministro eléctrico, por lo que no pueden solicitar la ayuda. En este sentido, “la automatización en la concesión del bono social por criterios de renta mejoraría la situación”, consideran en la organización. Cruz Roja y otras entidades sociales llevan haciendo esta reclamación desde 2020: “No hemos recibido ninguna respuesta, no sé si llamarlo silencio administrativo”, confirma Cacho. 

Por otra, hay familias vulnerables que cumplen los requisitos, pero desconocen la existencia del bono social, asegura el técnico. “Es cierto que en Cantabria el número de solicitantes es bueno. El boca a boca entre familias funciona y además intentamos darle mucha visibilidad. Es una ayuda potente, directa y sencilla, en principio. No es como el Ingreso Mínimo Vital, que es bastante más complicado y en realidad no ha sido un acierto”, opina.   

“Familias monomarentales”

 Alberto Rodríguez, voluntario de Cruz Roja desde 2019, dedicado ahora al proyecto contra la pobreza energética, incide también en la importancia de difundir las condiciones del bono social. Rodríguez, empleado de banca afectado por un ERE, constata otro de los datos clave del análisis de la organización: “Muchas de las familias afectadas son monomarentales”, un 22% de las unidades atendidas por Cruz Roja en 2022, según el estudio. “Los adultos lo llevan de otra manera, pero hay muchos menores en circunstancias muy duras”. En concreto, un 30% de las personas beneficiarias de ayuda en Cruz Roja lo son. Y el 35% son mujeres.  

Por ejemplo, Tania, que tiene 34 años, es sociosanitaria y hace unos meses ha comenzado a trabajar media jornada. Tiene una niña de 10 años y un niño de 7. “A mí Cruz Roja me apoyaba ya con la alimentación, los pañales… Un día me comentaron que tenían este proyecto contra la pobreza energética. Fui al taller y después me ayudaron muchísimo: pagaron facturas que debía y me compraron una lavadora y una vitrocerámica. Llevaba muchísimo tiempo lavando a mano y de la vitro solo me funcionaba un fuego que ni siquiera podía regular, estaba siempre al máximo”.

Ahora vive de alquiler en un pueblo donde paga 400 euros. “Tuve que cambiar toda mi vida porque en Santander me pedían ya 600 o 700 euros”, comenta Tania. No puede solicitar el bono social y tampoco recibe otra ayuda en la actualidad. Trabaja en una residencia de ancianos y lo que necesitaría para mejorar su situación de forma definitiva es “un contrato a tiempo completo”. 

Cruz Roja subraya en su informe que la pobreza energética “ha dejado de ser algo coyuntural” para convertirse en una problemática “estructural”. “Cada vez hay más familias que tienen que elegir entre llenar la nevera y poner la calefacción” y eso tiene un impacto a “nivel anímico, social, sanitario y educativo”, reflexiona Cacho. Y mientras no se articulen otros mecanismos, el primer paso es “entender bien las facturas” porque, para empezar, no es posible solicitar ninguna ayuda si no está en el mercado regulado.

Los posibles beneficiarios tienen que tener contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) establecido por el Gobierno -donde lo pagado por la electricidad consumida es el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales- con una comercializadora de referencia y para ello la potencia debe ser igual o inferior a 10kW. “Hasta en un 87% de los casos, los usuarios y usuarias de Cruz Roja no tienen claros estos conceptos”, reza el análisis de la organización. Algo que tampoco sorprende a Cacho y Rodríguez: “La verdad es que tiene mérito entender las facturas”, ironiza el último.