El Defensor del Pueblo asume las tesis del Ayuntamiento en el desarrollo de El Pilón
Después de casi un año de espera, el Defensor del Pueblo ya se ha pronunciado sobre la solicitud de amparo cursada por los vecinos de El Pilón, quienes en agosto del año pasado recurrieron a esta institución como un recurso más para intentar frenar el desarrollo urbanístico que prevé el derribo de sus casas para construir dos nuevos bloques de viviendas de siete alturas cada uno.
La respuesta del organismo que preside Soledad Becerril, a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, ha sido un jarro de agua frío para las familias de este barrio de Santander ubicado en el entorno de General Dávila. El Defensor del Pueblo asume prácticamente en su integridad todos los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno (PP) para defender esta actuación y, por el contrario, no tiene en cuenta ninguna de sus consideraciones, a las que no entra ni siquiera a valorar.
El documento, fechado el 1 de junio y que consta de seis páginas, comienza aclarando a los afectados que el Defensor del Pueblo “no puede ni debe entrar en cuestiones técnicas” y tampoco puede “conseguir el rechazo” de las determinaciones concretas que prevé el Plan General “aprobado hace años”.
Un preludio nada halagüeño porque a continuación el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán -quien firma el escrito-, acepta que la actuación promovida por la constructora Costa Verde Hábitat persigue el “interés general”, por lo que “no es posible que los derechos de los particulares o las discrepancias de determinados ciudadanos puedan impedir que se trace el modelo territorial pretendido, siendo el interés de la comunidad el que debe prevalecer”.
Además -prosigue-, está previsto el desarrollo por el sistema de compensación, “lo que atribuye a los propietarios el protagonismo y la iniciativa de esta actuación”, eludiendo que la Junta de Compensación está dominada por la constructora, que es propietaria de la mayoría de los terrenos, y que entrar en este órgano tiene un coste inasumible para los vecinos.
Sobre este mismo asunto, el escrito destaca que en las bases del proyecto y los estatutos “se incluye el compromiso del promotor de asumir la carga de realojo de los afectados”. “Tal y como explica el Ayuntamiento ese deber jurídico asumido tiene fuerza vinculante”, apostilla. En este sentido, no aprecia que el valor del justiprecio es completamente insuficiente para que las familias puedan adquirir otro inmueble.
“Tampoco parece que el equipo de Gobierno no haya prestado apoyo a los vecinos”, dice Fernández Marugán, que apunta que “al parecer se ha constituido un grupo de trabajo formado por los técnicos municipales, la dirección jurídica municipal, representantes de todos los partidos y de los vecinos, en cuyas reuniones se han tratado los problemas relativos a El Pilón”.
También recuerda que la actuación en el barrio “no se prevé por primera vez en el PGOU de 2012, sino que ya en 1997 el Ayuntamiento estimaba que este ámbito debía ser sometido a una importante reforma” y resalta que todas las alegaciones presentadas al Plan General fueron contestadas.
“En suma, no puede ponerse en duda que la ordenación urbanística es una prioridad urbanística para el Ayuntamiento y parece ser la más adecuada para el interés general”, concluye Fernández Marugán rechazando “pasividad municipal” o “indefensión”.
Más documentación
No obstante, a pesar de que da por buenas las explicaciones del equipo de Gobierno e incluso las hace suyas, el adjunto del Defensor del Pueblo abre una pequeña ventana a la esperanza, ya que “hay una cuestión a la que el Ayuntamiento no da respuesta”.
En concreto, se refiere a la moción aprobada por el Pleno municipal en agosto de 2015 -con el único voto en contra de los concejales del PP- en la que se “insta al alcalde y al equipo de Gobierno (...) a que llegue a un acuerdo con los vecinos afectados o se realicen los trámites legales oportunos para suspender temporalmente el desarrollo del área específica 3(B)”.
Los vecinos sostienen que esa moción “no se ha cumplido” y por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Consistorio que preside Íñigo de la Serna que informe de los avances que se hayan producido en estos meses en la gestión urbanística y de las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a la moción.
“Seguiremos luchando”
Una de las afectadas y portavoz de la plataforma que los vecinos han creado para defender sus derechos, Virginia Velarde, reconoce en declaraciones a este diario que la respuesta del Defensor del Pueblo ha sido un mazado aunque subraya que no se van a dar por vencidos.
Verlarde explica que presentarán un nuevo escrito ante la institución porque no están de acuerdo con sus resoluciones, en las que creen que solo se han plasmado los argumentos del Ayuntamiento cuando en el conflicto “hay dos partes”.
Y aunque no han vuelto a tener noticias ni del Consistorio ni especialmente de la constructora advierte: “El Plan General de Santander es especulación pura y dura. Seguiremos luchando”.
