El alcalde de Alfoz de Lloredo, imputado por “posible infracción penal” en una contratación a dedo
El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), será el primer cargo público procesado por la contratación supuestamente irregular de José María Real del Campo, un abogado habitual en los ayuntamientos gobernados por el PP en Cantabria. El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega ha citado al regidor municipal el próximo 21 de marzo para declarar en calidad de investigado -imputado-, según consta en un auto al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.
Esta citación judicial se produce después de que la Fiscalía haya abierto diligencias y haya apreciado “posible infracción penal” en la contratación desde el año 2007 de Real del Campo en el Ayuntamiento de Alfoz.
La denuncia fue presentada hace unos meses por los partidos de la oposición -PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL), el PRC no se adhirió-, y se ha sumado a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el alcalde, con quien se ha interpuesto mutuamente varias demandas.
Desde hace aproximadamente una década, Bretones viene contratando a este abogado “sin haberse celebrado ningún concurso público” y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”, según denuncian desde las filas de la oposición.
En este sentido, afirman que Real del Campo ha percibido del Ayuntamiento “cientos de miles de euros sin que nadie haya controlado los servicios que ha prestado, ni si la Administración debía pagarlos, ni si el precio era el correcto”.
El próximo 14 de marzo los denunciantes tendrán que ratificar la denuncia y una semana más tarde declarará como investigado el alcalde y como testigos el propio José María Real del Campo, la exsecretaria del Ayuntamiento, que puso varios reparos a la contratación, y su sucesora en el cargo.
“Opacidad absoluta”
El portavoz socialista en Alfoz de Lloredo, Fernando Rodríguez, ha detallado a este diario que Real de Campo ha cobrado “regularmente” del Ayuntamiento desde el año 2009 a 2016 “sin tener contrato” y que a mediados del año pasado se reguló su situación mediante un negociado sin publicidad que, según sospecha, estaba amañado.
“Mis dotes adivinatorias son cero, pero teníamos claro que este señor -Real del Campo- iba a ganar el concurso y así fue, por una cantidad mínima de diferencia”, señala.
Igualmente, Rodríguez ha lamentado la “opacidad absoluta” del alcalde, que “durante años se ha negado a facilitar la documentación con excusas como tener excesiva carga de trabajo o incluso que pedir los pagos hechos a un solo proveedor es un abuso de la condición de concejal”. A este respecto, apunta que solo ha podido ver los expedientes de contratación tras poner un recurso ante el Contencioso-Administrativo.
De esa documentación, expone, se desprende que el primer contrato a Real del Campo se hizo “de palabra” en 2007 y que al año siguiente se hizo uno “directo” pese a los reparos de Intervención. A partir de ahí y hasta 2016, ha cobrado sin tener firmada ninguna relación laboral, añade.
Antes de poner el caso en manos de la Fiscalía, el PSOE propuso a través de una moción crear una comisión de investigación para esclarecer estas presuntas “irregularidades”, pero fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en el Consistorio.
