Cantabria entierra el Semáforo COVID al no conocer la población flotante en tiempo real como exigen los jueces

La imposibilidad de disponer en tiempo real de datos sobre la población flotante de Cantabria (turistas y propietarios de segunda residencia) hace inviable la actualización del semáforo COVID, que regula el nivel de alerta de los municipios y por lo tanto restricciones como el cierre de la hostelería. El semáforo de hecho lleva una semana sin actualizar después de que la Justicia echara por tierra la orden de la Consejería de Sanidad para su actualización al rechazar el criterio técnico que se aplica en el país de tener en cuenta solo a la población censada a la hora de calcular la incidencia de la pandemia en cada municipio.

María Sánchez, consejera de Economía, ha informado esta mañana que el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) no puede calcular con la inmediatez necesaria las personas que visitan la región estos días y no son residentes de oficio.

Pese a que el sudoku del encaje de los datos de población en tiempo real en el semáforo COVID parece imposible de solventar, el Gobierno afirma seguir buscando un encaje para hacer efectivo el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de tener en cuenta a la población flotante también. El consejero de Sanidad, en todo caso, todavía no se ha dirigido a Economía, de quien depende el Instituto Cántabro de Estadística, para pedir datos.

El semáforo, sobre la mesa

El Gobierno de Cantabria no ha abordado este jueves en su reunión semanal la situación generada en torno al 'semáforo COVID'. Así lo ha dicho la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también que el Icane “a día de hoy” no puede ofrecer a Sanidad el dato de la población flotante que hay en la región, después de que el TSJC ratificara la suspensión del semáforo debido a que “la falta de valoración del incremento poblacional de zonas turísticas afecta a los indicadores de incidencia acumulada”.

En este sentido, ha apuntado que por la “inmediatez” de esa cifra es “imposible” facilitarla, concretamente a la Dirección General de Salud Pública, cuyos técnicos analizan la evolución de la pandemia y revisaban cada siete días el semáforo, sobre el que no hay “ninguna novedad”, ha manifestado Sánchez.

De este modo, en el Ejecutivo PRC-PSOE están “a expensas” del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que suspendió la última revisión -que elevaba de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3 por la pandemia- y “acatando” lo que han resuelto los jueces. “No nos ha comentado el consejero nada más”, ha apostillado la portavoz de Economía al término del encuentro del bipartito.

Por tanto, Sanidad sigue valorando la resolución judicial y estudiando cómo ejecutar los términos que se recogen en ella. Además, Sánchez prevé que el departamento que dirige Miguel Rodríguez solicite formalmente al suyo el dato de la población flotante de Cantabria, que “no podría estar disponible” en la actualidad, aunque Economía analizará las herramientas disponibles para obtener esa información.

Al respecto, la consejera ha explicado que para elaborar sus estadísticas el Icane no trabaja con datos, sino con encuestas, y no es un procedimiento “automático”, sino que hay un “decalaje”, ha puntualizado para finalizar.