El Gobierno de Revilla saca adelante su tercer presupuesto con el voto del exdiputado de Cs

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha sacado adelante este viernes, en el Pleno del Parlamento, el presupuesto de 2018, el tercero de la legislatura, que asciende a 2.729 millones, un 4,9% más que el de 2017. Tal y como estaba previsto, las cuentas han contado con el apoyo del exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio y el voto en contra de los tres partidos de la oposición, que han responsabilizado al presidente, Miguel Angel Revilla, de pactar con un “tránsfuga”.

El acuerdo de PRC-PSOE con Carrancio, negado hasta última hora por ambos partidos pero reconocido desde el primer momento por el exdiputado de Cs, que defiende que no es un tránsfuga, ha supuesto principalmente cambios en la reforma fiscal planteada por el bipartito, en concreto en los impuestos de sucesiones y donaciones y en el de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, con el objetivo de aminorar el impacto de la propuesta del Gobierno sobre las rentas medias.

El transfuguismo ha sido el gran protagonista del debate presupuestario de este año, después de unos meses en que PP, Podemos y Cs ya venían refiriéndose a Carrancio, tras su salida de Cs este verano, como “el diputado 18” -el que le falta a la coalición PRC-PSOE para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara-.

Las acusaciones de los tres partidos se intensificaron con el rechazo de sus enmiendas a la totalidad gracias al no de Carrancio, que alineó su voto con el de PRC y PSOE. Sin embargo, socialistas y regionalistas aseguran que han intentado negociar con todos los partidos, pero que PP y Cs “no han querido”.

El consejero de Economía y Hacienda, el socialista Juan José Sota, abrió el debate a primera hora de este viernes con una presentación en la que dio las gracias a Carrancio por facilitar la aprobación del presupuesto porque “por encima de cualquier debate se antepone el interés general de Cantabria”.

La tramitación parlamentaria de los presupuestos y de la Ley de Medidas Fiscales que lo acompaña, ha tenido también como principal hito la fallida negociación del bipartito con Podemos, que ha estado abierta hasta el último momento.

De hecho, el partido morado instaba este mismo jueves al secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, a parar la tramitación del presupuesto y todavía en el debate de esta mañana ambas partes se instaban a reflexionar y reconsiderar sus posturas.

De esta forma, la coalición presidida por Revilla ha sacado adelante los tres presupuestos de la legislatura actual cada año con diferentes apoyos.

El de 2016 se aprobó con la abstención de Podemos, que también favoreció la investidura de Revilla como presidente tras la firma de un acuerdo con el PRC. Y el de 2017 salió adelante con la abstención de Ciudadanos, previa acuerdo firmado por el presidente y la vicepresidenta cuando la formación naranja contaba todavía con dos diputados.

ENMIENDAS PARCIALES

Al proyecto de Ley de Presupuestos se han presentado 481 enmiendas parciales: 96 el Grupo Mixto (Cs y Carrancio), 67 Podemos, 22 los grupos regionalista y socialista; y 295 el PP. Se han aprobado 13 enmiendas del PP; 16 de Podemos (10 en comisión y seis este viernes en el Pleno); una de Cs; las 10 de Carrancio; y las 22 de PRC-PSOE.

Las enmiendas de Podemos aprobadas en Pleno tienen por objeto la erradicación de la violencia machista, un aula de un año en un centro rural agrupado, el plan de retorno del talento joven, y el refuerzo de la plantilla de psicólogos clínicos.

REFORMA FISCAL

El acuerdo de PRC-PSOE con Carrancio ha supuesto que el impuesto de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, se mantendrá el próximo año en el 8% para rentas declaradas inferiores a 30.000 euros, frente al 10% contemplado por el Gobierno PRC-PSOE en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales que acompaña al presupuesto de 2018. Sin embargo, se mantiene la subida del 4% al 8% en el ITP sobre los coches de segunda mano.

Asimismo, el impuesto de donaciones será del 1% entre cónyuges, descendientes, adoptados y tutorizados hasta 50.000 euros, frente al 6% que planteó el Gobierno. Y en el impuesto de sucesiones, se aumenta la bonificación del 100% hasta el límite de los que perciban 100.000 euros de herencia, frente a los 60.000 euros que figuran en el proyecto de ley.