El Gobierno inicia los trámites para reducir el número de empresas públicas
El Gobierno de Cantabria ya ha puesto en marcha la maquinaria para reducir el número de empresas y fundaciones públicas. El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha mantenido un primer encuentro con representantes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que se encargará de hacer la criba.
La reducción de las entidades dependientes del Ejecutivo autonómico es fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre los partidos de gobierno -PRC y PSOE- con los dos diputados de Ciudadanos, que entre las 80 medidas que exigieron al bipartito para facilitar en el Parlamento la aprobación de las cuentas de 2017 figura la “reestructuración de las empresas y fundaciones públicas para evitar duplicidades y reducir costes”.
Aunque en el documento rubricado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el portavoz de C's, Rubén Gómez, se establece el objetivo de alcanzar una reducción del 25%, será la AIReF quien determine hasta dónde hay que adelgazar la administración, tal y como se comprometieron en la negociación.
Este organismo, creado en el año 2013 por el Gobierno de España a iniciativa de la Unión Europea como mecanismo de control fiscal, ya tiene en sus manos un dossier sobre las 28 empresas públicas con las que cuenta el Gobierno autonómico, y cuya actividad es muy diversa. Entre esa casi treintena, figuran entes tan dispares como el teléfono de emergencias 112, el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, MARE, Sodercan, Cantur, Gesvican o el ICAF.
En este primer encuentro, que se celebró el pasado jueves en Madrid, han acordado que la AIReF presentará en los próximos días un presupuesto y los plazos para elaborar el estudio, que puede contemplar desde la eliminación de entidades públicas hasta su fusión. Pero antes de ponerse manos a la obra, la Cámara regional deberá dar el visto bueno a una enmienda parcial al presupuesto de Cantabria para incorporar una partida específica para este fin.
Posteriormente, a partir del próximo 24 de febrero, cuando quedarán aprobadas de forma definitiva las cuentas de 2017, se firmará un contrato o convenio -aún está por determinar la fórmula jurídica- entre la Consejería de Economía y la AIReF. Luego dependerá de lo que tarde este organismo en realizar el análisis, para lo cual todavía no hay plazos si bien la Consejería prevé que no se alargue en exceso.
