“Pedimos una mayor implicación social con la cultura preventiva en el trabajo igual que se hizo con los accidentes de tráfico”
Martín Calonge es el responsable de Salud laboral en UGT. Un departamento que ha cobrado especial importancia recientemente como consecuencia del exceso de muertes que ha habido en Cantabria en el ámbito laboral. Concretamente, hasta agosto se contabilizaron dos fallecidos por accidente de tráfico en general y ocho fallecidos por accidentes en el trabajo. Unas cifras llamativas a la par que desiguales que, al sumarle otras cuatro muertes más en el trabajo hasta la fecha, no han dejado de evidenciar lo “imprescindible” de que se produzcan cambios en materia de riesgos laborales. Así, y con varias propuestas encima de la mesa, los ugetistas comienzan una batalla por la seguridad de los trabajadores en la que, ya advierten, será “necesaria” la colaboración de la Administración y de la CEOE.
La pandemia hizo que las bajas por accidente laboral aumentasen pero, ¿qué está ocurriendo ahora y por qué los números siguen tan disparados?
No creo que sea solo resultado de la pandemia. Creo que la pandemia tiene parte de responsabilidad en esta subida pero sobre todo en los accidentes leves, que es la consideración que han tenido las bajas que ha habido en el sector sanitario y sociosanitario. Pero además de esto, lo que ha subido exponencialmente son los accidentes mortales y los accidentes graves, y eso nada tiene que ver con la pandemia y con el COVID. Lo que tiene que ver es con una dejación de responsabilidades en cuanto a la salud laboral, y esto tuvo su inicio en la crisis del 2008, cuando las empresas dejaron de invertir en cosas muy básicas como en maquinaria nueva, hacer un buen mantenimiento o aplicar las medidas más básicas de protección colectiva. Ahora la prevención se ha quedado en mucho papeleo y parte de la culpa la tiene Inspección, porque cuando va pide papeles, buscando hechos, pero los verdaderos hechos no están en los papeles sino en la realidad de esa empresa y en la siniestralidad que tiene.
Ahora mismo en Cantabria ha habido más muertes en el trabajo que en accidentes de tráfico…
Sí, de enero a agosto hubo dos fallecimientos por accidente de tráfico y ocho por accidente laboral. Es una barbaridad. Pero es que desde agosto hasta ahora ha habido otras cuatro muertes más en el trabajo. Es kafkiano que te levantes para ir a trabajar con unas condiciones que a veces no te permiten vivir y, encima de eso, termines muriendo.
¿Por qué en los accidentes laborales se mete menos mano que en los accidentes de tráfico?
Quisimos hacer esa comparación porque siempre hemos dicho que el problema de que suba la siniestralidad, más allá de las responsabilidades que tiene la empresa y que están clarísimas en la ley, es una falta de implicación social y especialmente de la Administración que debería liderar la cultura preventiva. Cuando los accidentes de tráfico eran el principal problema de mortalidad en España, el Gobierno se volcó mucho y desde la DGT se hicieron campañas muy impactantes a nivel mediático y se introdujeron modelos como el carné de puntos. Se puso empeño en formar e informar pero también en sancionar con una medida que fuera más allá del dinero para que el dinero no lo aguantase todo. Ahora volvemos a pedir que se utilice ese modelo y que se informe, se firme, se hagan visibles los accidentes laborales igual que se hizo con los de tráfico. La responsabilidad de la prevención y de garantizar la seguridad y salud en el trabajo es de la empresa sin lugar a dudas pero, a nuestro juicio, la Administración debe liderar la implementación de una cultura preventiva. Deberíamos retomar lo que nosotros llamamos el espíritu del 95. Cuando salió esta ley, la del 95, todo se hizo a través de la negociación colectiva pero sobre todo a través del diálogo social. Se sentaban en una mesa los dos sindicatos mayoritarios, la patronal y la Administración, así se constituyó, por ejemplo, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que realiza reuniones periódicas, trabajos colaborativos… Y eso hay que retomarlo porque a raíz de la pandemia se quedó paralizado.
Comparándolo con el pasado, ¿diría que se han dado pasos atrás en seguridad laboral?
Sí. Cuando se publicó la ley estábamos bastante mal en siniestralidad y, las empresas, sobre todo las más grandes, tiraron mucho del carro y cuando las grandes tiran hacen que el resto vayan tirando también. Hubo un amplio movimiento preventivo y ahora, sin embargo, se piensa que en la empresa de uno nunca va a haber un accidente. A pesar de la crisis, la Administración ha seguido ayudando a través de subvenciones a las empresas a adoptar medidas preventivas, pero es imprescindible acompañar estas ayudas con un mayor seguimiento y control.
Por eso llevan años reclamando la figura del delegado territorial de prevención, ¿no es así?
Llevamos años exigiendo la figura del delegado territorial de prevención. Es algo que está funcionando en Asturias desde hace varios años y ahora se está poniendo en funcionamiento en otras comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, como es una comunidad pequeña, constaría de cuatro técnicos de prevención de los que dos serían por parte de la CEOE, uno por parte de UGT y otro por parte de CCOO. Entonces, del resultado que tuviésemos en las reuniones en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y analizando la siniestralidad que había cada trimestre, se plantearían una serie de visitas a empresas, especialmente micropymes, que es donde no llega casi nadie. Y el trabajo sería orientarles, informarles e incluso formarles sobre todo lo que hacen mal en prevención o todo lo que deberían corregir. Se harían varias visitas y, si se ve que la empresa no hace caso, ya se levantaría el acta y se pasarían inspecciones.
Pero esto tiene que ser un acuerdo del diálogo social, y la patronal no está muy por la labor. Aunque la Administración, a mi juicio, tampoco empuja mucho. El acuerdo tiene que ser entre sindicatos y patronal pero la Administración tiene que estar detrás dando un apoyo, dando los fondos, dando las herramientas… E incluso las sanciones si son necesarias.
¿En qué sectores se producen más accidentes laborales? Parece que siempre pensamos en la construcción
En términos absolutos donde más accidentes se están viendo es en el sector servicios y estos son graves y mortales. Si lo ponemos en términos relativos y hacemos el índice de incidencia, que es el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, ahí pasa a ser la construcción la número 1, pero luego servicios y luego industria. El sector servicios está subiendo mucho.
¿La precariedad puede tener que ver?
Sí, ocurrió igual con la construcción y, bueno, sigue ocurriendo porque últimamente se han dado muchos pasos hacia atrás. Ahora ves una obra y te das cuenta de que todo lo que se había avanzado en medidas preventivas ha retrocedido. Aunque no tanto como cuando se puso en marcha la ley. Sin embargo, ahora es el sector servicios en el que más precariedad laboral se da y esto se refleja en la siniestralidad, está claro. Y luego, a nivel estatal de esos accidentes mortales, la primera causa son los infartos y los derrames cerebrales, lo que tiene que ver directamente con el estrés. Y hay un apunte claro: son accidentes mortales reconocidos como accidentes porque cumplen el requisito de la ley de tener una relación causa-efecto para poderlo denominar así. No se trata de que la gente no se cuide fuera del trabajo como dicen desde algunas empresas, estamos hablando de que se ha reconocido legalmente que esos accidentes son mortales. Y esos son los que ocupan el número 1 de causa de mortalidad laboral.
¿Y qué hay de la salud mental?
Pues mira, de las consultas que tenemos en el sindicato, si hacemos un balance cuando termine el año nos daremos cuenta de que más del 70% de las bajas por salud mental son casos de hostigamiento laboral o riesgos psicosociales. Hay muchos factores y este es como el gran desconocido que se ha ido quedando ahí. El año pasado Inspección tuvo que sacar un criterio técnico y una campaña para ir pidiendo a las empresas la evaluación de riesgos psicosociales porque las empresas no lo hacían. Hacían la evaluación de riesgos generales pero a lo psicosocial ni entraban y lo peor es que, si preguntabas, te decían que es que todo iba bien en su empresa. La prevención es una ciencia, está basada en estudios técnicos y no sé por qué se ha instalado el cuñadismo. Ahora parece que todo el mundo entiende y sabe sobre prevención sin tener idea.
¿Suele haber problemas con las empresas cuando un trabajador fallece en accidente laboral?
Se suele intentar culpar al accidentado acusándole de no haberse protegido lo suficiente. La ley en su artículo 15 le dice al empresario que él es quien tiene que garantizar la seguridad y la salud de estos trabajadores, hasta tal punto que las medidas preventivas tienen que prever los despistes y las imprudencias que pueda cometer ese trabajador. La ley entiende que los trabajadores son somos máquinas y que, por lo tanto, la medida preventiva que pongas tiene que ser tal que, aunque te despistes, siga garantizando al salud. Pero la realidad con la que nos encontramos es que casi todas las medidas preventivas se han volcado en los equipos de protección individual mientras la ley dice que eso es lo último que hay que hacer porque antes va la protección colectiva y organizativa. En cambio, se utilizan más los equipos de protección individual porque es lo que se ve y porque es lo que da más imagen de prevención. Pero si solo pones eso y además no te preocupas por formar a la gente o por instalar una cultura preventiva para que nadie vaya sin esos equipos, no vale para nada.
Partiendo de la base de que hay poca prevención de riesgos, ¿a empresa más grande, más prevención?
Sí y además las grandes hacen que el resto, sobre todo las que trabajan relacionadas con ellas, vayan copiando esa actitud. Pero a pesar de que son las que más hacen, desde mi punto de vista se ha quedado en burocracia. No se está haciendo en base a una cultura preventiva porque no se está creyendo la prevención, y eso se nota. En las empresas grandes también pasa que siempre ha habido esta batalla entre producción, seguridad y calidad, pero ahora ocurre más que nunca. Desde la crisis del 2008 esto se ha ido arrastrando pero no se acaba de recuperar. Se recupera en cierta manera el empleo pero no se recupera la cultura preventiva, se ha quedado ahí, en esa burocracia que te decía y en que la prevención sea una especie de 'quitamultas’.
Piden una revisión y actualización de la Ley de Prevención. ¿Por qué? ¿Qué cambios reclaman?
Cuando hablamos de tocar la ley hablamos de retocar ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios de prevención ajenos y con sus técnicos. En Europa, cuando se traspuso la directiva en la Ley de Prevención, en España se copió prácticamente tal cual. No me parece mal porque recoge el espíritu de lo que debe ser la cultura preventiva, pero sí hay aspectos que no se trasladaron como Europa tenía pensado, y uno de ellos eran los servicios de prevención, que desde Europa se fomentaban propios, dentro de la empresa y con técnicos de prevención que hubiera contratado la empresa misma. Sin embargo, en España se favoreció más el sistema de servicios de prevención ajenos. A raíz de la crisis todos los fondos de inversión que antes invertían en el ladrillo pasaron a invertir en la salud, pero a la americana. E invirtieron en todo lo que tiene que ver con seguros privados de salud y en servicios de prevención ajenos , es una parte de la salud laboral que se quiere intentar meter en el ámbito de la salud privada. Lo que ha ocurrido es que la calidad de los servicios ha bajado mucho porque a los técnicos de esos servicios, estas empresas o fondos de inversión ya no les valoran como profesionales, les pagan bastante mal, les cargan un montón de trabajo y les hacen realizar tareas más de comerciales que de técnico.
¿Y qué hay de las enfermedades profesionales? Más allá de los accidentes.
Ahora tenemos un problema grande con este tema porque, para que sean reconocidas como tal, tienen que estar recogidas en un Real Decreto que hay que se llama ’Cuadro de enfermedades profesionales’. Al contrario que en Europa, donde se mueve todos los años, en España se revisa cuando hay evidencias científicas pero no se termina de incorporar a ese cuadro de enfermedades profesionales. Entonces, al no tener reconocimiento como tal, muchas de esas enfermedades que tenían que considerarse accidente de trabajo no lo hacen. Ha habido problemas con el amianto y con el sílice que tienen muchas variables de enfermedades que aún no están todas reconocidas en el cuadro de enfermedades profesionales. Pero también hay trastornos musculoesqueléticos en, por ejemplo, el sector sociosanitario. Muchísimas trabajadoras de ayuda a domicilio o residencias geriátricas tienen un montón de problemas de ese tipo pero, al no estar recogidos en ese Real Decreto, no cuentan ni como enfermedades profesionales ni como accidentes de trabajo. Están pasando esos problemas como enfermedades comunes porque, si llegan a la Mutua, ahí se lavan las manos. Por tanto, está habiendo un gran coladero de enfermedades que pasan por comunes y que son profesionales.
Al final es un doble daño al sistema porque, por un lado, carga la seguridad social y, por otro, carga a esas personas que acaban con precariedad laboral o siendo despedidas. Desde el sindicato llevamos muchos años pidiendo a la Administración que establezca un sistema que nosotros llamamos ‘Red centinela', que es un pequeño test que se instala en los equipos informáticos de los médicos de Atención Primaria para que cualquier paciente que vaya en edad laboral, le hagan ese test y puedan, de alguna manera, ir viendo si sus dolencias tienen que ver con el trabajo o no. El medico ahí haría un informe e iría a la Mutua… Y lo que puede parecer caro al principio, supondría un ahorro para el sistema porque no se puede asumir desde el sistema público algo privado.
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