PP y Vox prevén derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria a finales de octubre. Los dos partidos han acordado revocar la norma aprobada durante la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE por la vía de urgencia, es decir, con el objetivo de que en el Pleno del 23 de septiembre se produzca el debate y en el del 28 de octubre se culmine la tramitación y quede anulada.
Así lo han anunciado este viernes ambas formaciones en ruedas de prensa por separado, pero con muy pocas diferencias entre una y otra. La principal, tal y como ha resaltado la portavoz del partido de extrema derecha, Leticia Díaz, es que el PP ha evitado mencionar a Vox, pese a que se trata de un actor imprescindible para derogar la ley, puesto que los populares no disponen de mayoría absoluta en la Cámara autonómica (15 diputados de 35).
“El PP tiene complejo con nosotros, pero nos necesitamos para aprobar cosas”, ha subrayado Díaz, quien ha celebrado el resultado de “la presión” ejercida por su partido para que los populares cumplieran el acuerdo que alcanzaron hace un año.
En este sentido, y pese a que ambos partidos han presentado proposiciones de ley -primero Vox y pocos días después el PP-, la portavoz de la formación ultra ha confirmado que su grupo parlamentario votará a favor de la de los populares porque “es la misma” que la suya. “Las puedo cotejar, ambas tienen tres artículos, una disposición transitorio y una derogatoria”, ha resaltado.
Así, según ha dicho, Vox ha votado a favor en la reunión de la Mesa del Parlamento celebrada previamente para que la iniciativa del PP se pueda tramitar de urgencia, ya que es necesario que lo hagan al menos dos grupos. Previamente, el PP había intentado que se hiciera por el procedimiento de lectura única, pero no ha sido posible puesto que es preciso un acuerdo unánime de la Mesa que no se ha producido, al estar integrada también por PSOE y PRC.
“Necesitan el acuerdo con Vox y no pasa nada en nombrarnos, hemos llevado la delantera y hemos presionado un año después; hemos tenido paciencia suficiente para que el PP cumpliera con lo que se había comprometido”, ha manifestado Díaz, quien ha resaltado que su partido no quiere “ponerse medallas”, sino que se derogue “cuanto antes” la ley en vigor desde 2021.
Por su parte, el diputado autonómico del PP y senador por Cantabria, Íñigo Fernández, ha justificado el trámite por la vía de urgencia en “la simplicidad” de la norma: “No se suprime ningún trámite parlamentario, sino que se reduce a la mitad los plazos de tramitación”, ha explicado.
Por lo demás, los argumentos que han dado uno y otro para defender que se derogue la ley son conocidos y prácticamente los mismos: defienden que “no se distinga entre víctimas de primera y de segunda según su adscripción ideológica”, equiparando así a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con sus verdugos, a la par que pregonan la importancia de “instalarse en el espíritu de la Transición para no reabrir heridas, vulnerar la convivencia y enfrentar a la sociedad”, mientras aseguran que “la reconciliación se va a romper de la mano de Sánchez”: “Caminamos hacia un totalitarismo”, afirman.
También han cargado contra lo que consideran “la imposición de un relato manipulado”, “el adoctrinamiento en las aulas” y “las subvenciones a determinadas asociaciones afines”, en referencia a los colectivos memorialistas.
Asociaciones memorialistas
Precisamente sobre estos últimos, y cuestionado por la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, el senador popular ha reconocido no haberse reunido con ninguno de sus miembros, pese a que se constituyó hace un año a raíz del anuncio de la derogación de la ley. Así todo, Fernández ha dicho que no tendría “ningún problema” en hacerlo si lo desean.
Preguntado también por la denominada 'cartilla básica' sobre memoria histórica y democracia que esta plataforma hizo entrega a los parlamentarios populares para tratar de persuadirlos de la derogación de la norma, Fernández lo ha calificado como “insultante”. “Te están diciendo que no sabes nada; tampoco me sienta mal; me merecen todo el respeto”, ha dicho.
Finalmente, PP y Vox han querido dejar claro que la nueva norma “garantizará los procedimientos de localización o exhumación de restos que se soliciten por parte de familiares de todas las víctimas” y, para ello, se remiten expresamente a lo regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria. “No hay ninguna petición sobre la mesa”, han asegurado desde el PP. Lo cierto es que cuando llegó al Gobierno hace un año, este partido paralizó las prospecciones que se estaban llevando a cabo en cuatro fosas pese a que anunció que mantendría los trabajos. PP y Vox también han destacado que la custodia del material documental “queda garantizada” por lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Archivos y Bibliotecas.
“Competición de extrema derecha”
Al hilo, el PSOE ha manifestado que PP y Vox han “iniciado una competición de extrema derecha en Cantabria para ver quién se lleva el mérito de derogar” la Ley de Memoria Histórica y Democrática. El secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, ha calificado de “gravísimo” que estas dos formaciones hayan unido sus votos en la Junta de Portavoces para que la derogación de la ley se tramite por urgencia. “Ellos ven urgente el derogar los derechos de los cántabros y de las cántabras en una ley que ha costado muchos años sacar adelante en nuestra comunidad autónoma”, ha lamentado.
Y además, ha denunciado que el PP “miente” cuando asegura que la derogación de la norma no significa que no vayan a continuar los trabajos de exhumación. “Desde que el Partido Popular está gobernando en Cantabria, hace ya más de un año, no ha seguido adelante con los trabajos de exhumación que teníamos en marcha desde la pasada legislatura”, un hecho cierto y denunciado; es la realidad a la que nos acostumbran los populares en su matrimonio con Vox“, ha expresado.Para finalizar, el portavoz del PSOE en la Cámara autonómica ha considerado ”terrible“ que en lo que va de legislatura el PP no haya presentado ”ni un solo proyecto de ley“ para reforzar y avanzar en derechos y ”lo único“ que está haciendo es ”desmontar el marco legislativo que teníamos en Cantabria“.