Samuel Ruiz, delegado del Gobierno en Cantabria, no comparecerá finalmente en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la aplicación en la comunidad autónoma de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza-.
La petición había sido cursada por Podemos, y avalada por todos los partidos salvo por el PP, después de que eldiario.es en Cantabria publicara que la comunidad se sitúa a la cabeza de España en el número de sanciones tramitadas desde la entrada en vigor de esta normativa.
Entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes -más del doble de las interpuestas en Castilla y León (213), la comunidad autónoma que sigue a Cantabria en este particular ránking-, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a petición de este diario.
Para no comparecer, Ruiz se escuda en un informe de la Abogacía del Estado que concluye que los delegados del Gobierno no tienen obligación de dar explicaciones ante las asambleas legislativas autonómicas, según han señalado fuentes de la Delegación a la Cadena Ser. El único control parlamentario al que están sometidos los representantes de la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas son las cortes generales.