Vox busca imponer su agenda política más ultra a un PP que gobierna en minoría en Cantabria

Vox ha arrancado el nuevo curso político en Cantabria tratando de arrastrar a su marco ideológico más ultra a un PP que gobierna en minoría en Cantabria y que pronto tendrá que pensar en cómo aprobará las cuentas autonómicas para el próximo año.

Y aunque el Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga logró sacar adelante sus primeros presupuestos gracias al PRC de Miguel Ángel Revilla, los regionalistas ya han advertido de que en esta ocasión serán “más exigentes”, por lo que los populares quizá tengan que cambiar de socio.

No sería ese un escenario ideal, pero tampoco excesivamente problemático para el Gobierno monocolor del PP, puesto que su presidenta ha dejado claro desde que tomó posesión hace más de un año su voluntad de alcanzar acuerdos con todas la fuerzas políticas y de no vetar a nadie, tampoco a la extrema derecha.

De hecho, Buruaga alardea de esa faceta en cuanto puede, incluso lo hizo en su reciente reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa, a quien le trasladó, mientras abordaban la polémica cuestión de la financiación autonómica, que ella sabe de la dificultad que entraña gobernar en minoría y alcanzar pactos.

Y en ese contexto político cántabro, Vox pretende sacar tajada tratando de imponer su agenda política al Ejecutivo regional. Los acuerdos con la extrema derecha los carga el diablo y, por lo pronto, la formación ultra ya ha logrado nada más regresar a la actividad parlamentaria tras el verano que el Gobierno del PP acelere la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Las dos formaciones pactaron hace un año revocar la norma aprobada por el bipartito PRC-PSOE durante la pasada legislatura, pero no fue hasta que el partido de extrema derecha presentó su proposición de ley, hace escasamente un mes, cuando el PP, a rebufo del partido ultra, dio a conocer la suya que es prácticamente idéntica, y que ya ha superado el primer trámite parlamentario gracias al respaldo de los de Santiago Abascal.

Y aunque los populares defienden que la derogación era un compromiso programático y que su movimiento no ha estado condicionado por Vox, lo cierto es que este partido tocó corneta y, apenas unos días después, el PP reaccionó y ambos acordaron tumbar la norma por la vía de urgencia, previsiblemente a finales de octubre de manera definitiva.

El primer paso para derogarla se dio en el Pleno que reanudó la actividad parlamentaria tras la época estival, pero es que en las dos sesiones siguientes que se han celebrado en este mes de septiembre, Vox ha intentado que el PP le 'compre' su discurso más ultra en asuntos como la inmigración o la criminalidad, en este caso sin tanto éxito como con la Ley de Memoria Histórica.

Otras iniciativas de extrema derecha

Y es que este pasado lunes, el Hemiciclo cántabro acogió el debate de una proposición no de ley presentada por el partido de extrema derecha que pedía “el rechazo a la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal”. Su portavoz, Leticia Díaz, expuso desde la tribuna de oradores todo el argumentario xenófobo que defiende su formación, desde hablar de “invasión migratoria”, a vincular “inmigración ilegal y aumento de criminalidad”, pasando por alabanzas a la política migratoria de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y por proponer que “se aumenten las deportaciones para eliminar el efecto llamada”.

El resto de formaciones se opusieron frontalmente a ese discurso. También el PP, aunque con ciertos matices, ya que en esta materia no se encuentra especialmente cómodo, precisamente por la dificultad de conjugar moderación con postulados más duros para que Vox no le coma electorado. Y es que su líder, Alberto Núñez Feijóo, también ha vinculado en varias ocasiones inmigración y delincuencia, y en julio, el PP votó en contra junto a Junts del reparto obligatorio de menores migrantes para aliviar la situación de emergencia humanitaria en Canarias.

En el debate de la iniciativa, el diputado popular Alejandro Liz defendió que su formación aboga por “una política migratoria de Estado integral y firme contra las mafias”, y dijo “estar a favor de la migración legal y en contra de la ilegal”. “En lo que no vamos a caer a la hora de abordar este asunto es en el populismo, es decir, en proponer soluciones sencillas a problemas complejos”, señaló el parlamentario popular, acusando a Vox de no tener “un mínimo de rigor y seriedad”. A continuación, apeló a “la solidaridad interregional”, a pesar del voto en contra de su partido a la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados.

“¿Dónde está la solidaridad interregional, es que acaso Canarias, Ceuta y Melilla no son irrevocablemente España? -cuestionó Liz- ¿es que acaso no requieren de nuestra solidaridad y nuestra ayuda?”, al tiempo que hizo hincapié en que su formación “no aboga por una política de puertas abiertas a la inmigración ilegal”. “Es falso”, sentenció. 

Por su parte, PRC y PSOE fueron más duros con la formación de extrema derecha, tanto en los calificativos hacia su iniciativa como en los datos aportados que desmontan su argumentario. En este sentido, la diputada socialista Nórak Cruz apuntó lo siguiente: “Según el estudio de Eurostat, en 2023 el número de inmigrantes ilegales en Europa ascendía a 1,27 millones aproximadamente, esto representa el 0,3% de la población de la Unión Europea”. “El porcentaje es muchísimo más bajo de lo que Vox quiere hacer creer a la opinión pública”, apuntó.

Asimismo, señaló que los datos del INE revelan que “los nacionales en Canarias delinquen más que los extranjeros”, en concreto, el 79% de los condenados en las islas en 2023 tenían nacionalidad española frente al 21% de los extranjeros. Al hilo de ello, la parlamentaria regionalista Paula Fernández ofreció los datos de Cantabria: del total de 5.303 delitos cometidos el pasado año, 4.461 tuvieron autoría de nacionalidad española, 175 de África, 432 de América y 17 de Asia.

“Unir inmigración ilegal o acogida de menas [menores extranjeros] a la delincuencia es una manipulación podríamos decir que hasta burda de la realidad”, enfatizó Fernández. “Sus propuestas están totalmente a las antípodas de lo que pensamos los regionalistas”, sentenció. Asimismo, Cruz incidió que los datos “no casan con el ruido político y el populismo” de Vox.

“Sus medidas son una peregrina interpretación del manual del buen fascista”, subrayó la diputada socialista, tras añadir que su partido “considera que el tránsito de una frontera es absolutamente prioritario y una obligación que se garantice el respeto a la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales”. “Su PNL destila odio, xenofobia y racismo, es una enmienda a la totalidad del sentido común, de las políticas públicas y de los derechos humanos”, concluyó Cruz.

Los intentos de Vox de atraer al Ejecutivo del PP a su marco ideológico también tuvieron espacio en el Pleno del 23 de septiembre, en el que la formación de extrema derecha realizó una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba al Gobierno de Buruaga qué medidas iba a adoptar “para ayudar a combatir los alarmantes datos sobre el incremento de la criminalidad”.

En este caso, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras recordarle que la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Estado, manifestó con datos del Ministerio su “desacuerdo”. Y es que en el primer semestre de 2024 se han reducido todos los delitos respecto al primero de 2023, salvo los relativos a ciberdelincuencia y libertad sexual.

“No puedo estar de acuerdo con esas cifras alarmantes”, insistió, tras enumerar una batería de iniciativas llevadas a cabo por su Ejecutivo en materia de prevención en centros educativos sobre bullying, uso de tecnologías o de seguridad en materia de violencia sobre la mujer.