UPyD pide a la Comisión Europea que agilice la investigación sobre Copsesa
Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido a la Comisión Europea que continúe la investigación abierta en torno a la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Copsesa en Igollo (Camargo, Cantabria) “sin demoras”, ya que a juicio del partido magenta no debe haberlas cuando se trata de delitos relacionados con la salud y el medio ambiente.
Así lo ha expresado este lunes en Santander la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa en un encuentro con los medios convocado a propósito de la proyección, este lunes a las 19 horas, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria en Santander, en la calle Aguayos 5, del documental 'TóxicaCOrrupción', sobre “delitos ecológicos y chanchullos” en este municipio cántabro.
En la comparecencia, en la que ha estado acompañada por el candidato de UPyD al Congreso por Cantabria, Román San Emeterio Pedraja, representantes de Ecologistas en Acción y vecinos de Camargo, la eurodiputada ha explicado que han pedido agilizar la investigación porque el asunto en torno a la fábrica -cerrada por sentencia judicial y que al parecer carecería de licencia y control ambiental, según una denuncia de los ecologistas- es lo “suficientemente serio” como para que “no se pierdan días”.
Pagazaurtundúa ha recordado además que su partido preguntó en Bruselas, en enero de este año, sobre el proyecto de asfalto ecológico por el que la empresa recibió más de 634.000 euros de fondos europeos y sin que, en principio, habría construido las instalaciones necesarias. Ante esta solicitud, la Comisión Europea requirió en abril aclaraciones para seguir la investigación ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que es competente en el asunto.
Tras esto, el pasado mes de octubre UPyD se volvió a dirigir a la Comisión para solicitar un nuevo encuentro, del que podría formar parte incluso los ecologistas y vecinos, e instar a que no haya “demoras” en la investigación del caso, al tratarse de posibles delitos contra la salud y el medio ambiente.
En este sentido, la europarlamentaria ha reflexionado que en muchos lugares estos temas se tratan con “frivolidad” y “oportunidad política”, favoreciendo así la “corrupción” a través de “amiguetes” que están en el poder y que “en vez de cumplir las leyes, miran para otro lado”. Y en el caso de Copsesa podrían verse afectados, además, intereses financieros, según ha agregado Pagazaurtundúa, en alusión a las ayudas europeas.
Nuevas imputaciones
Por su parte, Floren Enríquez, portavoz de Ecologistas en Acción, ha informado de que este colectivo ha ampliado la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Cantabria por la planta de Copsesa, al considerar que se ha incurrido en más delitos de los ya denunciados y, también, para pedir nuevas imputaciones, ocho en total, entre políticos y funcionarios que la organización considera que estarían involucrados.
Ahora están imputados por esta causa el exalcalde de Ramales de la Victoria y propietario de la constructora, Domingo San Emeterio (PP), y el anterior director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, David Redondo. También lo estuvo el director de Industria, y Ecologistas recurrió el auto por el que dejaba de estar imputado.
Con motivo de esta causa, que sigue abierta, se están investigando dos denuncias en la vía penal, y cuatro en los juzgados de lo contencioso administrativo, por posible malversación y alzamiento de bienes y probables delitos contra el medido ambiente, ordenación del territorio, desobediencia, prevaricación y tráfico de influencias, según ha detallado Enríquez.
“Cementerios clandestinos”
Otro portavoz de Ecologistas, Bernardo García, se ha referido a la concentración de residuos en Camargo, como el cerca de medio millón de toneladas de escorias en la cantera de Emilio Bolado, que ha tachado de “ilegal”. Ha añadido al respecto que este vertido no se ha podido hacer “de espaldas” a la administración porque “no es un vertido puntual”.
A ello se suman otras 2.000 toneladas más de escorias almacenadas en la cantera de Candesa, que serían contrarias también a la Ley de residuos.
Según el ecologista, los primeros vertidos estarían próximos a una zona residencial y sobre un acuífero, cerca de una captación de agua para el suministro a Camargo. Además, ha apuntado que llevarlos a un centro de gestión adecuado costaría más de 10 millones de euros.
Un vecino del Valle, José María García, presente en la rueda de prensa ha pedido que “se empiecen a controlar” estos “cementerios clandestinos” de residuos, pues la gestión de los mismos en el municipio tiene “tintes mafiosos”.
El PP, “responsable directo”
Además, este hombre ha criticado que el PP lleve en sus listas al Congreso y el Senado con motivo de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre al exconsejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, que encabeza la lista a la Cámara Alta, o al exalcalde e Camargo, Diego Movellán, número 3 a la Cámara Baja.
Y es que a juicio de este vecino, Fernández “se asegura” así su aforamiento, cuando tanto él como el que fuera regidor son “responsables directos” del “descalabro sanitario y medioambiental” en Camargo.
