Balance de la moción de servicios sociales: nueve acogimientos, dos rechazos
Los resultados presentados por la Asociación de Profesionales de Servicios Sociales, que elaboró un documento para ser presentado en los Ayuntamientos de la región tras la implantación de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, son, en general, positivos.
Sólo los Ayuntamientos de Albacete, donde también la Diputación rechazó la moción, y de Cabañas de la Sagra, en Toledo, han rechazado la moción. Por otro lado nueve Ayuntamientos han aprobado la moción, con los votos a favor del PSOE e Izquierda Unida, mientras los representantes del Partido Popular votaron en contra. Sólo en el Ayuntamiento de Madrigueras, el PP se abstuvo pero un concejal de Izquierda Unida votó en contra, algo que el colectivo lamenta.
La asociación ha querido señalar que, a través de su participación en los Plenos municipales, han constatado la “falta de sensibilidad” del PP con las necesidades sociales y lo lejos que están de la situación que padecen los vecinos de los Ayuntamientos. Aseguran, así, que en los discursos ‘populares’ siempre se aboga por la desaparición de los Servicios Sociales, mientras se apuesta por la iniciativa privada, la beneficencia o la caridad. La asociación asegura que los representantes del Partido Popular abogan por una racionalización en Servicios Sociales que afecta a los miembros de colectivos más desprotegidos como dependientes, menores, personas con discapacidad o inmigrantes.
El colectivo ha denunciado además la actitud del Partido Popular en los Ayuntamientos de Albacete y Hellín, donde no se les dejó participar en el turno de ruegos y preguntas en el momento de presentar la moción. Por otro lado han agradecido además a las iniciativas que han apoyado la iniciativa, y especialmente de los vecinos de los pueblos que han llenado muchas veces los salones de Pleno. Así, han querido animar también a los grupos municipales a que se continúe con la acción y conocer si los concejales “están a favor o en contra de los Servicios Sociales públicos”.
El documento elaborado por este colectivo se ha entregado en favor de la “defensa, clarificación y mejora de las competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales”, asegurando que la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá el desmantelamiento efectivo del Estado del Bienestar Social en el país. Así señalan que la nueva ley sólo otorga una competencia a los Ayuntamientos, que sería la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. A raíz de esta modificación aseguran que los municipios sólo se convertirán en evaluadores y derivadores del riesgo y de la exclusión social.
