Las Cortes de de Castilla-La Mancha han celebrado un debate general sobre la necesidad de reformular el modelo de atención socio-sanitaria en la comunidad autónoma en relación a las personas mayores y en situación de Dependencia tras la crisis generada por la COVID-19. La iniciativa ha partido del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ha propuesto una Ley de Mayores en la región tras la “grave” situación de las residencias durante la pandemia, mientras que los grupos de PP y PSOE se han enzarzado de nuevo en reproches mutuos sobre recortes en teleasistencia, termalismo social y otras políticas públicas destinadas a las personas mayores.
El pleno ha comenzado con la intervención de la presidenta regional de Ciudadanos y diputada autonómica, Carmen Picazo, quien ha arremetido contra la “mala gestión” del Gobierno castellanomanchego en los centros socio-sanitarios, que ha traído “consecuencias terribles” especialmente en la primera ola de la pandemia.
Tras criticar que se “premiara con un sillón en el Senado” a la que fuera responsable de esa gestión, la ex consejera de bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha remarcado la necesidad de que la Junta dé explicaciones de cómo gestionaron la crisis sanitaria porque “lo que ha pasado en las residencias, hospitales y centros de salud es muy grave”. Para ello, también ha apelado al cumplimiento del pacto de reconstrucción firmado entre Ciudadanos, PSOE y el Ejecutivo autonómico hace más de un año
“El modelo de atención a los mayores funciona mal y planteamos alternativas para solucionar estas deficiencias”, ha añadido. Por ello, ha anunciado que al inicio del próximo curso político, Ciudadanos presentará una Ley de Mayores en Castilla-La Mancha que garantice los derechos de estas personas a una atención directa de calidad, les proteja contra “abusos y negligencias” y les otorgue “independencia y control” sobre sus vidas.
En esta normativa, la formación naranja también incluirá que la calidad en la asistencia sea la norma de todos los servicios de atención a las personas mayores, puesto que ahora “está obsoleta” y “no respeta el trato ni a los mayores ni a los dependientes”. “Cada necesidad es distinta y necesita de múltiples respuestas”, ha destacado, apostando igualmente por implantar normas de calidad UNE en residencias después de que “poco o nada se ha hecho al respecto”.
Ponerse en el lugar de las personas mayores
Ha pedido así ponerse en el lugar de las personas mayores, en cómo “vivieron encerrados en sus habitaciones” y en cómo la pandemia ha afectado especialmente las que sufren demencia, provocándoles “graves daños emocionales”. Por ello, ha pedido “profesionalizar la atención y mejorar las condiciones de trabajo del personal”. Trabajadores y trabajadoras, ha recordado, en situaciones precarias que han sido “un ejemplo de vocación de servicio y de entrega”. En este punto, ha finalizado su intervención pidiendo el desarrollo de la figura del asistente personal y subrayando que la “institucionalización” de los más mayores debe ser “la excepción y no la norma”.
Desde el Grupo Popular, la diputada Gema Guerrero también ha criticado la gestión del Gobierno regional por la fala de medios humanos y materiales en los centros socio-sanitarios y las carencias en coordinación, provocando situaciones “realmente dramáticas”. “Esta ineficacia en la gestión se tuvo que ver suplida por las entidades locales, por los empresarios, entidades benéficas y por los propios ciudadanos, quienes arrimaron el hombro para proteger a los trabajadores y residentes, mientras García-Page echaba balones fuera y calificaba a estas personas de ‘no válidas’”.
En este sentido, ha aseverado que el actual modelo de atención socio-sanitaria no ha funcionado en la pandemia y “sigue sin funcionar”, criticando además las listas de espera en los servicios de Dependencia y pidiendo una atención “más personalizada”, con un modelo que apueste por más residencias en el entorno rural y no por “macrorresidencias”. A estas propuestas ha añadido incrementar el número de profesionales, mejores servicios de proximidad y cercanía, y en definitiva, “hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto no vuelva a ocurrir”
Por su parte, el diputado socialista Pablo Camacho ha detallado que los recursos para personas mayores y dependientes están en “permanente cambio” según evolucionan las preferencias de la sociedad y “las crisis nos obligan a adaptarnos a las nuevas realidades”. En este punto ha adelantado la aprobación del decreto que establecerá las nuevas condiciones mínimas para las residencias de mayores, y que ha adelantado elDiarioclm.es.
Ha afirmado que esta estrategia de atención está recogida en el acuerdo para la reconstrucción que se alcanzó con Ciudadanos. “Nos comprometimos a asegurar un buen nivel de calidad de vida a todas las personas y a desarrollar plenamente la Ley de Dependencia, la Ayuda a Domicilio o la Teleasistencia, pero los cambios necesitan un tiempo y no son inmediatos”.
Dicho esto, ha arremetido contra el PP por acusar a la Junta de negligencias o carencias en políticas sociales y de Dependencia, cuando el Gobierno de María Dolores de Cospedal llevó a cabo “recortes en todos los programas”, y ha enumerado todas las partidas presupuestarias del Gobierno castellanomanchego actual para implantar un modelo de atención centrada en la persona para el colectivo de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, además de los compromisos para mantener el sistema. Estas últimas cuestiones también las ha resumido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en su intervención al final del debate. Asimismo, ha anunciado que este viernes se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria para el año 2021 del Programa de Termalismo Social de la región.