Concedidas 1.612 ayudas al alquiler, mientras otras 1.688 solicitudes se admiten pero quedan “sin crédito”
Casi ocho meses después de que finalizase el plazo de presentación de solicitudes, el pasado 7 de julio, los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han resuelto con fecha 27 de febrero la convocatoria de ayudas al arrendamiento. La información se puede consultar en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta, en su web.
En total se han concedido en la región subvenciones a 1.612 solicitudes, por doce meses, mientras que se han admitido pero dejado en “reserva” otras 1.668 peticiones por haberse agotado el crédito disponible, que era de 4,5 millones de euros, un 6% más que en 2013, cuando se beneficiaron unas 1.800 familias, según fuentes de la Junta. Los solicitantes que, reuniendo los requisitos, quedan sin ayuda pasan a engrosar una lista de reserva ordenada según baremo que podrán acceder a la subvención si se produjesen renuncias o incumplimiento en la compleja fórmula de justificación, que requiere solicitud de abono trimestral con aportación de documentación justificativa.
Las ayudas tienen una cuantía máxima del 40 por ciento de la renta anual, con un límite de 200 euros mensuales por vivienda, es decir 2.400 euros anuales. La renta establecida en el contrato de arrendamiento de vivienda no puede superar los 500 euros mensuales.
Los beneficiarios deben tener ingresos mínimos superiores a 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM (actualmente 7.455 euros) y un límite de ingresos máximo de 3 veces el IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia. No pueden acceder a las ayudas los inquilinos de las viviendas propiedad de la Junta de Comunidades.
El retorno de las ayudas al alquiler se produjo en mayo de 2013, tras su supresión durante dos años por el actual Gobierno. En la convocatoria de 2013, dotada con 4,3 millones de euros, se beneficiaron 1.800 familias.
Además de la tardanza en resolver han sido numerosas las críticas a la complejidad de la convocatoria que ha hecho que en torno a un 20 % de las solicitudes se hayan rechazado por carecer de documentación.
