En qué consiste el “pilotaje” de inclusión socio-laboral que desarrollan Castilla-La Mancha y otras siete autonomías

Castilla-La Mancha va a formar parte de un programa-piloto para poner en marcha medidas de inclusión socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Para ello contará con 9 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Tansformación y Resiliencia financiado con fondos europeos. El anuncio lo han realizado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el presidente autonómico, Emiliano García-Page. Concretamente se contratará a 57 profesionales que acompañen a 1.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de cara a conseguir un empleo. En esta comunidad autónoma, son 30.000 personas las que reciben esta prestación.

Pero, ¿de dónde procede esta iniciativa y en qué consiste? El programa forma parte del denominado “Componente 23” del Plan de Recuperación y de la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital, cuya aprobación ya establecía que debía acompañarse de medidas para la transición de sus beneficiarios hacia la plena integración social y laboral.

En este texto se establece que el aumento de la efectividad del Ingreso Mínimo Vital a través de las políticas de inclusión pasa necesariamente por el abordaje de “retos intermedios” como el desarrollo de itinerarios de inclusión con administraciones públicos, con entidades del Tercer Sector Social y con el sector privado.

“Las prestaciones económicas que atienden situaciones de necesidad no deben ser un fin en sí mismas, sino que deben actuar como herramientas para facilitar la transición de las personas desde la exclusión social impuesta por la ausencia de recursos y circunstancias particulares que puedan incrementar su condición de vulnerabilidad, hacia una situación en la que pueden desarrollarse plenamente en la sociedad”.

Así, añade que la política de inclusión definirá los itinerarios más adecuados para los beneficiarios del IMV: incluye no solo el empleo, sino también la recuperación de la autoestima, la salud física y mental, la conexión social o las habilidades educativas, etc. Porque en muchos casos, la falta de habilidades básicas representa “un obstáculo abrumador que finalmente empuja a los adultos en edad laboral a la inactividad”. Es en este punto donde el Plan de Resiliencia incluye los proyectos-piloto de itinerarios e intervenciones para la inserción socio-laboral.

Con este objetivo el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de octubre el Real-Decreto para el despliegue de esos itinerarios de inclusión ligados al Ingreso Mínimo. Y en este medida se incluyó el impulso al pilotaje con administraciones y entidades sociales, a través de una “metodología escalable, basada en datos y evaluación, que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados, es decir, las más eficaces en el objetivo de la inclusión”.

Los convenios para el “pilotaje”

En ese decreto se contemplaba la firma de 16 convenios financiados con 109 millones del Plan de Recuperación: nueve desarrollados junto a comunidades autónomas como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta por un importe conjunto de 68 millones de euros. Otros dos se realizarán junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes se firmarán con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) por un importe de 24 millones de euros.

Los itinerarios de inclusión partirán de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pero podrán incluir a otras personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es llegar a distintos colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar o personas de etnia gitana, entre otras.

Los convenios tendrán ámbitos de actuación en varias materias, como la educación, la despoblación, la vivienda, la conciliación o la digitalización y tendrán un enfoque integral, al entender la inclusión como un aspecto a abordar en varias dimensiones. Serán diferentes y adaptados a las circunstancias de cada comunidad autónoma.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Carlos Susías, adelanta que estos programas serán beneficiosos para conocer cómo funcionan los programas de inserción y, sobre todo, para “fomentar, perfeccionar y modernizar” la intervención social previa que en muchas ocasiones es necesaria para aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo. “Lo más valioso es que estos itinerarios permitirán adoptar medidas previas de capacitación no solo para el empleo sino también para la vida ordinaria en aquellas situaciones muy desestructuradas”. Según el ministro Escrivá, el objetivo último de conseguir que los beneficiarios avancen y dejen atrás la exclusión social, ya que “hay que trabajar con procedimientos individualizados”.

También valora la medida el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Su presidente, Florencio Alfaro, considera que estos itinerarios serán un avance, pero insiste en la “flexibilización y desburocratización” del IMV, que ha provocado, por un lado, “un cuello de botella ante el que la ciudadanía no puede esperar infinitamente”, y por otro lado, “una cantidad enorme de denegaciones de solicitudes”.

Por otro lado, los profesionales del trabajo social consideran que es necesario que desde Castilla-La Mancha se articule un nuevo abanico de prestaciones que vengan a suplir el “enorme hueco” que ha dejado la eliminación de la renta autonómica (el Ingreso Mínimo de Solidaridad), que fue “prematura” y que, junto al “fiasco” de la puesta en marcha del IMV, provocó una “tormenta perfecta” que dejó a miles de familias vulnerables sin recursos. “Por supuesto que la orientación hacia la empleabilidad es algo óptimo, pero no olvidemos que las circunstancias de las familias vulnerables no se circunscriben solo a este factor y, por lo tanto, los recursos que complementen al IMV han de estar presentes, de forma flexible y rápida resolución”, añade el presidente del Colegio de Trabajo Social.

Se da la circunstancia de que la semana pasada, García-Page también adelantó que parte del dinero que Castilla-La Mancha percibirá por la deuda de más de 150 millones de euros derivada del IVA de la financiación autonómica de 2017, se destinará a la creación de un fondo para todas aquellas personas que, por diferentes circunstancias, se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de que las ayudas sociales llegue a toda la ciudadanía en situación de vulnerabilidad o exclusión.

La “industria de lo social”

También la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha ha criticado que desde que se puso en marcha el IMV, sus modificaciones siguen siendo “muy insuficientes” para atender las necesidades básicas de las personas y familias más desfavorecidas económicamente en la comunidad autónoma.

En cuanto al uso de los nueve millones anunciados por el ministro, “esperamos equivocarnos en la predicción de que irán íntegramente a alimentar esa industria de lo social de la que presume Page, es decir, a empresas privadas mercantiles o del tercer sector. Ojalá sirvieran para reforzar los servicios de empleo del SEPE o los Servicios Sociales Públicos, pero la apuesta 'socialista de la gestión privada de los fondos públicos es total en Castilla-La Mancha”.

“Otra idea que sería importante que Page y Escrivá tuvieran en cuenta es que a la exclusión social no ”se llega“ (ni ”se sale“) sólo facilitando un empleo a una persona. La exclusión social es una realidad muy compleja y el empleo es sólo una parte importante de ella, pero no marca por si sola la consideración de excluida de una persona o familia. Hay múltiples factores que inciden en esta consideración y la superación de la misma debe abordarse desde varias perspectivas al unísono: desde los Servicios Sociales Públicos, los Servicios Públicos de Empleo, la Seguridad Social o los Sistemas de Sanidad y Educación Públicas, procurando no estigmatizar a las personas en situación de pobreza e incorporando los profesionales que sean necesarios en estos sistemas públicos para que el objetivo sea real y alcanzable. Por cierto, se les olvida nombrar el tipo de perfiles profesionales que van a ser contratados. Esperemos que sea un olvido en lugar de una ocultación de algo difícil de explicar”, concluye.