El controvertido canon del agua en Castilla-La Mancha: “No se trata de colar un impuestazo”
La Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido y votado las 25 enmiendas de Ciudadanos y las 41 del Partido Popular al Proyecto de Ley de Aguas de cuyo articulado lo que más le rechina a los grupos de la oposición es que incluye un nuevo impuesto autonómico al consumo de agua.
El texto normativo lo define como “canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua o canon DMA”. Es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que tendrá “naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal”.
Gravará el uso y consumo del agua, “a causa de la afección al medio que su utilización produce” y su recaudación, según dice la propia ley, servirá para “la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos”.
El dinero recaudado se va gestionar a través de un “fondo de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha” y según ha venido explicando el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se trata de un impuesto progresivo bajo la máxima de “quien contamina paga”.
Tanto PP como Ciudadanos han coincidido hoy en afirmar que es “un atraco a mano armada” a los castellanomanchegos. No son los únicos que en los últimos meses han criticado la creación de un nuevo impuesto del que el Gobierno regional sostiene que cuenta con el consenso del Pacto regional del Agua.
La diputada regional de Ciudadanos Elena Jaime negaba este extremo. “Yo llevo casi un año en la mesa regional del agua. No sé de cuándo es este acuerdo. Nadie ha dicho: sí, vamos a subir este impuesto a todos los castellanomanchegos que mola muchísimo”, ironizaba durante su intervención en la Comisión parlamentaria.
“Es es un auténtico atraco. Pega un palo salvaje a todos los castellanomanchegos y nos hace perder competitividad. Muchas empresas van a decidir que están mejor en otras comunidades autónomas”, afeaba la diputada de Ciudadanos, quien anunciaba que su grupo no votará a favor del impuesto. “No nos parece justo ni razonable. Se atan más las manos a los castellanomanchegos y se lastra su economía”.
Para Elena Jaime “este canon ataca a las familias y lo va a pagar triple el que tenga una empresa. Como siempre atacan ustedes a la clase media y emprendedora y luego se quejan de que no se emprenda”.
En sentido similar se pronunciaba la diputada del PP, Ana Guarinos. “Esto no es una ley de agua ni cumple el Pacto Regional del Agua. No da respuesta a la Directiva Marco del Agua, lo único que pretende es recaudar. Todos pasaremos por caja, y en ocasiones, hasta tres veces”, aseguraba aludiendo al impuesto en casa, en la empresa y el que pueda llegar reforzado vía entidades locales.
Los ciudadanos van a pagar 50 euros más al año por este canon. Una peluquería hasta 152 euros más y una bodega más de 1.000 euros al año. Es un sablazo
Los ciudadanos, detallaba, “van a pagar 50 euros más al año por este canon. Una peluquería hasta 152 euros más y una bodega más de 1.000 euros al año. Es un sablazo” que supondrá una recaudación anual de cerca de 60 millones de euros y eso, criticaba, “sin aportar ni un hectómetro cúbico y sin resolver los problemas del agua en la región” porque
“Su único cometido es aumentar la voracidad recaudatoria y volver a meter la mano por si fuera poco con la subida de luz, los carburantes, las cotizaciones sociales o los peajes en las carreteras”. También ha propuesto sustituir el nombre de la norma para que pase a llamarse “Ley de los Tributos del Agua de Castilla-La Mancha” porque, justificada, “dos terceras partes de la norma son sanciones y tributos. 76 de sus 118 artículos lo son” y además, recordaba, “la Ley General Tributaria obliga a mencionarlo expresamente en el título de de las leyes cuando se produce esta circunstancia”.
PSOE: “Quizá a ustedes se les ocurra otra forma de financiar las infraestructuras”
Desde el PSOE, el diputado regional Francisco Pérez Torrecilla ha asegurado en que “cumplen” con lo pactado entre más de 40 colectivos que integran el Pacto regional del Agua. Ha justificado impuesto en “la mejora de servicios al ciudadano y en la conservación del medio ambiente. Es obvio que para ello es necesaria financiación”.
También ha afirmado que ya se aplica “un canon similar” en todas las comunidades autónomas excepto Canarias y la propia Castilla-La Mancha, aunque ha matizado que “Madrid lo hace de forma diferente” y en todo caso, zanjaba, “el Gobierno regional no se está inventando nada”.
“Es un canon progresivo por el que aportará más quien más consuma. Es una carga fiscal pequeña si la comparamos con otras, en otras épocas y otros gobiernos en la región”, ha dicho, para reconocer que “en algunos casos puede ser más elevado, pero la media será en torno a 2 euros mensuales por familia”.
“No es lo que intentan hacer ver tanto PP como Ciudadanos” explicaba, para recordar que en el pago del nuevo impuesto “se tiene en cuenta a los colectivos más vulnerables”. También ha citado la bonificación para cooperativas agrarias o para quienes viven en municipios de menos de 5.000 habitantes.
“Se trata de resolver problemas de la región en materia de agua y paliar efectos medio ambiente”, decía, para aseverar que “no se trata de colar un impuestazo. Quizá a ustedes se les ocurra otra forma de financiar las infraestructuras”, espetaba a Ciudadanos y al PP.
Y es que tanto PP como Ciudadanos han cargado no solo contra el canon medioambiental, sino también con la subida de las tasas relacionadas con la aducción (conducción) y con la depuración del agua. “La subida que se plantea es exagerada”, comentaba la diputada de la formación naranja que ha pedido moderación ante la “desmesurada” subida en paralelo de los precios de otros productos o servicios como la luz o los carburantes.
Respecto al canon de aducción, un tributo propio de la región con naturaleza de tasa, permite financiar de los gastos de gestión y explotación de las infraestructuras que gestiona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la fase de la conducción hasta los depósitos. El tipo de gravamen del canon de aducción, se fija en 0,39 euros/m3. Se cobra a los ayuntamientos fundamentalmente que, a su vez, pueden repercutirlo en el recibo del agua. “Son sujetos pasivos del canon de aducción las entidades locales beneficiarias de la prestación del servicio, quienes podrán repercutir su importe entre los usuarios del mismo”, dice el texto legislativo.
En cuanto al canon de depuración, otro tributo propio en forma de tasa, se refiere a la prestación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del servicio de depuración de aguas residuales a las entidades locales. Aquí el tipo de gravamen del canon de depuración se fija en 0,55 euros/m3.
¿Cuánto pagaremos por el nuevo canon del medioambiental?
Pagar más o menos dependerá de muchos factores porque el canon medioambiental tiene una parte fija y otra variable.
Para los usos domésticos la parte fija de la cuota es de dos euros por vivienda y mes, pero a eso hay que sumar el número de personas en cada vivienda y el volumen de agua que consumen. Esta parte oscilará entre los cero euros (hay casos de exenciones del 100%) hasta los 0,60 euros por m3 de agua consumida.
Se aplicarán bonificaciones de la cuota del 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes censados y eso aumentará hasta una bonificación del 50% en municipios con menos de 2.000 habitantes censados. Para las familias numerosas se aplicará una bonificación sobre la cuota a pagar por familias numerosas del 20% en las de categoría general y del 50% en las de categoría especial. Esta bonificación se aplicará a la vivienda habitual exclusivamente.
Además, las familias monoparentales con mujeres víctimas de violencia de género y los usuarios que se encuentren en riesgo de exclusión social tendrán una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del canon .
Se cobrará cuota para casos de contadores colectivos. Por ejemplo, en las residencias de mayores y en las residencias de estudiantes la parte fija de la cuota mensual será la resultante de multiplicar por 1 euro el número de plazas que tienen autorizadas.
En cuanto a usos no domésticos, la cuota fija se determinará en función del diámetro del contador. El tipo de gravamen de la parte variable de la cuota será de 0,50 €/m3 y para las industrias agroalimentarias, el tipo de gravamen será de 0,30 €/m3 de agua consumida.
En este caso también hay bonificaciones si se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes y llegarán al 50% para los usuarios no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como sociedad agraria de transformación (SAT)
En cuanto a los usos de agua para riego de instalaciones deportivas y campos de golf, el tipo de gravamen es inferior: de 0,10 euros por metro cúbico de agua utilizada procedente de la red pública o privada de abastecimiento.
También se gravan las pérdidas de agua en función del porcentaje que representan sobre el volumen total de agua captada o suministrada en alta: hasta el 25% de pérdidas de agua el gravamen será de 0,10 €/m3 y que si excede del 25% llega a los 0,20 €/m3.
La calidad y la cantidad del agua en los grifos
Hace unas semanas un corte de agua en la localidad toledana de Polán al detectarse “descompensación en los valores durante el proceso de la cloración” que se detectó en un análisis rutinario. Las alarmas saltaron entre los vecinos y algunos hablaban abiertamente de contaminación por el exceso de residuos ganaderos. La nueva ley castellanomanchega apenas entra en esta cuestión, porque no ahonda en los mecanismos de control.
Dedica un artículo (el 21) a la garantía de dotación y calidad del recurso y dice que el Plan Director de Abastecimiento de Agua deberá contemplar que todos los municipios de Castilla-La Mancha dispongan de “un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo, con dotación de caudal y calidad suficiente para el desarrollo de su actividad” y con una dotación mínima de 100 litros por habitante y día.
“El agua de consumo humano no deberá entrañar un riesgo para la salud de la población abastecida” y el recurso deberá obtenerse “del origen más adecuado”, “teniendo en cuenta el impacto sanitario y ambiental de las diferentes soluciones identificadas” y con la autorización “expresa de la Consejería competente en Sanidad a la que ”compete el ejercicio de las funciones de vigilancia sanitaria de los sistemas de abastecimiento y de la calidad de las aguas de abastecimiento suministradas“.
Además, el artículo 106 habla de que están prohibidos los vertidos en las redes de colectores generales y estaciones depuradoras de aguas residuales aunque, matiza la propia norma, “se admiten como vertidos tolerados aquellas aguas residuales cuyas características de contaminación no sobrepasen, en concentraciones instantáneas, los límites que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley”. Un reglamento que todavía está por llegar y por lo tanto los límites quedan difusos en la ley.
Y una cuestión más, los límites que ponga el Gobierno regional tendrán “carácter de máximos y serán objeto de adecuación al proyecto constructivo de las instalaciones de depuración correspondientes” y eso lo marcarán los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales.
El Partido Popular se ha referido al control de vertidos. “No entendemos por qué se pretende trasladar a los ayuntamientos. La competencia es de la Junta. Nosotros proponemos que la inspección, el control y sanción siga siendo de la Junta”, con excepciones “residuales” donde tomen la iniciativa los ayuntamientos.
El proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha deberá ahora pasar por el Pleno de las Cortes regionales para su aprobación definitiva.
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