Las Cortes castellano-manchegas dejan “en evidencia” los recortes y “deficiencias” contables de Cospedal

Numerosos recortes, “irregularidades” contables, adjudicaciones “sin criterio”, ampliaciones de crédito sin justificar y “sistemático” incumplimiento del objetivo de déficit son algunas de las conclusiones que se han puesto en evidencia en la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la cuentas generales de la comunidad autónoma durante los años 2013, 2014 y 2015, los últimos en los que gobernó el PP con María Dolores de Cospedal al frente. Así lo reflejan las tres propuestas de resolución, una por cada ejercicio, que han aprobado conjuntamente PSOE y Podemos y que todavía deben recibir luz verde del pleno. Desde el PP se han limitado a defender su gestión quitando importancia a las conclusiones del Tribunal de Cuentas y argumentando que solamente reseña “diferencias de criterio” en cuanto a la contabilidad.

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se conforma anualmente con la Cuenta de la Administración autonómica, sus organismos autónomos y las entidades o empresas públicas incluidas en el régimen de contabilidad pública. Es el documento contable que recoge la liquidación definitiva de los Presupuestos de la Junta de Comunidades. En la Comisión de Economía de hoy se han aprobado las correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. En este último año, el PP tan solo gobernó la mitad del ejercicio, puesto que en julio se produjo el cambio al Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page.  

Según las resoluciones aprobadas por PSOE y Podemos, el informe del Tribunal de Cuentas, evidencia en 2013, en cuanto a gastos no financieros, un déficit de 839 millones de euros, y un 3,4% de recorte en reducción de personal respecto a 2012 (2.268 empleados públicos menos). En la resolución se establece que pese a ello, se incumplió “de una forma desmesurada” el objetivo de déficit,  alcanzando el 2,09% del PIB regional cuando lo marcado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas era el 1,3%. Se incumplió asimismo el objetivo de deuda al situarse en el 30,7% del PIB y con ello la estabilidad presupuestaria.

También señalan que las ratios de garantías y de solvencia presentaron valores “extremadamente bajos” y que la situación de posible prescripción de derechos denunciada en el informe del ejercicio anterior se agravó al pasar de 43 a 51 millones de euros el importe de los deudores presupuestarios. Asimismo, registra unas pérdidas de 24 millones de euros en la cuenta de organismos autónomos, “destacando por su gravedad” la existencia de más de 56 millones de euros de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto en el Servicio de Salud.

Contratos, seguimiento y “responsabilidad contable”

Pero además se apunta que los criterios de adjudicación de contratos “tienen falta de precisión” en cuanto a su valoración y ponderación en los pliegos, que se produjeron “demoras no justificadas” en la ejecución de los contratos y que faltó control en la prestación efectiva de los contratos de servicios. Resaltan que no existen en ese año mecanismos de control y seguimiento de las medidas correctoras adoptadas para implantar las propuestas de los informes de control financiero, ni se efectúa un seguimiento de los reintegros por parte de los perceptores de subvenciones.

En cuanto al año 2014, las resoluciones apuntan que el Ministerio Fiscal aprecia “responsabilidad contable” con respecto al informe del Tribunal de Cuentas, por superación de los límites de gasto de personal en diversas empresas públicas y fundaciones. Entre los aspectos y conclusiones más relevantes, el informe de la Cuenta General destaca que los procedimientos de control interno siguen planteado “numerosas deficiencias” como elevar a la convalidación del Consejo de gobierno expedientes tramitados por omisión de la preceptiva fiscalización  previa por importe de 4,56 millones de euros, “sin que por ello se haya exigido responsabilidad ninguna”.

De otra parte, el informe también señala que se tramitaron ampliaciones de crédito por valor de 290 millones de euros, “incumpliendo la Ley de Presupuestos de 2014”, ejercicio en el que se prohíbe las modificaciones de crédito que supongan aumento de las necesidades totales de financiación. Tanto PSOE como Podemos subrayan que no se ha abierto expediente sancionador alguno al respecto. Además, el sistema de información contable “sigue presentando numerosas deficiencias y se apunta que podrían existir derechos perjudicados por prescripción por un total de 57 millones de euros”.

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria se incumple de nuevo en 2014, al situarse en el 1,8%, muy por encima del 1% exigido, aunque sí reconoce que se cumplió el objetivo de deuda.  Por lo que se refiere a personal, se destaca la condena por parte de los tribunales a la Junta a reponer a 390 funcionarios interinos en los puestos de trabajo que venían ocupando.

Finalmente, en cuanto al ejercicio de 2015  -año electoral-, el informe se verificó sin la rendición de cuentas por todas las entidades que componen el sector público de la comunidad autónoma. Asimismo, el SESCAM incorporó gastos por 66 millones de euros realizados con anterioridad al año 2015 que fueron imputados al presupuesto del mismo, mientras otros 42 del ejercicio 2015 quedaron pendientes de imputación. Y por lo que se refiere al grado de cumplimiento del objetivo de déficit, este fue de 597 millones de euros, lo que supone un 1,59% del PIB, muy por encima del 0,7% fijado por el Gobierno central.

En las resoluciones aprobadas, se destaca que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha tuvo que hacer frente ese año al pago de 197 millones de euros derivados de sentencias judiciales por operaciones realizadas entre los años 2011 a 2014. Indica que en anteriores resoluciones de la Cuenta General se han puesto de manifiesto “diversas irregularidades y anomalías, algunas con implicaciones jurídicas, en las que incurrieron los anteriores responsables del Gobierno regional”. Entre ellas destacan la “falta de rigor en la presupuestación correcta de los créditos iniciales, las abultadas modificaciones de crédito y una deuda creciente que pasó de los 6.965 millones en 2011 a los 13.426 millones en el año 2015”.

En base a estas tres resoluciones, estas tres cuentas generales han quedado aprobadas “sin perjuicio de las responsabilidades políticas o personales” de los anteriores responsables del Gobierno de Castilla- La Mancha, “como se desprende de las salvedades, deficiencias e incumplimientos de la legalidad” puestos en evidencia en el Informe del Tribunal de Cuentas, “y de las responsabilidades jurídicas que de ellas pudieran derivarse”.

Los datos del Tribunal de Cuentas los han desgranado en la Comisión los diputados Fernando Mora (PSOE) y David Llorente (Podemos), quienes han denunciado que en cada ejercicio se “recortó sobre lo recortado”, lo que hoy ha quedado “en evidencia”. Por su parte, desde el PP, el parlamentario José Manuel Tortosa ha reprochado a los socialistas que con el Gobierno de José María Barreda no se llevó a las Cortes ninguna cuenta general y ha defendido que el Tribunal de Cuentas tan solo aporta “discrepancias en cuestiones formales”. “Son distintos criterios, así que nos presentan una cuestión que no tiene ninguna trascendencia. Son salvedades y en ningún caso ilegalidades”, ha concluido.