Día Mundial del Agua en Castilla-La Mancha: ¿algo que celebrar?
Cada año, el día 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Una iniciativa de las Naciones Unidas que pretende llamar a la atención sobre la problemática general del líquido elemento. En Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los argumentos sociales, económicos y políticos más destacados en los últimos años.
El actual Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha convertido en bandera regional, en particular, a cuenta del trasvase Tajo-Segura. No es ninguna novedad. La guerra del agua con Levante se mantiene abierta desde hace más de tres décadas. Y fue lo que terminó enterrando la reforma del Estatuto de Autonomía que propuso el presidente castellano-manchego José María Barreda en el año 2010.
Castilla-La Mancha quiso blindar jurídicamente una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos que el PP tumbó por la presión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, con el apoyo de la entonces presidenta del PP castellano-manchega, Dolores de Cospedal. Era ya secretaria general del PP pero no evitó que Mariano Rajoy se decantara por los intereses de la Región de Murcia, granero de votos para los 'populares' gracias, precisamente, al apoyo de un sector económico agrario que fue creciendo gracias al agua del Tajo.
Castilla-La Mancha proponía en noviembre de 2016 un Pacto Nacional del Agua con perspectiva de Estado y en el que se escuchase a todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas. Durante la VI Conferencia de presidentes autonómicos el pasado enero, el presidente regional Emiliano García-Page se mostraba dispuesto a hablar de agua, pero no solo de la del Tajo, sino de la de otros ríos, del agua del mar y de las desaladoras, cuando su homólogo murciano, Pedro Antonio Sánchez, habló de impulsar el debate sobre la escasez de agua en algunos territorios.
La falta de agua es una de las reivindicaciones de organizaciones agrarias como ASAJA que el próximo 6 de abril se manifestará ante las sedes de los gobiernos central y regional. El secretario de este sindicato en Castilla-La Mancha, José María Fresneda asegura que el agua sólo sirve para hacer “política destructiva y un debate perenne”.
“Se promueve un gran pacto nacional desde hace casi una década que nunca se ha tenido voluntad de realizarse”. Lamenta que se generen “grandes y falsas expectativas en proyectos que siempre desvanecen. Además, las inversiones en infraestructuras son nulas y, sin embargo, son absolutamente necesarias para distribuir el agua de donde excede a donde escasea”, apunta.
El agua y el desarrollo económico
Este fin de semana los municipios ribereños a la cabecera del Tajo se movilizan en contra de los trasvases. Dicen estar hartos del “expolio” que dura ya varias décadas y no ven posibilidades de potenciar su propia economía. ASAJA asegura que cuentan “con todo su apoyo” y dirige sus críticas tanto al Gobierno central del PP como al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. “Solo se dedica -se refiere a la Junta- a decir públicamente que va a hacer un recurso pero no hace nada más”. Consideran el trasvase “una barbaridad y una injusticia”.
Ecologistas en Acción, por su parte, contempla el agua como “moneda de cambio” tanto en lo político como en lo económico. El Pacto Nacional del Agua, asegura la responsable de Agua de la organización, Erika González, “nos da bastante miedo cuando se habla de solidaridad y de cubrir déficits en determinadas regiones porque suena a trasvase”. Un temor que apunta a que el modelo del acueducto Tajo-Segura pueda reproducirse en otras regiones españolas.
“El trasvase no tiene ninguna viabilidad ni técnica, ni económica y mucho menos ambiental. No resuelve la escasez de agua en determinadas regiones sino un cambio de planificación productiva que reduzca los usos económicos del agua”, sostiene González. “En el mismo momento en el que se aprueba un trasvase se multiplica la demanda de agua ante la expectativa de que va a haber más recursos”.
“También se habla ahora de cómo incorporar el derecho humano al agua a la legislación española”, explica Erika González. Pero su gestión es un proceso que se complica debido al desigual reparto de competencias institucionales: el abastecimiento humano y el saneamiento corresponde a los ayuntamientos. La depuración es cosa de las Comunidades Autónomas y después están los ríos y sus cuencas que dependen del Gobierno central, recuerda la organización ecologista.
ASAJA quiere más tierras de regadío
A vueltas con el agua, este jueves se celebrará en las Cortes regionales un debate general, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los regadíos en Castilla-La Mancha.
José María Fresneda, de ASAJA, pide dotación presupuestaria para elaborar un informe que contemple la posibilidad de que la región disponga de 1.500 hectómetros cúbicos más procedentes de aguas superficiales o subterráneas. Su intención es que se puedan crear 500.000 hectáreas nuevas de regadío en 20 años. Una propuesta que ya se ha trasladado a los tres grupos políticos en el Parlamento regional.
En el otro lado, Ecologistas en Acción acusa a los “lobbies agrarios” de practicar una agricultura intensiva poco compatible con la disponibilidad de agua en la región y acusan a ASAJA de intentar una “reconversión encubierta” de regadíos en Las Tablas de Daimiel. Fresneda elude la cuestión a preguntas de eldiarioclm.es
La remunicipalización del servicio de agua
Otra batalla es la que tiene que ver con el modelo de gestión del agua en los municipios. En este Día Mundial del Agua, la Red de Agua Pública (RAP), propone “un modelo público, democrático y transparente del ciclo urbano del agua”. Erika González es miembro de esta red que, en su opinión, “está creciendo” debido, entre otras cosas, a los procesos de remunicipalización del servicio de aguas.
En Castilla-La Mancha el caso más significativo en es el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que en la presente legislatura inició el proceso de remunicipalización - el servicio lo gestiona Aguas de Alcázar- tras el cambio de Gobierno local. La reversión de la gestión hacia lo público no ha llegado a producirse.
La Red Agua Pública (RAP) denuncia los intentos de impulsar la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, “a pesar de que cada vez con más nitidez se está demostrando que no buscan mejorar los servicios, sino la financiación extraordinaria de los ayuntamientos a través de los cánones concesionales”. Creen que se sientan así las bases de “casos de corrupción vinculados a la gestión del ciclo urbano del agua por parte de empresas privadas”.
Las consecuencias de la privatización, aseguran, han sido “peores servicios, subidas tarifarias desproporcionadas, precarización de las condiciones laborales de trabajadores, deterioro de los ecosistemas que proporcionan agua, despilfarro y opacidad en la gestión”, situando los servicios privatizados “al margen de los mecanismos de control democráticos”.
