La Fiscalía investiga presunta desobediencia por no separar en grupos pequeños a los temporeros de Albacete desde el principio

La Fiscalía Provincial de Albacete ha incoado diligencias de investigación para esclarecer si después de que las autoridades sanitarias recomendaran la “sectorización o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas”, tras darse entre ellos varios casos positivos en COVID-19 se deriva “responsabilidad por desobediencia”. Gobierno central, Junta de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento los separaron finalmente por grupos, pero lo hicieron a partir del 6 de agosto y no desde el 24 de julio en que se emitió el auto de requerimiento. Ahora investiga su posible “incumplimiento”.

Explica la Fiscalía que el pasado 24 de julio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete ratificó la resolución de la Delegación Provincial de Sanidad del Gobierno castellanomanchego en la que se acordaba el confinamiento de más de 200 temporeros, los ubicados en el asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas, para prevenir un posible contagio de coronavirus, pues se habían detectado casos positivos entre esas personas.

Ese auto judicial incorporaba un requerimiento a las administraciones competentes -local, autonómica y estatal- para que dieran cumplimiento y/o garantizaran una serie de medidas para prevenir y controlar la infección. Entre ellas se encontraba la 'sectorización' o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas. “Estas medidas habían sido recomendadas por la autoridad sanitaria”, precisa la Fiscalía.

No obstante, en su resolución del 29 de julio, la Delegación Provincial de Sanidad de la Junta acuerda la prolongación del confinamiento, todos ellos aislados pero juntos en el Ferial de Albacete (IFAB). Después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en auto de 4 de agosto, ratificó la prolongación del confinamiento, reprodujo las medidas preventivas y requirió a las administraciones para su cumplimiento, “con apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia”.

Diligencias de investigación

De ahí que el Ministerio Fiscal haya incoado, el pasado 5 de agosto, diligencias de investigación para esclarecer si “del incumplimiento de las medidas incorporadas al auto de 24 de julio se deriva responsabilidad por desobediencia”. De hecho, ese mismo día de agosto, después de que varios de ellos intentaran escapar del recinto, fue cuando las administraciones decidieron separar a los confinados en grupos pequeños, iniciándose los traslados un día después.

Por el momento, la Fiscalía ha recibido declaración de la delegada provincial de Sanidad, del alcalde de Albacete y del subdelegado del Gobierno, quienes han explicado cuál ha sido la intervención de cada una de esas administraciones en la gestión del confinamiento, sus competencias y actuación conforme a los medios disponibles.

“Una vez valoradas las diligencias practicadas o que se decidan practicar, se resolverá el procedimiento, acordando su archivo, si se entiende que no se ha incurrido en responsabilidad penal o, en caso contrario, la formulación de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra las personas responsables”, concluye la Fiscalía.