El Gobierno de Castilla-La Mancha también recurrirá la tercera sentencia que anula la ampliación de la ZEPA de El Hito

El Gobierno de Castilla-La Mancha no comparte la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región, la tercera ya que anula el decreto de ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Laguna de El Hito’, en las inmediaciones de los terrenos elegidos para albergar el cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca).

Así lo ha confirmado Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad a eldiarioclm.es quien aboga por “separar” ambas cuestiones: la medioambiental y la relacionada con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. “No voy a entrar en si el tema del ATC es un motivo más grande o más pequeño. Todo está en ese contexto, pero tenemos claro que independientemente de lo que pase con el almacén son los valores ambientales lo que nos mueve a proteger el espacio”.

En su opinión, “en un escenario distinto, donde sabemos que no va a haber un cementerio nuclear, a lo mejor se plantea otra cosa. Digo esto porque lo que sí es un compromiso meridiano del Gobierno de Emiliano García-Page es que no hay una apuesta por un modelo energético que no sean las renovables”. De hecho, el consejero de Desarrollo Sostenible ya anunciaba a principios de marzo su intención de dotar a la comarca de un plan alternativo al ATC, sostenible y con una inversión estimada de en torno a 800 millones de euros que generaría más de 1.000 empleos.

“Abierta la puerta” al recurso judicial en instancias europeas

Romero insiste en separar la cuestión ambiental en la Laguna de El Hito del ‘asunto ATC’. “Es importante hacerlo. Hay argumentos desde las Directivas Europeas que nos hacen tener claro que tenemos que ir adelante a por la ampliación de la ZEPA”.

Sobre la última sentencia que anula su voluntad de dotar de mayor protección ambiental a la zona reconoce, “va en la misma línea” que las anteriores, pero insiste en que “hay una serie de valores ambientales que hacen necesaria esa ampliación y recurriremos como hemos hecho con las dos sentencias anteriores”. A la espera de que pueda pronunciarse el Tribunal Supremo no se descarta, si fuera necesario, acudir a las instancias europeas. “Lo prudente es esperar lo que diga el Supremo en la confianza de que haya sensatez. En todo caso, quedaría abierta esa puerta”.

Quienes se oponen a la ampliación de la ZEPA alegan que los informes de la Junta para hacerlo carecen de rigor técnico-científico. Una postura con la que no se muestra de acuerdo Romero. “Es una zona importante en la migración de las aves como las grullas o las esteparias y de hábitats yesíferos que, dentro de la Unión Europea, se ubican fundamentalmente en la Península Ibérica. A lo mejor a ojos de muchos puede parecer que nos sobran ecosistemas, pero son escasos”.

Explica también que hay especies ligadas a los cauces de los ríos Cigüela y Záncara “que merecen la conservación. No sé quién, hasta donde y de qué manera puede hablar de poco rigor científico pero los argumentos y parámetros que se manejan desde la Dirección General y las conversaciones o la información de los técnicos dotan de la máxima coherencia para ir adelante”.

En su opinión, “si esto no estuviese tan polemizado no estaríamos dándole tantas vueltas porque hablamos de 19 hábitats de interés comunitario para la Unión Europea y cinco de ellos prioritarios. Por no decir que para una organización de conservación tan importante como SEO Bird Life coincide con un Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA)”.

Los demandantes habían alegado además que la norma resultaba “extremadamente gravosa para los habitantes y los municipios a los que afectaba” y truncaba las expectativas de la llegada del ATC.

Para Félix Romero “cuando pones economía frente a ecología hay visiones muy distintas. No hay que enfrentarlas. Hay quien apuesta por un cementerio nuclear y nosotros lo hacemos por un planteamiento energético muy distinto en la región. Estamos en la época de la sostenibilidad y los valores ambientales porque los ecosistemas en todo el planeta han retrocedido por el desarrollo humano”.

Asegura que Castilla-La Mancha está “por debajo de la media en cuanto a superficie protegida entre las comunidades autónomas y desde mi óptica personal, sin ecología no hay economía porque no habrá vida que sostener”. Por eso reclama huir del “cortoplacismo de una opción económica que no lleva a soluciones sostenibles. Hay que saber encajar la conservación de la Naturaleza con el desarrollo económico del territorio y las personas”.

También ha considerado el tribunal que existe “arbitrariedad y desviación de poder” o que en la decisión de la Junta se vulneró el artículo 45 de la Constitución. “Yo no soy jurídico, pero entiendo que no hay desviación de poder cuando lo que estamos defendiendo es la conservación de un espacio natural cuyos atributos vienen definidos por el derecho europeo. No entro a valorar la decisión de un juez pero estamos convencidos de que los valores ambientales de ese espacio merecen su protección e incluso elevarlo después a Lugar de Interés Comunitario (LIC) para Europa”.

“No estamos en el escenario de comprar los terrenos”

Ya en diciembre de 2018, el entonces responsable de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, anunciaba en una entrevista en eldiarioclm.es la intención de la Junta de comprar los terrenos para ampliar la ZEPA.

Esa opción se vio frenada, según reconocía poco después la hoy Consejería de Desarrollo Sostenible. “Se ha intentado”, señalaban a eldiarioclm.es fuentes del departamento. Dos razones lo han impedido hasta ahora: Por un lado, varios de los propietarios no han podido acreditar la titularidad de los terrenos y, en otros casos, la propuesta económica que los dueños de los terrenos han puesto sobre la mesa es considerada como “inasumible” por la Administración regional.

Sin embargo, esa opción sigue sobre la mesa, reconoce el director general de Medio Natural y Biodiversidad. “La cuestión al final es lo que es o no viable. Creo que todavía no estamos en ese escenario. Tendríamos que valorar qué significa económicamente la compra de esos terrenos y teniendo en cuenta que hay normativa para su protección que debería ser suficiente”.