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El Gobierno de Castilla-La Mancha se pregunta si el policía asesor de Cospedal también realizó encargos con dinero público en esta región

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durante su declaración ante la comisión de investigación de la financiación del PP

Alicia Avilés Pozo

10 de septiembre de 2020 12:29 h

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El sumario de la Operación Kitchen por el espionaje a Bárcenas ha extendido sus ramificaciones al Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha entre los años 2012 y 2015. Según la Fiscalía, el que fuera director general de Documentación, Planificación y Análisis en esta etapa y policía nacional de profesión, Andrés Gómez Gordo, fue parte sustancial de un operativo para hacer desaparecer pruebas contra la cúpula del PP y por tanto contra Cospedal, que era secretaria general del partido. Esto ha hecho reaccionar de urgencia al Ejecutivo castellanomanchego actual, que resalta que “cada vez hay más datos” de que Gómez Gordo, como hombre de confianza de la expresidenta autonómica, pudo aprovechar su cargo para realizar tareas similares en la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa urgente convocada con motivo de los nuevos datos conocidos del sumario, la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, ha detallado que Gómez Gordo tenía su despacho a escasos metros de Cospedal cuando gobernaba en Castilla-La Mancha y cuando participó en ese operativo “parapolicial y vergonzante” para “intentar destruir pruebas contra la financiación ilegal del PP, ya demostrada en sentencia firme”.

El Gobierno autonómico condena cómo, siempre según el sumario, el hombre de confianza de Cospedal “captó al chófer” de Bárcenas y le entregó dinero público de fondos reservados para “comprar su voluntad y sustraerle esta documentación”. “Es algo extremadamente grave que lo hiciera un ex alto cargo por mandato directo de Cospedal”, subraya.

A partir de este punto, la portavoz afirma que surgen varias preguntas. Entre ellas, si además de entregar estos fondos reservados, Gómez Gordo “se dedicó a tareas similares” en Castilla-La Mancha. Ha recordado que su bagaje político no tenía nada que ver con la documentación ni el análisis que rezaba su cargo, sino que se trata de un policía nacional especializado en seguridad. “¿Se dedicó a montar informes falsos que se publicaban en medios nacionales del país, como el caso Cuadrifolio, que quedó en nada pero que nos hizo mucho daño? ¿Se dedicó a montar querellas falsas para intentar imputar a ex altos cargos de otros gobiernos?”.

Según el Gobierno de García-Page, son preguntas que “nos tienen muy directamente interesados en el proceso judicial”, porque “no era normal todo aquello que pasaba, dando la sensación de que en Castilla-La Mancha campaba la corrupción cuando nunca fue así en los gobiernos socialistas”.  

“Había equipos en las consejerías buscando documentación”

El Ejecutivo castellanomanchego dice tener constancia de que durante la legislatura de Cospedal había equipos en las consejerías “buscando documentación” y se pregunta también “si era un operativo dirigido por Gómez Gordo”. También apunta que, según el fiscal, este era el enlace entre el ex comisario Villarejo y la expresidenta y que mientras acometían estos hechos, Castilla-La Mancha sufría “los mayores recortes de la historia” en políticas sociales de todo tipo. “Eso pasó aquí mientras que con el dinero público de los castellanomanchegos se pagaba la nómina de un señor que cogía fondos reservados para pagar al chófer de Bárcenas para hacer desaparecer pruebas”, ha denunciado la portavoz.

“Cospedal queda señalada por la Fiscalía, que pide su imputación por tener interés directo en la desaparición de los papeles de Bárcenas como secretaria general del PP. Siempre ha sido un asunto muy oscuro y muy turbio. Cada vez tenemos más datos de que es posible de que la nómina de este alto cargo no se dedicase a la documentación ni a la planificación ni al análisis, sino al montaje de querellas falsas contra adversarios políticos, lo cual es deleznable”, ha añadido.

De hecho, ha recalcado que el Gobierno autonómico estará “muy atento” al proceso judicial y no descarta adoptar alguna medida al respecto, incluso posibles peticiones de comparecencias en las Cortes regionales por ser un asunto que afecta a la Presidencia de la Junta entre los años 2012 y 2015. “Estaremos vigilantes de si las acciones de Gómez Gordo pudieron suponer alguna merma en las arcas públicas de Castilla-La Mancha, más allá de lo que hoy parece evidente, que estábamos pagando a un alto cargo que se dedicaba a estos asuntos”.

El “Watergate español”

También se ha referido a esta cuestión el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien directamente ha dicho que Cospedal utilizó “los recursos y el personal de la Junta” en su etapa como presidenta autonómica para “introducirse de lleno en las cloacas del Estado” -según apunta la Fiscalía Anticorrupción- y, ante esta circunstancia, ha considerado que el presidente del PP castellanomanchego, Francisco Núñez, no puede “seguir callado”. Se trata, ha dicho, del “Watergate español” de las últimas décadas.

“Según la Fiscalía, Cospedal usó los recursos de la Presidencia de Castilla-La Mancha para, a través de un director general que dependía directamente de ella en la Presidencia, pagar de los fondos reservados y en efectivo, al chófer de Bárcenas para robarle la documentación que comprometía presuntamente a ella y a su marido”, ha expuesto.

“¿En qué grado comprometían a la Presidencia para estar desde el año 2013, según el sumario de la Fiscalía, hasta el año 2015 usando al director general de la Junta nombrado por Cospedal para hacer encargos opacos del PP de la calle Génova?”, ha preguntado. Y, en segundo lugar, el dirigente socialista ha planteado que si Cospedal era capaz de hacer eso con los suyos, “qué no estuvo dispuesta a hacer para derrotar a sus adversarios políticos en Castilla-La Mancha”.

Así, ha planteado sus dudas de que este director general, que tenía el encargo de robar los papeles a Bárcenas, “no estuviera detrás de las 50 querellas falsas puestas a distintos líderes y responsables políticos de los gobiernos socialistas, que no estuviera detrás de otro tipo de operaciones oscuras que afectaran a los presidentes Bono y Barreda y por aquel entonces también al candidato García-Page”.

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