El Gobierno central amenaza a la Junta con una querella por “desprecio” a sus funcionarios
Lo que en un principio debía ser un mero trámite administrativo en torno a los planes de cuenca hidrológicos que afectan a Castilla-La Mancha se ha convertido en una nueva batalla política entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo autonómico. La cuestión comenzó cuando el diputado socialista y presidente del Grupo Parlamentario, Rafael Esteban denunciara que la Delegación del Gobierno en la región se había negado “hasta tres veces” a registrar la documentación presentada por la Junta en torno a esta cuestión de constitucionalidad. Según Esteban, el Gobierno regional se vio obligado por tanto a levantar acta notarial para dejar constancia de esta “actitud claramente obstruccionista” y formalizar el registro directamente en el Palacio de La Moncloa el pasado día 18 de marzo.
La polémica se ha engrosado hoy al afirmar la parlamentaria del PP Ana Guarinos que entre los funcionarios de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha existe “malestar” por el “absoluto desprecio” que les ha mostrado la Junta. Según su relato, la Junta llegó a la Delegación con “malas maneras” a registrar ese documento e incluso en “varias ocasiones hubo palabras o términos poco respetuosos con los funcionarios, que cumplieron con su obligación”.
Desde el PSOE han negado estos hechos y la diputada nacional Guadalupe Martín ha incidido en que la Delegación ejerció “medidas de obstrucción claras”, haciendo que el recurso a los planes de cuenca se registrase finalmente La Moncloa.
Pero la guinda la ha puesto el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, quien ha anunciado que está sopesando, con el abogado del Estado, la posibilidad de querellarse contra el Gobierno regional “por haber insultado muy gravemente a los funcionarios de la Delegación”. Según ha explicado, una persona fue a presentar el escrito el 11 de marzo y los funcionarios, con la ley en la mano, le dijeron que la Delegación no podía ser intermediaria de una administración, ya que la Junta, con su registro de salida, “lo puede enviar directamente al presidente de Gobierno de España”.
A esa persona “se le dio la legislación y se le dijo cómo había que hacerlo”. “Pero ese ciudadano no hizo caso a lo que los funcionarios de la Delegación le dijeron y por segunda vez le dijeron que se leyera la ley porque parece ser que la Administración del señor Page no conoce la administración”, ha añadido. “Yo voy a defender a los funcionarios de la Delegación del Gobierno que actuaron conforme a ley y se les ha criminalizado por parte del Gobierno del señor Page”, ha condenado, quien a renglón seguido ha añadido que lo sucedido “es un paso más en su batalla del agua contra el Gobierno central para esconder sus vergüenzas”, ha concluido.
