El Gobierno regional niega “reclamaciones masivas” a dependientes: son “casos puntuales”
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido salir al paso de la denuncia hecha pública por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha sobre las que ha denominado “reclamaciones de la vergüenza” a dependientes por cantidades cobradas indebidamente. La Consejería de Bienestar Social niega cualquier “reclamación generalizada y sistemática” de este tipo de cantidades, y afirma que se trata de “situaciones muy personales y puntuales”, en las que el beneficiario de una ayuda “no ha declarado que recibe otra de otra administración, en cuyo caso son estudiadas de forma individualizada por la Administración”.
El departamento que dirige Aurelia Sánchez ha puesto como ejemplo que el cobro de una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar (PECF) que paga el Gobierno regional es incompatible con un complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 75%, que paga la Seguridad Social.
De darse esa circunstancia, el beneficiario “tiene el deber de informar a la Administración de cualquier cambio de sus circunstancias que puedan afectar al derecho o a la intensidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar reconocida, en el plazo de 30 días desde que se produzca dicha variación”. Alega que así se recoge en el compromiso firmado por el beneficiario en el momento en que se le comunica la prestación de cuidados en el Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha.
La Consejería de Bienestar Social hace hincapié en que desde el pasado mes de octubre de 2016 está abierta, en colaboración con la Plataforma, una “Ventana de la Dependencia” en la que las personas en situación de dependencia pueden comunicar sus dudas o inquietudes, así como su situación personal.
