Los gobiernos de Rajoy y Sánchez ya han trasvasado 174.000 millones de litros de agua del Tajo este año

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la última orden ministerial por la que se aprueba el trasvase Tajo-Segura correspondiente al mes de septiembre y que supone una derivación de 20 hectómetros cúbicos. Se suma así a la realizada para el mes de agosto, por la misma cantidad, y a los tres trasvases del Gobierno anterior de Mariano Rajoy. En total, cinco transferencias que, junto con las sucesivas ampliaciones que permite la ley suman un total de 174 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 174.000 millones de litros de agua.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía de la cabecera del Tajo, que son los indicadores para permitir o no los trasvases, tenían un volumen de 609,2 hectómetros el pasado 1 de septiembre, cuando se realizaron los cálculos para medir un posible trasvase. Esto significa que cuando se llevó a cabo la planificación de este mes se encontraban en situación excepcional nivel tres. La ley lo permite con ese volumen y así lo propuso la Comisión de Explotación pero ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien debía oficializarlo, como finalmente ha ocurrido.

Las dos transferencias de agua aprobadas por la nueva ministra se suman a las tres -con la fórmula del triple trasvase- que firmó Isabel García Tejerina para abril, mayo y junio, también de 20 hectómetros cada una (y luego ampliadas), aunque entonces la situación de los embalses era mucho peor: de 463 hectómetros cúbicos.

Es la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 la que elevó de 240 a 400 hm3 el umbral por debajo del cual no se podían aprobar trasvases. Pero ese umbral no entraba en vigor de forma inmediata ya que una disposición de la propia ley establecía un régimen transitorio para alcanzar esos 400 hm3. Esa norma fue declarada inconstitucional en marzo de 2015 debido a un recurso del Gobierno de Aragón, por no haber sido consultado pese a que el Tajo nace en su territorio. El Ejecutivo de Rajoy respondió incluyendo una disposición en la Ley de Montes de julio de 2015 que recogió de forma idéntica a la recurrida los límites y cantidades disponibles para trasvases dependiendo del volumen de los embalses.

Actualmente, el umbral a partir del que se pueden realizar trasvases es de 336 hm3 -los 240 iniciales más 32 por cada año desde entonces- y no se alcanzarán los 400 hm3 prometidos en la norma de 2013 hasta enero de 2020.

La situación sigue enconándose por tanto entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page está aún pendiente de su primera reunión oficial con Pedro Sánchez, donde esta cuestión será una de las prioritarias. Por ahora, el Ejecutivo castellano-manchego sigue presentando recursos judiciales contra los trasvases y dejando claro su malestar, aunque se circunscriban a la legalidad. Lo mismo sucede con colectivos ecologistas y de municipios ribereños de los embalses de cabecera: hablan de un “saqueo” que no parece tener fin.