Joaquim Bosch, magistrado: “Las penas del delito de sedición en España son absolutamente desproporcionadas”

“Las penas del delito de sedición en España son absolutamente desproporcionadas”, si se tiene en cuenta que en otros países europeos hay penas entre tres y cinco año y en nuestro país, “si eres cargo público, tiene una pena entre 10 y 15 años, lo mismo que el delito de homicidio”, ha asegurado el magistrado y jurista Joaquim Bosch, al hilo de la petición de ERC de reformar este aspecto, entre otros, en el Código Penal.

Lo decía en Toledo durante la presentación de su último libro, 'La patria en la cartera' (Ariel, 2022), un ensayo que ofrece una visión transversal desde la historia, el derecho, la política criminal, la ética o la sociología.

“Es evidente que hay un trasfondo político en la idea de reformar el delito de sedición. Si los dirigentes independentistas creen que eso les puede servir para resolver diferencias políticas, ya lo explicarán a la sociedad. Como jurista no entraré ahí”, decía, para añadir que “es difícilmente discutible que el delito de sedición es una figura penal del siglo XIX que no tiene nada que ver con la sociedad actual. Está pensado para algaradas de aquella época y por eso tiene penas elevadas que no tienen equivalente en otros países europeos”.

En su opinión, tiene sentido “si lo que ha pasado en Catalunya sirve para poner el foco y regular mejor el delito para equipararlo a otros países europeos”.

Joaquim Bosch es actualmente juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) en cuyo partido judicial es el magistrado decano. “La impunidad en la corrupción es una amenaza que daña la democracia, porque genera la percepción de que hay personas más fuertes que el propio sistema democrático”, publicaba en sus redes sociales horas antes de pasar por Toledo.

“El CGPJ es un órgano degradado al servicio de los partidos”

Se refería también en Toledo a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en plena negociación de la renovación del órgano. El magistrado cree que “ha habido complicidades en la cúpula judicial con los principales partidos políticos que en algunos casos explican la maniobra del principal partido de la oposición para mantener un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cuatro años y actuando como correa de transmisión del propio partido. No es la primera vez que pasa”.

En su opinión “el problema del Consejo General del Poder Judicial y las injerencias partidistas está relacionado con la Transición y con cómo hicimos la democracia en este país”. Entonces, añadía, “queríamos ser europeos cuando no lo éramos en relación a la Judicatura que torpedeó las reformas democráticas de la UCD de Suárez y después las de Felipe González hasta que el gobierno socialista cambió la ley repartiendo cuotas entre partidos”.

Un sistema que, dice, “se ha ido degradando hasta llegar a ser un órgano desprestigiado al servicio de los partidos y el principal partido de la oposición es el que más ha aprovechado la situación”, decía en alusión al PP. En su opinión, en la configuración del CGPJ, “una de las soluciones sería ir al sistema original de elección de vocales que es el que usan el resto de países europeos porque permitiría equilibrios institucionales y controles mutuos, pero los partidos no quieren ir ahí ni de broma”.

En el caso de mantenerse el actual sistema de elección parlamentaria sostiene que “hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos. Es posible hacerlo” porque, matiza, “una cosa es que los jueces tengan ideología y otra que sean comisarios de partido. Han de velar por la independencia del poder judicial. Hay que nombrar a los mejores, no a los más cercanos a los partidos”.

Si se mantiene el actual sistema de elección parlamentaria hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos

Bosch comenta que ha apostado por la “ecuanimidad” a la hora de explicar la corrupción como un problema endémico, que no “biológico”. El recorrido histórico del libro se remonta a los “sobornos” en Navarra allá por el siglo XIV, pero fija su mirada en la dictadura franquista para explicar “las claves” de la persistencia corrupta en nuestro país que no logró extirpar la Transición. “Mi impresión es que el nuevo sistema democrático asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Si se mantenía, era un comodín a usar. Y hoy está demostrado que ese comodín se usó para financiar a los principales partidos como dicen las sentencias. Desde 1976, todos los grandes partidos se financiaron ilegalmente y en muchos casos a través de prácticas delictivas”.

El magistrado abunda en que la corrupción tuvo una “finalidad funcional facilitó el pago de campañas electorales, sedes de los partidos o ejércitos de burocracia, así como la continuidad de los enriquecimientos empresariales” que se habían institucionalizado durante el franquismo.

Este jurista valenciano muestra cierto optimismo. Dice que “hemos mejorado en algunas cosas”, pero matiza que “todavía hay enormes resistencias”. En particular se refiere a algunas consideraciones de los evaluadores internacionales: “Nos dicen que tenemos un grave problema de corrupción política, que hay graves injerencias partidistas en el sistema judicial y que los órganos que deberían controlar los abusos de poder están colonizados y son extremadamente débiles”.

La “ponderada” Ley de Memoria Democrática

Bosch se ha referido también a la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el pasado viernes y se mostraba expectante respecto a su aplicación. “Hay mucha innovación a diferencia de la antigua Ley de Memoria Histórica” de la que, según explicaba, “apenas regulaba funciones ejecutivas o sancionadoras”. Valoraba cómo la nueva norma permite mayor iniciativa “coercitiva” al Gobierno de España, vía multas que, recordaba el magistrado, “pueden llegar a los 150.000 euros, por ejemplo, para la Hermandad de la Macarena si no cumpliera [con el traslado de los restos de Queipo de Llano]”.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley, algunas voces piden la exhumación de los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo donde fueron enterrados. Bosch ve previsible que muchas causas acaben en los tribunales “porque algunas decisiones judiciales pueden haber sido discutibles en este ámbito. Basta con ver lo que costó exhumar a Franco”, pero más allá de lo que ocurra, sostiene que “lo fundamental es que hubiera una ley y esta es ponderada porque regula muy bien lo esencial: la Memoria Democrática no afecta al pasado sino fundamentalmente al presente y busca reforzar los valores democráticos”.

Ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen en la Ley de Memoria Democrática de acuerdo a los principios constitucionales

Cree que hay que “recordar los gravísimos daños que causó la dictadura y lo importante que es vivir en democracia sin que se blanquee al régimen dictatorial”. Para el magistrado la nueva ley “es un avance importantísimo y ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen de acuerdo a los principios constitucionales”.

“Las puertas giratorias deben regularse”

Hoy sabemos que la corrupción cuesta cada año más de 40.000 millones de euros. “Es una cifra que nos limita enormemente como país”, asegura.

El libro abunda en la práctica de las puertas giratorias en España. “Deben regularse como han hecho otros países europeos por el riesgo que generan en el ámbito de la corrupción”. El 40% de los ministros de la democracia, también algunos expresidentes del Gobierno y otros cargos públicos, han dado el salto de la política a los consejos de administración de las grandes empresas. Uno de los ejemplos que Bosch cita en su último libro es el de Ignacio López del Hierro, que fuera gobernador civil en Toledo y que pasó a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Casado con la expresidenta castellanomanchega Dolores de Cospedal se ha visto involucrado (incluso imputado) en el conocido como caso Kitchen, aparecía como donante de la caja B del PP en los papeles de Bárcenas, extremo que él negó y se hicieron públicas conversaciones con el comisario Villarejo.

“Si los políticos han accedido a las principales empresas del país sin una trayectoria empresarial que los justifique, surgen las preguntas. Si las grandes empresas no pagan por su experiencia profesional, con los sueldos desorbitados que reciben… ¿Por qué están pagando entonces?”, se pregunta el también juez valenciano. “Es razonable pensar que es un pago por los servicios prestados y genera dudas sobre si ese político realmente ha estado defendiendo intereses generales”.

La corrupción y el ¿oasis? castellanomanchego

El libro navega, con abundante literatura judicial, académica o periodística, entre los cientos de casos relacionados con la corrupción en España en las comunidades autónomas, con escasas referencias a Castilla-La Mancha. ¿Es un oasis?, le preguntamos. “Tiene menos casos exteriorizados que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pero es que a los juzgados llega la punta del iceberg de los casos de corrupción”.

La razón estriba en su opinión en que “la corrupción es un delito difícil de detectar y las grandes tramas corruptas cuentan con expertos en ingeniería financiera. O cuando se descubre es porque se ha producido ‘fuego amigo’ como en el caso de la defenestración de Pablo Casado”.

Por eso, asegura, “es difícil cuantificar cuántos casos de corrupción puedan haberse producido en Castilla-La Mancha. En todo caso no lanzaría las campanas al vuelo. Puede ser que en cuatro o cinco años quienes pensaban que esto era un oasis, resulta que se equivocaban”.

El  ‘papelón’ del Tribunal de Cuentas: “No ha descubierto ni un solo caso de corrupción”

El magistrado no elude ni un solo recoveco por el que pueden colarse las prácticas corruptas. Como el despilfarro público o los sobrecostes en las obras pública, entre cuyos casos más sonados cita al aeropuerto de Ciudad Real: “1.029 millones de euros de inversión para conseguir 2,5 millones de pasajeros pese a ubicarse en una ciudad de 75.000 habitantes”, reza el libro.

“El despilfarro público es una de las claves de la corrupción. Y es una ingenuidad pensar que la corrupción se resuelve con el derecho penal. Ningún país avanzado tiene leyes penales más duras que España, más bien al contrario. No se trata de endurecer las penas sino de cumplirlas y que no haya esos elevados niveles de impunidad. Toda la carne se tiene que poner en el asador de la prevención: que no sea tan fácil corromperse”.

En este punto criticaba el papel del Tribunal de Cuentas en España. “Que yo sepa no ha descubierto ni un solo caso de corrupción en su historia. Quizá algún día suene la flauta” y lo contrapone con el Tribunal de Cuentas Europeo. “Descubrieron un caso en el que se puso de manifiesto que las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas. Lo atribuyeron a que en España había mecanismos artificiosos para alterar las contrataciones públicas con fraccionamientos, modificados posteriores de proyectos y otros trucos para que el precio final fuera superior al de mercado. Es una propina que se reparte entre el empresario y el político corrupto”.

Junto a esto, añade, “está la construcción de obras innecesarias. Es muy frecuente en España hacer lo que no necesita la sociedad sino lo que necesitan los que quieren cobrar del erario público. Entre estas obras, aeropuertos cuya construcción no estaba justificada”.

Una ley que regule la Jefatura del Estado

El libro propone soluciones para extirpar la corrupción que pasan por mejorar la calidad en las instituciones. Quizá, decía, una de las prioritarias “por su fuerte carácter simbólico” pasa por “una ley que regule la Jefatura del Estado” porque “provocaría un efecto pedagógico y de concienciación ciudadana”, después de los episodios relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I. “Se ha producido un enorme descrédito a la vida pública del país”. 

El magistrado va más allá y apuesta por que “todos, todos los cargos públicos deben actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones de su gestión. Lo he dicho en un artículo en eldiario.es sobre el derecho divino del rey inviolable. Hoy parece una broma. ¿Por qué no se le puede tocar si comete un delito? En el fondo lo que subyace es que todavía a los reyes se les atribuye algo de divinidad”.