La Junta critica el “nuevo retraso” del Gobierno de Rajoy en el Plan de Vivienda nacional
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado el retraso de la aprobación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 hasta que se ha conocido que, “finalmente”, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regulará el mismo. Este plan dará continuidad al anterior, 2013-2016, que se prorrogó para el año 2017, y donde se articularon diversas líneas de actuación en forma de ayudas tan importantes como las destinadas al arrendamiento, a la rehabilitación edificatoria y a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), puestas en marcha en Castilla-La Mancha desde 2015.
“La intención de la Consejería de Fomento ha sido dar continuidad año tras año a este tipo de ayudas”, ha señalado la titular de la cartera, Agustina García Élez, “pero este año, al igual que sucedió el pasado, en el que el Estado no firmó la prórroga del anterior plan con las comunidades autónomas hasta el 26 de julio, es un plan que viene con notable retraso”.
Además, señalan que todavía hay que negociar con las comunidades autónomas la distribución entre ellas de los fondos del plan en el marco de una Comisión Sectorial con representantes de todas las regiones, respecto a la que “se desconoce” el efecto que tendrá debido a que todavía no hay fecha para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el plan establece que corresponde a cada comunidad autónoma la carga de la entera gestión de esta medida. Cada una de ellas, cumplido todo lo anterior, debe tramitar y dar luz a las bases y convocatoria de las distintas líneas de ayudas al plan. Así, al igual que el año pasado, ha señalado García Élez, estamos en “una situación en la que las comunidades autónomas aún no conocemos los recursos con los que contaremos para gestionar el plan, y en la que éste no podrá ser plenamente efectivo, en el mejor de los casos, antes del próximo verano”.
Otro problema es que “el Estado no admite ayudas que se hayan concedido por las comunidades autónomas en cada ejercicio más allá del 31 de octubre de cada año”. Esto, afirma, aclara que “el plan de vivienda aún no ha nacido de manera efectiva, ni creemos que pueda hacerlo hasta fechas avanzadas del próximo verano, pues el Estado, y detrás cada Autonomía, aún tiene que realizar varios actos precisos para que puedan concederse ayudas a su amparo, y esto no ha sido posible hasta el pistoletazo de salida que, tarde, se ha producido con la aprobación del Real Decreto estatal por parte del Consejo de Gobierno del día 9 de marzo”.
Por eso, Agustina García Élez ha avanzado que solicitará al ministro de Fomento que adopte soluciones a esta situación, como el que se admita que las ayudas concedidas puedan referirse a obras y actuaciones anteriores a la aprobación de este Real Decreto, o la ampliación para este 2018 del plazo para la concesión de ayudas en el marco del plan más allá del 31 de octubre que tradicionalmente establece el Estado.
En este sentido, ha lamentado que se repita la situación del año anterior, cuando la efectividad de la prórroga del Plan de Vivienda 2013-2016 para 2017 se retrasó por el Estado hasta el 26 de julio, con lo que no tuvo más vigencia que los meses de agosto, septiembre y octubre, en los que hubo que hacer un trabajo ímprobo por parte de la Junta de Comunidades para, en tan corto espacio de tiempo, poder hacer realidad las previsiones del plan y distribuir en la región cerca de 13 millones de euros provenientes del Gobierno central entre ayudas arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria.
Finalmente, la consejera también ha precisado que este plan no recoge varios de los planteamientos que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como diversos colectivos sociales de la región trasladaron al Ministerio de Fomento solicitando su inclusión y que tenían como especial protagonista a la vivienda de protección pública.
