La Junta recurre ante el Supremo para evitar los trasvases internos del Júcar a Levante
La cruzada contra los planes hidrológicos que afectan a Castilla-La Mancha no cesa. La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha anunciado que se ha vuelto a presentar un recurso, esta vez de reposición, ante la providencia del Tribunal Supremo que pretende subordinar la toma de decisión sobre los Planes Hidrológicos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Demarcación del río Júcar.
El documento quiere evitar que el recurso que se presentó desde Castilla-La Mancha el pasado marzo en contra de los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno de España quede aplazado hasta “fecha indeterminada” al someter el Tribunal su pronunciamiento a lo que decida el Tribunal Constitucional sobre el conflicto de competencias que planteó también el Ejecutivo autonómico. El fin del recurso era intentar evitar los trasvases internos desde el Júcar en Albacete hasta el Júcar en Levante, posibilidad que recoge y “consolida” el nuevo Decreto de Demarcación de esta cuenca aprobado por el Ministerio de Agricultura en enero.
Por su parte, la Junta afirma que vincular un pronunciamiento jurídico a otro sería “condenar” el recurso contra los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana a no tener tiempo material de ser resuelto, ya que los ciclos de planificación aprobados por el Gobierno de España tienen un período de vigencia de seis años.
El Ejecutivo teme de que el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en resolver los conflictos de competencias que se presentó desde la región rebosaría dicho período y, así, el recurso no se resolvería antes de abordar el siguiente ciclo de planificación.
Elena de la Cruz ha asegurado que desde la Junta “estamos totalmente disconformes porque de facto supone paralizar los recursos que ha presentado el Gobierno regional” contra los planes hidrológicos. Por eso, utilizarán “todas las armas jurídicas” a su alcance para revertir dichos planes que han calificado como “totalmente nocivos”.
A juicio de De la Cruz, el problema de origen estriba en que el Ministerio de Agricultura mezcló en un mismo documento tanto los planes como el decreto de Demarcación del Júcar, algo que ya advirtió en su momento suponía un problema para la defensa selectiva de los derechos hídricos de la región. “No nos dejaron votarlos por separado, sino que nos hicieron votarlos en conjunto. Se coartó nuestra libertad”, aseguró de la Cruz.
