La Plataforma Stop Desahucios Albacete ha presentado este martes una decena de alegaciones al anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha. Diez modificaciones al texto a las que acompaña un nuevo artículo, para añadirlo al borrador, y que se centra en el rescate hipotecario familiar. Y es que, según José Velasco, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Albacete, el texto actual “se olvida de las más de 5.000 ejecuciones hipotecarias pendientes en los juzgados de la región” y, por lo tanto, tal y como está planteado no soluciona la situación por la que pasan estas más de 5.000 familias “que están a punto de perder sus viviendas habituales”.
Es por ello que plantean este nuevo artículo, que añadirían al Título II, Capítulo V y en el que se desarrollan unos preceptos para que las familias afectadas puedan acogerse a un rescate con el fin de “evitar tener que buscar soluciones habitacionales para las más de 5.000 familias que acabarían con la pérdida de su vivienda tras no llegar a una solución con la entidad financiera e iniciar ésta el procedimiento de ejecución hipotecaria”.
Sería, según lo ha planteado la PAH albaceteña, en viviendas que sean domicilio habitual del deudor hipotecario, que no deberá disponer, ni él ni las personas que convivan con él, de otros inmuebles de su propiedad. Podrán acogerse a este rescate aquellos que tengan una cuota hipotecaria que suponga más del 40% de los ingresos con los que cuente el deudor. Además la vivienda en cuestión no debe superar los 150 metros cuadrados útiles en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes y 300 metros cuadrados en poblaciones menores a los 10.000.
Este rescate consiste en la renovación de la hipoteca modificando las condiciones tales como que el tipo de interés correrá a cargo de la Consejería de Fomento. Así, el texto especifica que el deudor “deberá abonar a la entidad financiera las cantidades que la Consejería de Fomento determine en función de su nivel de ingresos, destinándose esas cantidades a la amortización de la deuda pendiente”.
Para ello sería necesario que la entidad bancaria que tiene la hipoteca se acoja a los principios de este título que plantea la PAH de Albacete. De no ser así, dice el mismo texto, la Junta “ejercerá los derechos de tanteo y retracto” que permita al deudor seguir residiendo en la vivienda.
Además, en términos económicos, tal y como exponen, este rescate saldría más barato a la Administración regional que tener que buscar soluciones habitacionales a la familias: dicen que con el actual estado del Euríbor, la cuantía de intereses que tendría que afrontar la Consejería de Fomento “no superaría los 1.100.000 euros”, cifra que podría llegar a los 20 millones de euros anuales de coste financiero si los tipos de interés de las hipotecas alcanzan las cifras de los años anteriores a la crisis, “una cantidad asumible por la Administración y que se puede encuadrar en el Plan de Garantias Ciudadanas”.
Modificaciones
Aunque esta es la propuesta principal de Stop Desahucios al texto de la Ley de Vivienda de la región también han presentado modificaciones al articulado que sí contempla el borrador. En la exposición de motivos del anteproyecto de Ley piden que se elimine la frase donde dice que se le destinará una partida económica “en función de las disponibilidades presupuestarias”, y que se contemple una partida ex professo anual “que esté incluida en el presupuesto regional”. El motivo, ha dicho Alba Teresa Higuera, portavoz del colectivo, es que sin dinero para la Ley, “estaríamos hablando de que la norma no se aplica a la realidad”.
Además solicitan el cambio en la denominación que se hace en el texto de “empresas con especial responsabilidad social” y que el colectivo quiere que pasen a denominarse como 'Gran tenedor de Viviendas', un término que abarcaría desde entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, y fondos de inversión y hasta entidades de gestión de activos por la legislación mercantil . A estos se suman las personas físicas o jurídicas que sean titulares de 10 viviendas ( en este caso se excluye a las administraciones y promotores sociales) y no 25 como propone el borrador de la Ley.
Dicen que llamar empresas de responsabilidad social a entidades que han acumulado un enorme número de viviendas a consecuencia de la crisis que “en muchas de ellas han resultado responsables” es un eufemismo “que nada tiene que ver con el espíritu de la ley”.
Las alegaciones y aportaciones presentadas en Albacete son un ejemplo de lo que harán también el resto de Plataformas de Afectados por la Hipoteca de toda la región, que han decidido que haya “sinergia” pero se va a hacer de manera individual para conseguir más impacto.