Nace en Toledo la primera Plataforma por una Vivienda Digna de la región, con una apuesta decidida para impulsar el alquiler

Hace una década que la calle Río Guadalmena, ubicada en el Polígono de Toledo, cuenta con un bloque de 86 viviendas públicas, propiedad de la Junta de Comunidades, que se encuentra vallado y sin habitar. Terminar su construcción -prácticamente finalizada- y adjudicar las mismas es la primera exigencia que realiza al Gobierno regional la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo, la primera organización de este tipo que se crea en Castilla-La Mancha.

Integrada por varias asociaciones y entidades de la población civil de Toledo, la plataforma hizo su puesta de largo frente a este edificio que consideran “un símbolo” del “cúmulo de irregularidades y despropósitos de las administraciones públicas” pues actualment se mantiene, según los datos que han recopilado, un listado de 2.715 demandantes de vivienda en la ciudad de Toledo.

Bajo el lema 'Ni vivienda sin gente ni gente sin vivienda', el colectivo exige el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española. “Nacemos con la intención de aunar fuerzas para visibilizar y reivindicar una vivienda digna para todas y todos; por lo que animamos a colectivos y particulares a participar en dicha plataforma”, expusieron en la presentación que realizó Gema Ruiz Azaña, coordinadora de la Asociación de Vecinos 'El Tajo', impulsora de esta iniciativa junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Hasta el momento, se han sumado al movimiento la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo El Ciudadano, la Asociación Vecinal 'La Voz del Barrio' de Palomarejos, la Plataforma 8M Toledo, CCOO, Ecologistas en Acción Toledo, UGT, AVIDITO y Facua. Como portavoces, actuarán José Luis Calvo y Francisco de Arce.

Precisamente, sobre las 86 viviendas mencionadas, Calvo explicó que este edificio lleva cerrado alrededor de una década y que, en un principio, la Junta justificó la situación por “problemas de edificabilidad” que ahora afirman conocer que “se resolvieron”. “A partir de ahí no sabemos nada más”, agregó el portavoz, que cifró en unas 120 las viviendas públicas deshabitadas actualmente en el barrio del Polígono al sumar otras 30 en la calle Río Yedra y otras dispersas.

Apuestan por el alquiler y por aumentar el parque de vivienda pública

La Plataforma apuesta por impulsar la Ley regional de Vivienda, ampliar el parque público para hacer frente a la demanda existente, ya que de están dando “problemas para atender emergencias habitacionales”, o por incentivar el alquiler frente a la compra como forma de acceso. “La legislación actual promueve el acceso a una vivienda estable y segura mayoritariamente a través de la propiedad”, lo que indican que ha supuesto “el sobreendeudamiento de familias” vulnerables, principales demandantes de este tipo de vivienda.

“Exigimos una política de vivienda pública para jóvenes que les permita iniciar un proceso de vida no vinculada a la vivienda familiar” o que “en su mayoría, las promociones públicas sean en alquiler de manera indefinida y que se legisle la regulación de los precios con el fin de conseguir que el precio de la vivienda suponga como mucho el 20% de los ingresos de toda la unidad habitacional hasta un máximo del 30% siempre y cuando se incluyan los servicios básicos de luz, calefacción, agua y nuevas tecnologías”, apuntó el portavoz de la plataforma.

En este sentido, apuestan también por “dispersar a los demandantes de vivienda a otros barrios, sobre todo a las familias más vulnerables”. “Se hace más fácil mantener un edificio si se reparten en distintos edificios que si juntas a todas en el mismo”, dicen sobre la disposición de este tipo de vivienda en la ciudad.

“Tras el análisis de la situación en nuestra ciudad, hemos comprobado que el parque disponible de vivienda tanto pública como privada se ha gestionado mal e incluso las administraciones por inacción han contribuido a que se creen situaciones insostenibles. A modo de ejemplo nos encontramos esta urbanización... que además de una injusticia supone un gasto económico enorme en vigilancia y mantenimiento”, manifestaron.

La plataforma también insta a crear un organismo público dependiente de una sola administración que gestione la adjudicación de viviendas e instan a que a las víctimas de violencia de género se las priorice en la adjudicación de vivienda con los criterios y requisitos que se recogen en la ley 4/2018 por una sociedad libre de violencia de género.

No obvian tampoco que las futuras promociones han de cumplir en su construcción con los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y autoconsumo que faciliten el mantenimiento de estas y contribuyan a la minoración del cambio climático. Para ello, y también con el objetivo de analizar las demás demandas que realizan, emplazan a la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, a mantener una reunión a “la mayor brevedad” con la plataforma, así como también al Ayuntamiento de Toledo.