Nueve razones por las que Castilla-La Mancha se opone al proyecto de ley nacional de bienestar animal

El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza “de plano” la Ley de Bienestar Animal que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo aseguró días atrás el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y así se hace constar en un documento de 16 páginas remitido a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra (Podemos), al que ha tenido acceso elDiarioclm.es

García-Page se muestra particularmente beligerante en los últimos días con aquellos aspectos cuya competencia están en manos de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de España y, en concreto, de este ministerio.

Esta semana no solo ha exigido que el Estado pague las deudas en materia de Dependencia a las comunidades autónomas (la deuda acumulada con Castilla-La Mancha supera los 800 millones de euros) reclamando una conferencia sectorial para debatirlo, sino que también ha mostrado su desacuerdo con la “oportunidad” de la Ley de Bienestar Animal estatal.

La considera una “invasión” de las competencias autonómicas y critica que las nuevas exigencias no vengan acompañadas de financiación por parte del Estado. El propio vicepresidente regional ha llegado a decir que la propuesta “rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural” y buena parte del trasfondo de la queja del Gobierno castellanomanchego pasa por ‘proteger’ al sector cinegético regional.

Castilla-La Mancha, como el resto de comunidades autónomas con mayor o menos desarrollo, tiene su propia (y recién renovada) ley de bienestar animal. En agosto de 2020 y tras cinco años de debates, bloqueos y un millar de alegaciones, las Cortes regionales aprobaban la norma con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP. El texto multiplica por diez las multas, promueve el sacrificio cero y prohíbe los circos con animales, entre otras muchas cosas. Y sin embargo dejó en el aire aspectos relacionados con la caza (mantiene el tiro al pichón y el concepto ‘perros de caza’) y deja en manos de los ayuntamientos muchas competencias.

Y ahora, ¿por qué el rechazo frontal a la ley nacional que se prepara? ¿Qué argumentos jurídicos esgrime el Gobierno castellanomanchego?

1.- La invasión de competencias autonómicas

El Gobierno castellanomanchego cree que esta norma “invadirá competencias autonómicas”. De hecho, en el documento de alegaciones al que ha tenido acceso elDiarioclm.es se tacha de “excesiva” la estructura de una ley ‘básica’: 90 artículos, con seis títulos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales.

La rechaza no solo porque regula competencias ya atribuidas a las comunidades autónomas, sino porque sugiere que en el futuro vendrá a limitarlas a través de los desarrollos reglamentarios de la ley.

Restringirá, “aún más”, dice el Gobierno castellanomanchego, “el contenido de la normativa competencial” que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía otorgan a la Comunidad Autónoma. De hecho, recuerdan las alegaciones, el Consejo de Estado ya dictaminó en 2004 que “casi toda la política de bienestar animal es de ámbito autonómico” y que las 17 comunidades autónomas cuentan, actualmente, con leyes de protección general.

Y se agarra, en particular, a la Ley de Sanidad Animal del año 2003 que declara competencia “exclusiva” de las comunidades autónomas lo relativo a la ganadería en la que se exigen “criterios mínimos comunes” en sanidad animal, pero también “autonomía” para que cada comunidad autónoma gestione sus intereses.

Castilla-La Mancha recurre en varias ocasiones al “exceso” por parte del Gobierno central en cuanto a legislación básica “cuyo efecto directo es minorar las competencias de las comunidades autónomas” y, “en algunos casos modificar el contenido de sus Estatutos de Autonomía”.

También apela al hecho de que la Constitución no recoge la “supremacía de la legislación estatal” de forma que obligue a cambiar las leyes autonómicas. Así que rechaza de plano la obligación que establecería la nueva normativa para que las comunidades autónomas tengan que cambiar sus leyes en el plazo de un año.

“Se ha intentado hacer una ley de unidad de mercado que establece condicionamientos y regulaciones de buena voluntad pero que en parte ha quedado desautorizada por el Tribunal Constitucional”, alega Castilla-La Mancha.

2.- La oportunidad de la ley: no se justifica el “interés general”

“Se hace necesario en este momento de sensibilización social hacia los derechos de los animales, acometer una normativa estatal que armonice las regulaciones territoriales”, dice el texto de la nueva ley estatal que se prepara.

Aquí de nuevo el Gobierno de Emiliano García-Page apela a la Constitución: sí, se puede hacer, pero con límites y como algo “excepcional”, siempre que se justifique el “interés general”. Y no cree que sea el caso.

3.-Solapa competencias de Castilla-La Mancha

El Ejecutivo castellanomanchego recuerda la promulgación, en agosto de 2020, de su Ley regional de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de acuerdo a “competencias exclusivas” en Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria, en la planificación de la actividad económica regional y en la promoción del deporte (y aquí hablaría por ejemplo de la caza). Junto a ellas otras atribuciones de gestión relacionadas con la Sanidad y la protección del medio ambiente.

La Junta cree que la “expansión” de la normativa básica nacional en materia de bienestar animal “solapa” competencias de la comunidad autónoma y eso, en la práctica, supone “suprimirlas” a través de los futuros reales decretos que puedan promulgarse.

Aquí al Gobierno de García-Page pone como ejemplos la futura normativa complementaria prevista para los titulares de animales de compañía, la formación para tenencia de perros, las prohibiciones aplicables a animales silvestres en cautividad o las condiciones para el uso de animales en actividades profesionales, entre otras.

4.- Los perros de caza no son mascotas, según el Gobierno regional

El Gobierno de Emiliano García-Page no comparte cuestiones que plantea el texto nacional como la definición de ‘mascota’ para algunos animales. Por ejemplo, sostiene que los animales que usa el sector de la caza -los perros de caza- “no son mascotas y por lo tanto no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal. Tiene que tener una regularización, pero no esta”.

La propia ley regional de bienestar animal así lo distingue. A los perros (de caza) les afecta la ley “salvo en el momento es que estén realizando la actividad cinegética”.

5.- “Inseguridad jurídica” en el concepto de maltrato e “incoherencia” en el ámbito de aplicación

Otros de los argumentos por los que se rechaza la norma es que hay “incoherencia” en el objeto y el ámbito de aplicación de la ley.  Según la parte del texto que se lea, se incluyen o excluyen aspectos relacionados con el uso de animales en actividades culturales o festivas, con los animales silvestres o los de experimentación e investigación.

Además, sugiere que se crea “inseguridad jurídica” respecto al concepto de ‘maltrato’ y también en cuanto a lo que se debe considerar “un nivel adecuado” en la protección animal.

6.- Se pide excluir como animales de compañía a los vinculados a la caza

En este aspecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que determinados animales (perros, hurones o aves de cetrería) deben quedar excluidos de la consideración de ‘animales de compañía’ por sus “tareas” relacionadas con la caza.

Por lo tanto, dice, “no procede” su inscripción en el Registro de Animales de Compañía, ni tampoco la prohibición de cederlos o comercializar con ellos, “ni por supuesto la obligación de proceder a su esterilización”.

En este punto, también se rechaza lo planteado para los animales silvestres, estén o no en cautividad. El Gobierno regional cree que deben ser excluidos de la Ley de Bienestar Animal.

El Ejecutivo castellanomanchego considera “imposible” lo que la norma nacional dicta en cuanto a los perros de caza, pastoreo o vigilancia. “Necesitan salir de cachorros con otros perros para aprender”, pero el anteproyecto lo impide porque impone una edad mínima tanto para el trabajo, como para el tiempo máximo de contacto con el propietario e incluso para su edad de jubilación.

7.- Rechazo a la protección de las ‘colonias felinas’

Uno de los capítulos de la nueva norma se dedica, en exclusiva, a las llamadas ‘colonias felinas’. Dice la Junta que se considera que tienen “necesidad de protección” y para rechazarlo contrapone estudios científicos que “señalan perniciosos efectos sociales y sobre la conservación de la fauna salvaje generados por los gatos callejeros que, con independencia de cuál sea su condición y su modo de vida, no dejan de cazar”.

En este aspecto sostiene que en el medio natural “son frecuentes” los gatos asilvestrados que ejercen de depredadores de pollos de aves, tanto cinegéticas como protegidas. Por otro lado, se alega que otros estudios alertan de “posibles transmisiones de enfermedades de estos gatos a la fauna silvestre”.

8.- El impacto económico y social de la ley que no hace referencia a la despoblación

En este aspecto la Junta castellanomanchega alude a la “incertidumbre económica” del momento generada, entre otras cosas, por la guerra en Ucrania o al incremento de la inflación.

“Debe cuantificarse el número de personas afectadas” por la aplicación de esta ley, así como el impacto en los sectores productivos castellanomanchegos y, aquí, se critica que el anteproyecto de ley “no haga referencia” ni a la despoblación, ni a la problemática específica del medio rural.

La ley, dice en sus alegaciones, “no pondera los intereses del medio rural, ni el objetivo de reducir las desigualdades territoriales fomentando la cohesión mediante políticas públicas de discriminación positiva hacia el medio rural”.

8b.- No se garantiza la financiación y se duplican gastos

Otro de los planteamientos esgrimidos por el Gobierno regional para rechazar la ley se refiere a la falta de concreción de los mecanismos para financiar las nuevas obligaciones de la ley. Aunque se regula “un fondo estatal” para financiar las políticas públicas no se garantiza nada y Castilla-La Mancha reclama contemplarlo para no trasladar el gasto a los fondos propios regionales porque, advierte, “supondría incrementar la presión fiscal a los ciudadanos”.

Habría que pagar (con cargo al presupuesto regional) el gasto derivado de la constitución de un Registro Único nacional vinculado al bienestar animal. Y de hecho, alega, en Castilla-La Mancha ya existe un Registro Único regional que coordina el Colegio Profesional de Veterinarios. Se podría vulnerar, advierte, lo que dice la Constitución en su artículo 31 sobre el gasto público.

9.- El gasto en la gestión de colonias felinas o en centros de protección en municipios de menos de 5.000 habitantes

Las quejas también tienen que ver con las obligaciones que la nueva ley generará a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos.

La ley nacional impone obligaciones de gestión de colonias felinas, aplicar el sacrificio cero en centros municipales y crear centros integrales de protección animal en municipios de menos de 5.000 habitantes.

“Si el Gobierno de España quiere imponer esas obligaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos tiene que poner financiación”, decía hace unos días el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro. Y esa es, paradójicamente, la misma crítica que le hacía el PP al Gobierno de Castilla-La Mancha cuando aprobaba la ley regional: el hecho de dejar en manos de los ayuntamientos su aplicación, sin medios y sin financiación, en muchas ocasiones.