Cuatro organizaciones estudian recurrir el decreto que regula las gasolineras en Castilla-La Mancha por “chapucero”

La nueva norma que regula los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha ha generado un profundo “malestar” entre usuarios y trabajadores.

CCOO, UGT, FACUA y CERMI han anunciado que estudian la posibilidad de interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el recién aprobado decreto que la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó el 30 de diciembre de 2019.

En su opinión la normativa, que entrará en vigor en marzo, “no garantiza los derechos de los consumidores, ni la accesibilidad o la seguridad y favorece la despoblación y el desempleo”.

Todas las organizaciones denunciantes coinciden en lamentar que se haya pasado del decreto “pionero” que Castilla-La Mancha aprobó el año 2005, a una norma en “retroceso”. Y de contar con una regulación “novedosa” y “ejemplar” a un “decreto chapuza”, señala Ángel León, secretario regional de CCOO-Industria en Castilla-La Mancha a pesar de las reuniones durante la tramitación de la norma, “sin consenso”.

¿Y la accesibilidad?: “Todo se soluciona con un interfono”

“La normativa regional era pionera en España porque garantizaba la atención a las personas con discapacidad”, apunta José Antonio Romero, gerente de CERMI Castilla-La Mancha.

Recuerda en España “ya no es una opción cumplir con la accesibilidad porque desde 2007 es obligatorio que cualquier servicio público sea accesible”.

El decreto obliga a todas las estaciones de servicio a disponer de al menos un surtidor adaptado que sea más bajo de lo habitual pero, señala Romero “no soluciona los problemas de seguridad o accesibilidad porque todo depende de un interfono”.

“En realidad el decreto solo contempla que sea accesible para personas en sillas de ruedas. La discapacidad es muy amplia. Hay personas que no tienen brazos o personas sordomudas que no podrán comunicarse a través de un interfono”, recuerda Margarita Mena, responsable sectorial de estaciones de servicio de COOO.

Y en cuanto la seguridad, se recuerda que la falta de personal impide el control de acceso a menores o el uso de envases no homologados para el repostaje, las luces encendidas o que alguien pueda fumar en las instalaciones. “Se pone en riesgo la seguridad de ciudadanía y de los bienes”.

Romero apunta los casos de Extremadura y la Comunidad Valenciana que “lo han resuelto de manera más favorable”. Estas comunidades autónomas obligan al empresario a tener al menos a una persona en las instalaciones entre las 7 y las 22 horas “que pueda auxiliar en el repostaje o en los cobros”.

“No terminamos de entender que dependiendo de donde residamos, tengamos derechos diferentes. No es de recibo”, añade el presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Paco Ferrer.

En su opinión, el decreto “no es neutral porque apuesta por un modelo de explotación que destruirá empleo y es otro granito más en el problema de la despoblación”, además de un “impedimento para mayores o personas con discapacidad” y por eso anima a los usuarios y consumidores a denunciar posibles vulneraciones de sus derechos.

“Se les llena la boca al hablar de despoblación”

Desde CCOO, Ángel León lamenta que al Gobierno regional “se le llene la boca de hablar de despoblación y, sin embargo, se apueste por este modelo liberal”.

Desvela que el argumento que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, dio a sindicatos y consumidores durante la negociación apuntaba a la exigencia de Europa. Una excusa que despierta suspicacias. “Hemos pedido información sobre posibles requerimientos de la Unión Europea y no nos la han dado”, señala el sindicalista.

El avance de este modelo de gasolineras en la región ha sido imparable desde que en 2013 se liberalizase el sector de estaciones de servicio y carburantes en el que, apunta León, la falta de personal “ha crecido de forma desmesurada”.

Castilla-La Mancha contaba en el año 2014 con 584 estaciones de servicio. Con fecha 31 de diciembre de 2019 ya eran 916 aunque se desconoce el dato de las que funcionan bajo el modelo low cost, es decir, con el sistema de autoservicio por parte del usuario.

“Será demoledor para los trabajadores del sector”, señala Margarita Mena, responsable sectorial de estaciones de servicio de CCOO al apostar por “un modelo de negocio incompatible para crear empleo que impide desarrollo económico en los territorios donde se implanta”. Y lo será de forma particular para las mujeres que ocupan el 60% de los puestos de trabajo en el sector, recuerda Carmen Colchón, secretaria de Acción Sindical de UGT-FICA.

José Antonio Romero comenta que se trabajará tanto a nivel nacional como autonómico para propiciar la modificación de las normativas vigentes a través del nuevo Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón.

En todo caso, una vez que el decreto castellanomanchego entre en vigor en marzo, las empresas tendrán un plazo de 18 meses para adaptar sus instalaciones.

La Junta defiende el decreto que nace del “consenso” y es “garantista”

El director general de Agenda 2030 y Consumo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, ha defendido el decreto precisando que se atiene a una normativa europea y apuntando que esta nueva normativa nacía “del diálogo y del consenso”.

En declaraciones a Europa Press, Lara ha reparado en que incluso la Comisión Europea mandó un último aviso en el mes de octubre advirtiendo de la necesidad de adaptar la normativa antes del 15 de enero.

Lara recuerda que la apuesta de la Junta es “garantizar indistintamente del tipo de gasolinera las mismas condiciones para todos los consumidores” en temas como la accesibilidad, el agua, o el acceso a aseos. La “cuestión fundamental” es “garantizar la libertad de elección del consumidor”, ha dicho.

Además, ha apuntado que a la entrada en vigor de este decreto, prevista para el mes de marzo, se establece un “tiempo prudencial de 18 meses” para que las estaciones de servicio se adapten y tengan surtidores adaptados para personas con algún tipo de discapacidad.

“Hemos hecho un decreto garantista con los derechos de las personas consumidoras”, ha dicho Lara, que ha añadido que además se trata del primer decreto al amparo de la Ley del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.

Lara, que ha mostrado “sorpresa” por el hecho de que CERMI se sume a estas críticas, ha dicho sobre la organización que no deja de ser “un aliado del Gobierno en la lucha por la eliminación de barreras”.