Para el 25N, ni negación ni privatización

52 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en lo que llevamos de año y 1.237 han sido asesinadas desde 2003, fecha en la que comienza a contabilizar los asesinatos de mujeres por su pareja o expareja. 51 menores han perdido a su madre durante el año 2023 y 428 desde el año 2019, fecha en la que se incluye el dato como violencia de género. 

La atención y el apoyo a las víctimas es fundamental, por eso es preocupante que haya cada vez más denuncias y que no crezca de manera exponencial el número de mujeres atendidas en los servicios de violencia, porque para ello se deben aprovechar los fondos del Pacto de Estado, se debe implantar una red de atención de proximidad potente que vertebre el territorio y permita a las mujeres recibir los apoyos que necesitan.  

Como se recoge en el Convenio de Estambul, la atención y la seguridad se deben garantizar sin necesidad de que haya denuncia, se deben establecer los mecanismos y recursos para ello, con coordinación y dotación de medios.

De los 48 millones de euros destinados a políticas de igualdad en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿cuántos están externalizados y privatizados? Porque, a la vista de lo que ha sucedido en años anteriores, nos tememos que lo único que gestiona directamente el Instituto de la Mujer/consejera de Igualdad sean los gastos de personal y los de bienes corrientes y servicios. Los estudios y trabajos técnicos están externalizados, los recursos de acogida están externalizados, la atención a las víctimas está externalizada en su mayoría y los recursos psicológicos lo están en su práctica totalidad. 

La parte destinada a lo que la propia Junta denomina este año como inversiones reales (como si el resto fuera irreal), y que está encaminada a la construcción y renovación de espacios, recursos e infraestructuras, se van a enfocar la creación de los llamados “centros de crisis” para víctimas de las agresiones sexuales en cada provincia. Unos centros que deberían estar ya implantados y funcionando desde el verano, al menos, porque todos los recursos son pocos para un país que continúa asolado por los asesinatos de mujeres.

No vamos a caer en la trampa de la ultraderecha y la derecha que pacta con ella para despreciar los recursos, aprovechando que niegan la violencia hacia las mujeres, pero creemos que para educar, prevenir, asistir y rescatar a todas las que hemos sufrido violencia no es suficiente con externalizar el servicio y pasar la responsabilidad a una empresa, asociación o colectivo que gestione las intervenciones o que asesore jurídicamente. Las instituciones y en concreto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están para dar respuesta a las demandas sociales, no para servir de intermediarios entre el dinero del Estado y las empresas. 

No es suficiente con imprimir panfletos, servilletas y posavasos que no dicen nada, pero que aseguran espacio en la prensa y en las entrevistas. No nos podemos permitir que el esfuerzo se concentre en ser un intermediario, que se prefiera la externalización y la privatización de los servicios antes que remangarse y realizar la tarea desde lo público, abarcando una visión integral y estructurada para actuar y educar a una generación y reeducar a varias. Porque evidentemente para decir “se acabó” necesitamos renovar y reafirmar las herramientas, las que utilizamos no son suficientes.