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El Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha inició el pasado 29 de septiembre cinco semanas de paros de ocho horas diarias para exigir el cumplimiento de las tablas salariales del convenio colectivo, vigente desde el 1 de enero e incumplido desde entonces.
A partir del 2 de noviembre, ante la falta de soluciones, la huelga pasará a ser indefinida y de 24 horas/día.
Esta huelga es expresión de un conflicto en cuyo origen tiene un papel central el Gobierno de Castilla-La Mancha; y para cuyo final debe tenerlo también. Lejos de asumirlo, el consejero de Sanidad, titular y máximo responsable del Transporte Sanitario, ha impuesto unos servicios mínimos más que abusivos, hasta el punto de exigir a los trabajadores que realicen tareas que no les corresponden pero que venían prestando sin contraprestación ninguna. Con la mejor voluntad.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, reclamó ayer otra dosis de “buena voluntad de las partes”, que “permita resolver el conflicto laboral entre la empresa y las plantillas del transporte sanitario”.
¿Buena voluntad? Siempre la hemos tenido, la tenemos y la tendremos, Sra. Fernández. Y también una paciencia infinita con ustedes desde hace más de cuatro años. Tanta paciencia y tanta buena voluntad no correspondidas por su parte que ya se nos han colmado todos los vasos.
Porque ya estamos hartos de que el Gobierno de Castilla-La Mancha abuse de la buena voluntad y de la paciencia de las/os trabajadores/as del Transporte Sanitario para eternizar y endurecer los recortes salariales y de derechos que les impuso Cospedal. Y más que hartos de que el actual Gobierno de CLM se esconda tras declaraciones rimbombantes y vacías para seguir incumpliendo todos sus compromisos: los proclamados en público y los asumidos en privado; los contraídos con las empresas adjudicatarias y con los sindicatos; en el Pleno de las Cortes autonómicas y en la firma del convenio colectivo.
Convenio colectivo que costó mucho conseguir: muchísima paciencia y toneladas de buena fe, como siempre; y también decenas de movilizaciones y varias jornadas de huelga, como cada vez que no nos dejan otra opción, ni resquicio alguno para defender la justicia y el derecho de las/os trabajadoras/os.
Convenio colectivo avalado por el Gobierno de Castilla-La Mancha e infringido por las empresas adjudicatarias desde el mismo día en que inició su vigencia, hace ya diez meses; diez meses transcurridos sin que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya hecho nada: ni exigir a las empresas que lo cumplan, ni cumplir su propio compromiso de facilitar el dinero necesario para hacerlo.
Dinero que falta desde 2017. Vergüenza que sigan colgando en la web del Gobierno de Castilla-La Mancha notas de prensa ‘fake’ como estas: “El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 64 millones de euros a la contratación del servicio de transporte sanitario en Ciudad Real”. Presupuestó 64, pero destina 58.
“El Gobierno de Castilla-La Mancha consigna 44 millones de euros para la contratación del servicio de transporte sanitario en Cuenca”. Pero no se añade que luego lo contrató por 38,6.
“El consejero de Sanidad reitera que el nuevo concurso de transporte sanitario supera en presupuesto, medios, servicios y condiciones laborales al anterior”. Pero se calla que lo adjudicó reduciendo lo presupuestado en 24 millones, hasta dejarlo en 12 millones menos que la mismísima Cospedal.
En lo que al Transporte Sanitario respecta, el Gobierno Page lleva dos legislaturas faltando a su palabra; proclamando una cosa y haciendo la contraria; desobedeciendo a las Cortes de Castilla-La Mancha; engañando a la ciudadanía con falsos titulares y maltratando hasta la crueldad a quienes prestan este servicio público esencial.
Y, aun así, nos vuelve a reclamar a los demás “buena voluntad”; e incluso se permite su consejera portavoz cuestionarnos, a CCOO, por cumplir con nuestro deber, que es defender a los/as trabajadores/as. Los/as del Transporte Sanitario, expuestos/as diariamente a un alto riesgo de contagio, llevan todo el año meses sin cobrar los salarios que les corresponden. A cada uno/a se les adeudan ya cerca de dos mil euros a cuenta del convenio incumplido; que se añaden a las mermas salariales y los atropellos laborales que sufren desde 2012 y que este Gobierno, en vez de aliviar, agravó en 2017.
Desde entonces, señora Blanca Fernández, buena voluntad, honestidad y cumplimiento de sus compromisos, solo falta en una parte: en el Gobierno del que es usted portavoz. Cuando atiendan a su deber y a su palabra, habrán puesto fin al conflicto. No antes.
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