Los residuos permanecen “sin limpiar” dos años después del incendio de Chiloeches
“Sigue todo allí”. Es lo primero que comenta el alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, con motivo del segundo aniversario del incendio de una planta industrial en esta localidad de Guadalajara el 26 de agosto de 2016. Se refiere a los residuos que se generaron con motivo del fuego y que no se han retirado hasta hoy, dos años después. De hecho, precisa que la zona tampoco está vallada ni vigilada de forma que “cualquiera puede entrar” y muchas personas la están utilizando incluso como vertedero. Su preocupación es mayor en cuanto a la posible afección al medio ambiente, principalmente cuando llueve y se forman balsas de agua que llegan hasta los arroyos afluentes del río Henares.
El suceso se produjo de madrugada cuando comenzó a arder una planta dedicada a la gestión de residuos peligrosos en la localidad. En la misma se acumulaban pinturas, disolventes y aceites, entre otros productos químicos, lo que hizo que se activara el Plan de Emergencias de Castilla-La Mancha y con ello todos los medios de extinción de la provincia. No había trabajadores en la planta, pero el fuego provocó enseguida una nube tóxica que llevó al desalojo de otras empresas cercanas.
Fue la segunda crisis medioambiental a la que el Gobierno de Emiliano García-Page tuvo que hacer frente en menos de tres meses, tras el controvertido incendio del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo). Dos años después, el hastío del alcalde es evidente y afirma que es una preocupación compartida con los vecinos del pueblo. “No se ha quitado nada, es desesperante”, lamenta, confiando en que lo antes posible “termine este calvario” y puedan llevarse todos los materiales de la zona.
Pero, ¿a quién compete esta tarea? Todas las peticiones del Ayuntamiento de Chiloeches se han dirigido al Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque lo cierto es que la responsabilidad recae sobre la empresa propietaria de la parcela. Así se lo han explicado desde la Administración pública, pero el primer edil recuerda que esta empresa está imputada en el procedimiento judicial abierto por el siniestro y que “hasta que no se resuelva, no pagará”. Tampoco los servicios municipales tienen competencia para entrar en la finca y limpiar los residuos. De cualquier forma, se pregunta si el Ejecutivo regional no podría invertir en esta limpieza, al igual que se hizo en el incendio de Seseña. Al fin y al cabo, añade, “se trata de que la Administración vele por los ciudadanos”.
La principal preocupación en el Ayuntamiento son los efectos que estos residuos sin retirar pueden tener en el medio ambiente, su afección a la fauna y la flora, y sobre todo las escorrentías de agua cuando llueve sobre la zona. El Gobierno regional sí que llevó a cabo labores de contención con la construcción de un muro para que el agua no se filtrase, pero “ahora ya no está funcionando”. Y sobre esta cuestión también apela a la Confederación Hidrográfica del Tajo: “¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora?”.
La postura del Gobierno autonómico
En breve puede haber avances sobre la causa judicial abierta en los juzgados de Guadalajara sobre este siniestro. Ahora mismo, según explica el director provincial de Medio Ambiente, Santos López Tabernero, el Gobierno está atendiendo y colaborando con todos los requerimientos que se realizan desde el juzgado. Recuerda que la Administración Pública ha gastado un total de 7 millones de euros en este siniestro, primero en las labores de emergencia y después en la impermeabilización de la zona para retirar las balsas de agua con residuos.
También deja claro que la Junta no puede hacerse cargo de la responsabilidad subsidiaria de todos los propietarios de polígonos industriales, salvo en los casos de peligro para las personas o el medio ambiente. “Será el que ha cometido los hechos el que deberá tomar las medidas oportunas, si es que se determina que puede haber peligro medioambiental”, añade en referencia también a la Confederación Hidrográfica.
Se da la circunstancia de que el Gobierno regional ha revisado su Plan Regional de Gestión de Residuos Industriales (2014-2020) con una novedad muy importante: exigirá una garantía financiera a las empresas que quieran instalar vertederos en la región. Esta cantidad variará en función del residuo y su peligrosidad para evitar que los ciudadanos tengan que hacer frente a las contaminaciones.
Nueva gestión de residuos
Encima de la mesa está también la revisión de la política impositiva en materia de medio ambiente enfocada a la premisa que alega que “quien contamina, paga”, y que tendrá su máxima expresión en la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, todavía pendiente de aprobación. Esta normativa, no obstante, no tendrá carácter retroactivo.
Un mes antes del incendio, el Ejecutivo autonómico había decretado la suspensión temporal de la autorización para gestionar residuos de la empresa encargada de esa planta, KUK Medioambiental, por no cumplir con la normativa. La decisión se tomó a raíz de sendas inspecciones realizadas tanto por el servicio regional de Medio Ambiente competente como por unidades del Seprona de la Guardia Civil.
Así lo confirmó el auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, en el marco de las diligencias previas para investigar el incendio, citando a declarar como imputadas a un total de 19 personas. Entre las mismas están el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González (que dimitió poco tiempo después del incendio alegando motivos personales), varios cargos y excargos de la Junta de Castilla-La Mancha de las legislaturas de Emiliano García-Page, María Dolores de Cospedal y José María Barreda, o el exalcalde de la localidad, César Urrea (PP). También aparecen como investigados los gerentes, administradores y encargados tanto de KUK Medioambiental, gestora de la planta; como del Grupo LAYNA que la arrendó; o de SALMEDINA, que recibía residuos inertes de la misma.
En el procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
