Page derogó la orden de Cospedal en la que se basa Moreno Bonilla para derivar pacientes de primaria a la privada

El Gobierno andaluz prepara una norma que permitirá a los sanitarios de la Sanidad privada realizar pruebas, operaciones o consultas en centros públicos. La Consejería de Salud de aquella comunidad autónoma incluye por primera vez al médico de familia en el catálogo de servicios derivados a la privada.

La orden lleva siete meses en exposición pública y, según asegura la consejera del ramo de aquella comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Andalucía, “ya se está haciendo en otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha”. La consejera Catalina García defiende que la norma está pensada para “situaciones muy excepcionales, en caso de catástrofes o pandemias”, y niega categóricamente que el objetivo sea utilizarla de forma “regular” para cubrir los déficit de personal en la pública.

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y del Gobierno de Emiliano García-Page han desmentido las palabras de la consejera andaluza. “Ni derivamos nada desde la Primaria, ni médicos de la privada vienen a la pública”, aseguran.

Sostienen que el Gobierno andaluz se basa -y lo comenta en sus declaraciones- en una norma que se aprobó durante el Gobierno de Dolores de Cospedal. La entonces presidenta de Castilla-La Mancha modificó la orden de precios públicos de la asistencia sanitaria y de los servicios prestados en la red de centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud castellanomanchego, en noviembre de 2014, en el último año de su mandato.

SESCAM: “Los servicios concertados siempre se realizan en centros privados”

La orden del Gobierno del PP ya no está en vigor, señalan desde el SESCAM. Fue cambiada durante la legislatura 2015-2019, en la que el PSOE gobernó junto a Podemos en Castilla-La Mancha. El Ejecutivo castellanomanchego aprobó otra normativa que data de 2016. La resolución en cuestión detalla las condiciones económicas de la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria con entidades públicas y privadas.

Según fuentes del SESCAM esta normativa se ha ido actualizando a través de distintas resoluciones “por la necesidad de revisar algunos precios concretos o incluir alguna nueva prestación” pero que “siempre”, subrayan, “se realizan en los centros privados conveniados”.

¿Qué suponía la orden aprobada por el Gobierno del PP en Castilla-La Mancha? Al igual que se planea en Andalucía, se estipulaban precios a pagar por parte del erario público, derivando pacientes de la Atención Primaria al sector privado. Por ejemplo, el precio de una consulta ordinaria era de 62,70 euros. Si el profesional de la Sanidad privada pasaba consulta en horario de Punto de Atención Continuada (PAC) se le abonarían 87,87 euros - en consultas a domicilio el precio subía a 129, 35 euros- o por ejemplo una sesión de preparación al parto generaba una factura de algo más de 108 euros para la Junta de Castilla-La Mancha.

Fuentes sindicales consultadas por elDiarioclm.es confirman que esta práctica ya no está en marcha en esta comunidad autónoma. “Se derivan pacientes a la privada para intervenciones o pruebas”, reconoce, pero los profesionales de la privada no pasan consulta a pacientes de Atención Primaria ni operan en centros públicos cobrando por ello, señala Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha.

“Eso en Castilla-La Mancha no se está produciendo”, añade Marisa García Ordóñez, vicepresidenta del área de Sanidad de CSIF en esta comunidad autónoma. “Otra cosa es que en caso de agotarse las bolsas de trabajo, el SESCAM esté contratando a médicos sin especialidad para que atiendan en centros públicos de Primaria. De forma puntual, pero ocurre. Y encima tienen que ser formados por los residentes”. Pero eso, dice, es otro caballo de batalla en el sector público sanitario de la comunidad autónoma.

Lo que propone Andalucía “viene a ser como las antiguas peonadas que se cobraban, pero las hacía el personal estatutario de dentro. En ningún caso gente que venga de la red privada y que además tenga que cobrar”, añade CSIF.

“No sé de donde ha sacado la información la consejera. No sé si se trata de una información maliciosa e interesada de la Junta de Andalucía. Aquí no se están llevando a cabo estas prácticas. Me parecería peligroso”, apunta Chelo Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha. “Es usar recursos públicos para el sector privado y me parece una absoluta barbaridad. Si tuviésemos noticia de que eso se hace aquí, lo pondríamos en conocimiento de la ciudadanía, además de intentar impedirlo”.

Hoy los sindicatos sanitarios andaluces han acusado al Gobierno del PP en aquella comunidad autónoma de ocultarles una norma que “encubre la privatización de la Atención Primaria”. Y es que, según recoge elDiarioclm.es Andalucía, de los sindicatos presentes en la mesa sectorial, solo CCOO conoció “por casualidad” en pleno agosto el borrador de la orden de la Consejería de Salud que incluye el médico de familia en el catálogo de servicios que se derivan a la sanidad privada.

Este martes la Xunta de Galicia - con un gobierno del PP- ha rechazado imitar la iniciativa de la Junta de Andalucía sobre la derivación de pacientes de la atención primaria pública a hospitales privados.