La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha: “El sistema de servicios sociales está obsoleto”

María Isabel Sánchez-García Muro sustituyó hace un año a Florencio Alfaro al frente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Al hacer balance durante una entrevista, dice que ha sido “un año duro” teniendo en cuenta que la labor al frente de la entidad profesional tiene carácter “voluntario” y que ha de hacerse “en una región muy dispersa”.

En España hay 48.000 trabajadoras y trabajadores sociales colegiados, aunque se sabe que el número de estos profesionales casi llega a los 100.000 en nuestro país. Este último es un dato desconocido en Castilla-La Mancha. Aquí el número de personas colegiadas asciende a 1.150 y Maribel, el nombre por el que todo el mundo conoce a esta profesional, dice que “no son suficientes” para que el colectivo tenga fuerza. Y es que, entre los caballos de batalla está conseguir el “respeto” hacia la labor de los trabajadores sociales frente a la de otros profesionales con los que comparten objetivos en el ámbito de los servicios sociales.

¿Cuál es el papel actual del trabajador y la trabajadora social en Castilla-La Mancha? ¿Está suficientemente reconocido?

No, no lo está. Y lo voy a vincular al tema de la colegiación. Desde la Administración se está creando una situación de trabajadores y trabajadoras sociales de primera y de segunda. Dependiendo del ámbito de trabajo es obligatorio estar colegiado o no.

¿A qué se refiere?

Pongo un ejemplo claro. Cuando la Administración trabaja con el Tercer Sector exige a los trabajadores sociales estar colegiados. ¿Eso quiere decir que si no estoy colegiada no te aseguro la calidad? ¿Lo que no lo están y trabajan también para la Administración no se deben a un Código Deontológico, pero no importa?

La cultura de la colegiación en nuestra profesión no existe, a pesar de ser algo bueno. Yo lo entendí siempre así. Funciona en ambas direcciones porque para nosotros hay un código deontológico y cualquier persona puede reclamar si no se siente bien atendida. Se trata precisamente de asegurar que damos calidad al servicio a la ciudadanía, sobre todo porque en esta profesión hay muchos dilemas éticos.

¿Es un problema de raíz?

Creo que sí. Lo hemos planteado en una reciente reunión con el director general de Acción Social. Quizá se nos ha visto siempre de forma muy ‘happy’ porque nos adaptamos a cualquier cosa, porque lo hacemos todo aunque no nos corresponda.

Somos el último eslabón cuando los ciudadanos no tienen a dónde acudir cuando en realidad como profesionales tenemos otras herramientas. Desde el acompañamiento, la intervención, la prevención, el diagnóstico social... Eso parece que da igual. No nos hemos hecho respetar en este sentido.

¿A quién le corresponde solucionarlo?

Hay una ley que obliga a la colegiación obligatoria, pero parece que ni vincula ni obliga. A lo mejor tenemos que dar ejemplo unas para poder tirar otros. Cuando hablamos de Trabajo Social todo el mundo piensa en Atención Primaria y no es solo eso. Si la Administración diera un paso adelante… De ella dependen el mayor número de profesionales, directa o indirectamente cuando establece convenios con el Tercer Sector o con el sector privado.

En Castilla-La Mancha hay 1.150 profesionales colegiados. No son suficientes. Nuestra labor será hacer pedagogía porque el Colegio es un aval y permitiría que fuésemos más respetados.

En su programa electoral Emiliano García-Page prometió un Comité de Ética en Servicios Sociales, con la participación de los profesionales y los Colegios que los representan. ¿Qué le parece?

Estaría fenomenal si se escucha a los colegios. Es poner en práctica cuestiones de las que hablamos y sobre las que hay bastante resistencia. Pero hay que dotarlo de contenido porque si no, se puede patinar. Y sobre todo que ese Comité de Ética tenga autonomía.

Nos estamos convirtiendo en gestoras de prestaciones. Estamos atendiendo la urgencia, pero no las intervenciones que necesitan las personas para modificar situaciones y entornos

También se pretende crear un observatorio para evaluar todas las políticas de Servicios Sociales ¿Qué tal funcional el actual sistema público en la región?

Somos la única comunidad autónoma con identidad propia a la hora de llevar los servicios sociales a cualquier punto. El Programa Regional de Acción Social (PRAS) para zonas con municipios que sumen menos de 3.500 habitantes fue un revulsivo y se mantiene. En Albacete, por otro lado, se funciona con un sistema mancomunado.

Pero el sistema de servicios públicos no está bien porque estamos reclamando salir fuera de los despachos. Especialmente en Atención Primaria hay unas ratios exageradas para los y las profesionales. Nos estamos convirtiendo en gestoras de prestaciones. No queremos ser solo eso.

Estamos atendiendo la urgencia, pero no las intervenciones que necesitan las personas para modificar situaciones y entornos. No se está haciendo trabajo comunitario. Se requiere reestructuración en los equipos y en las ratios. Y esto es algo que se viene sufriendo más desde la pandemia.

La falta de coordinación entre las Administraciones Públicas repercute en nuestro trabajo. Eso pasa con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Se están generando situaciones muy complejas

¿Es la reivindicación más importante?

Hay que reducir las ratios y que haya más profesionales y es una reivindicación clara, pero también que la parte de la tramitación de las ayudas quizá tienen que hacerla otros perfiles profesionales, no los trabajadores sociales.

A eso se suma la falta de coordinación entre administraciones porque repercute en nuestro trabajo. Le pongo un ejemplo muy claro con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Empezamos sin saber muy bien cómo hacerlo. Se iba a resolver sobre la marcha y ahora se requieren certificados. Eso llega a los compañeros y compañeras y, claro, nosotros no certificamos nada, solo podemos informar. Tendrán que hacerlo otros profesionales.

Si lo gestionamos nosotros no podemos hacerlo en diez días. Normalmente se se trata de personas con las que no hemos trabajado nunca y a eso se suman las listas de espera que hay.

Están generando situaciones muy complejas para el trabajador y para la persona que lo solicita porque está interpretando que no se lo queremos gestionar.

Habría que reformular todas las ayudas. No digo que sea fácil cubrir todas las situaciones, pero nuestro sistema de servicios sociales está un poco obsoleto

¿Funciona bien el sistema de prestaciones? Me habla usted de listas de espera y además todavía se recuerda la polémica por la eliminación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la ‘renta mínima’ autonómica en Castilla-La Mancha

Sí, hay listas de espera, aunque eso tiene que ver más con las ratios. Las prestaciones valen para momentos puntuales, pero las ayudas de emergencia en realidad no llegan cuando hacen falta. Tardan en llegar. Se necesitan otras paralelas.

Además, habría que reformular todas las ayudas porque hay situaciones derivadas del uso de las redes sociales, y no digamos ya cuando llegue la inteligencia artificial, que no están adaptadas. Hay mucha vulnerabilidad relacionada con esos ámbitos. No digo que sea fácil cubrir todas las situaciones, pero nuestro sistema de servicios sociales está un poco obsoleto.

¿Hay que actualizar la Ley regional de Servicios Sociales que data de 2010?

Sí, desde hace mucho tiempo. Estamos en ese proceso y fue algo que se planteó al director general de Acción Social. También pasa por revisar nuestro modelo de servicios sociales.

A nivel nacional se ha hecho un trabajo espectacular desde el Consejo General del Trabajo Social y hemos sugerido que se utilice, aunque haya que adaptarlo al territorio.

Hay una clara intención de que haya escisión entre las mujeres y que no se nos vea como un grupo de población fuerte porque damos miedo. Es una incursión política total y absolutamente

Hace unos días se celebraba el 25N y se ha hablado mucho este año de negacionismo e incluso de retroceso en las políticas contra la violencia machista tras la irrupción de la ultraderecha en las instituciones. ¿Usted qué opina?

Hay una imagen desoladora. Soy mujer y feminista, lo aplico en mi vida personal y profesional. Creo que el feminismo es plural. Hay muchas formas y jamás voy a decir que uno es mejor o peor. Aunque no se pertenezca a ningún colectivo, cada una puede hacer pequeños movimientos desde su metro cuadrado. Y son valientes.

Lo que está pasando en la escisión del feminismo... Es una incursión política total y absolutamente. Las mujeres siempre nos hemos acompañado y respetado. A unas les han llamado radicales porque han ido a la raíz del problema y se han atrevido a decir cosas que otras no nos atrevimos a decir antes. No por eso son peores mujeres. Simplemente son más valientes y están más expuestas. Una decide cómo quiere hacerlo. Y ya está. Como una se sienta más a gusto o más segura.

Es verdad que han llegado nuevas fuerzas políticas que han venido a removerlo todo y a desestabilizar. Había muchas personas en proceso de entender, pero claro, si llega alguien y le plantea si el feminismo existe o si es ideología de género... Eso hace mucho daño.

Estamos perdiendo la esencia. Salimos a la calle para denunciar los asesinatos machistas. Da igual qué color tengamos o si tenemos una u otra ideología política. Si no nos dejásemos salpicar por los partidos políticos, no ocurriría. Haríamos un favor a las mujeres que ya no están y a las que estamos aquí. Hay una clara intención de que haya escisión entre las mujeres y que no se nos vea como un grupo de población fuerte. Damos miedo porque somos fuertes e inteligentes.