Una sentencia judicial frena una macrogranja porcina en Cuenca tras considerarla “clandestina”

Es una macrogranja porcina “clandestina”. Así califica el magistrado la situación de una instalación intensiva en la localidad conquense de Almendros que fue construida en 2019. Lo hace en una sentencia fechada el 4 de marzo de 2022 por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca, que desestima el recurso interpuesto por Agropardal Almendros S.L., contra el Ayuntamiento de Almendros, que lleva desde 2021 reclamando la “legalización” de las instalaciones.

Esta empresa promotora de la instalación de ganadería intensiva había sido requerida por el actual gobierno local para que subsanase “deficiencias” en la instalación que no se corresponde con la licencia concedida durante otro mandato municipal previo. Se trataba en definitiva de “legalizar” la instalación, contra lo que la empresa presentó recurso que ahora ha perdido, aunque el magistrado abre la vía al recurso de apelación en 15 días, ante el mismo órgano judicial.

El magistrado habla de “procedencia del procedimiento de legalización incoado por el Ayuntamiento” y añade que los requerimientos del Consistorio deben ser “completados” por la empresa “sin que pueda entenderse otorgada la licencia de actividad, solicitada en fecha 26-VI-18”. Además, la sentencia dice que no se puede otorgar la licencia de ocupación que Agropardal pidió en 2021 porque antes se ha de comprobar que “las obras se han ejecutado conforme a las condiciones de la licencia urbanística”.

Fue en 2020 cuando la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, formada por una veintena de movimientos vecinales además de Ecologistas en Acción Cuenca y ACEM-Ecologistas de la Manchuela, denunció que la explotación de porcino se había puesto en marcha sin contar con la correspondiente licencia municipal de actividad, ni con la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Unos hechos que se pusieron en conocimiento del Ayuntamiento y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Además, Ecologistas en Acción, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) solicitaron al consistorio la revisión del expediente completo. De esta forma se abrió una investigación en la Sección de Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aclarar cómo esta explotación había obtenido el alta en el Registro Ganadero (REGA) sin concesión de agua ni licencia de actividad, que son “requisitos imprescindibles”, recuerdan

En realidad, el ‘culebrón’ en este pequeño municipio con las instalaciones ganaderas intensivas empezó antes. El caso viene de lejos y con dos intentos distintos en el tiempo de propiciar la instalación de una macrogranja en este pequeño municipio conquense. Ambos por parte de la misma empresa promotora, vinculada según la asociación vecinal, a la cárnica Incarlopsa, con sede en Tarancón.

El primero de esos intentos todavía está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (la macrogranja no llegó a construirse) y el segundo es este sobre el que ahora se pronuncia el juzgado conquense.

Pueblos Vivos Cuenca explica que los terrenos de esta explotación como los de la otra que intentaba ponerse en marcha pertenecían al entonces alcalde, Acisclo Jiménez, que los vendió a Agropardal. Se contaba con disponer de agua desde un pozo de abastecimiento propiedad del Ayuntamiento y de la electricidad desde un tendido eléctrico, propiedad también del Consistorio de Almendros. La tensión en el municipio a causa de la ganadería intensiva condicionó las elecciones municipales, hasta el punto de que el histórico alcalde no llegó ni a concurrir a los comicios.

Los dos proyectos ha encallado judicialmente por distintos motivos. Sobre el que ahora se pronuncia el juzgado conquense, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) confirmó en 2020 que la explotación no disponía de concesión de aguas. Además, inició expedientes sancionadores por la apertura de un sondeo en la parcela, localizada en la masa de agua Lillo-Quintanar-Sierra de Altomira, que se encuentra declarada en riesgo de sobreexplotación.

El Ayuntamiento de Almendros también confirmó que la explotación no disponía de licencia municipal de actividad. La actual alcaldesa de Almendros, Helena Fernández Castro del partido independiente PIDA, que desbancó al PP del Consistorio en 2019, sostiene que “hay que hacer las cosas bien desde el principio” y que, siguiendo el criterio de los funcionarios del Ayuntamiento, consideró “prevaricación por su parte autorizar una licencia de actividad de una obra ejecutada y cuyo fin no se correspondía con la licencia de obras obtenida”.

Subvención a la empresa promotora de una instalación clandestina

Por otro lado, y según la información de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la empresa promotora de esta explotación porcina, Agropardal de Almendros S.L. obtuvo en 2018 una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 155.031 euros. Esta subvención procedió de la línea de ayudas Adelante Inversión de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

La Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) ha anunciado que se dirigirá a la Consejería de Economía con el fin de conocer los protocolos que se siguieron para validar las subvenciones concedidas en esta explotación.

“No es un caso aislado”

Pueblos Vivos Cuenca sostiene que “el caso de Almendros no es aislado” y que “se han registrado numerosas irregularidades por parte de la Administración en la concesión de las autorizaciones a las macrogranjas en los últimos años”.

Se refiere a casos que tuvieron que ser dirimidos en los tribunales para proyectos en Huerta de la Obispalía o en Cañete o por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el caso de la macrogranja porcina de Villanueva de la Jara que se construía a 350 metros del pozo que abastece a Quintanar del Rey, cuyo proyecto se ha suspendido.

“Sabemos que muchas explotaciones ganaderas se ponen en marcha sin contar con todos los permisos pertinentes”, asegura Remedios Bobillo, presidenta de las Asociación Pueblos Vivos Cuenca quien advierte que van a estar “vigilantes y a hacer seguimiento de cada proyecto”.  

La asociación recuerda que en la actualidad más de 25 ayuntamientos de la provincia de Cuenca han aprobado ya ordenanzas que regulan y limitan el vertido de purines “ante el riesgo que suponen de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos”.  Además, otros cinco han aprobado una suspensión en la concesión de licencias para nuevas macrogranjas mientras preparan modificaciones en su plan urbanístico que limiten la instalación de este tipo de explotaciones de ganadería industrial.

Para Pueblos Vivos Cuenca, “esta preocupación creciente por el estado de las aguas se basa en evidencias cada vez más alarmantes” y ponen como ejemplo el hecho de que el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) adscrito al Ministerio de Sanidad registrase en 2020 datos de nueve municipios de la provincia de Cuenca cuya agua de grifo superó los 50 mg/l de nitratos. Un dato a partir del cual el agua se considera no potable.

La pasada semana se hacía público que el 63% de las aguas subterráneas analizadas en Castilla-La Mancha por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos.