El tercer sector social ya tiene reconocimiento con rango de ley en Castilla-La Mancha

El tercer sector social de Castilla-La Macha ya tiene su propia normativa de reconocimiento y definición. Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad esta ley prometida por el presidente regional, Emiliano García-Page, en la pasada legislatura, y que supone una petición de hace años por parte de los colectivos y entidades sociales que trabajan sin ánimo de lucro para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo mediante el cual se han consensuado varias propuestas derivadas de las enmiendas que quedaban ‘vivas’. Entre ellas se encuentra la propuesta mediante la cual se garantiza la aprobación de un nuevo concierto social (la vía mediante la cual se financian estas asociaciones y entidades) en el plazo de un año, un compromiso del Gobierno regional que se pondrá en marcha mediante decreto durante el presente ejercicio. Aunque el acuerdo no fue posible en la Comisión de Bienestar Social, sí ha sido así de cara a la sesión plenaria.

Con este visto bueno del pleno, Castilla-La Mancha se convierte en la cuarta comunidad autónoma en disponer de una normativa propia sobre el tercer sector. En esta región, hay unas 5.200 entidades sociales que atienden a 400.000 personas de forma directa y a un millón de forma indirecta, con 6.400 personas contratadas. A su financiación se destinan unos 300 millones de euros anuales. Además, con la previsión de un concierto social plurianual y que se aprobará mediante decreto, las entidades sociales no deben estar cada año pendientes de las subvenciones y pueden planificar sus acciones a largo plazo.

Al pleno de las Cortes castellanomanchegas han acudido muchos de estos colectivos, organizaciones, asociaciones y entidades, a los que ha dado la bienvenida la consejera del Bienestar Social, Aurelia Sánchez, agradeciendo sus propuestas y participación en la redacción de la ley. Durante su intervención en defensa de la normativa, la consejera ha subrayado que es un día “emocionante y cargado de significado”.

El diputado del PSOE Pablo Camacho ha sido el encargado de anunciar el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, que incluye nuevos textos consensuados tanto con Ciudadanos como con el PP en base a las enmiendas que se mantenían ‘vivas’. Ha concluido con una cita de Bertolt Brecht: “Hay personas que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, y otros que luchan toda la vida y son imprescindibles”. “Muchas gracias a tantos y tantas imprescindibles que hacen de Castilla-La Mancha una región mejor”, ha destacado.

Por su parte, el diputado del PP Vicente Aroca también ha defendido la “entrega y dedicación” de las organizaciones sociales que trabajan para las personas más vulnerables, como “ejemplo de compromiso con la sociedad”. Y ha destacado la importancia de las propuestas incluidas por su grupo parlamentario: la inclusión del término “pobreza”, el reconocimiento del voluntariado y fijar un plazo de 12 de meses para la concertación social. De no haber sido, “esta ley hubiera quedado en papel mojado”. 

Finalmente, desde Ciudadanos, la diputada Úrsula López también ha celebrado el consenso y las aportaciones que han “enriquecido” la ley, así como la acción diaria de todas las entidades del tercer sector. Particularmente, se ha felicitado por la incorporación de las enmiendas de este partido por la que se reconoce la soledad no deseada, el desempleo femenino o la discriminación por razón de orientación y condición sexual, como elementos de intervención social. También ha destacado la incorporación de una previsión plurianual de financiación de las asociaciones del tercer sector y se ha dirigido a las asociaciones presentes para afirmar que la sociedad “tenemos una deuda con ustedes”.

¿Qué es el tercer sector?

El tercer sector hace referencia a ese ámbito de la economía formado por entidades que no son del sector privado ni buscan beneficios, ni tampoco del colectivo público, es decir dependientes de las administraciones. Surgen desde la ciudadanía y en su mayoría se dedican a la intervención social en acciones humanitarias, educativas, sanitarias, medioambientales, de protección animal y de cooperaciones internacional, entre otras muchas. En Castilla-La Mancha, por su amplitud, hay multitud de entidades de este sector con las que el Ejecutivo regional llevaba varios años preparando la ley.

Una de las principales novedades de la ley es la creación de un Inventario de Entidades Sociales y una Comisión para el Diálogo Civil. La composición y funciones de este nuevo órgano se determinarán reglamentariamente tras la entrada en vigor de la ley, y su función principal será impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, “para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza”.

Precisamente a través de la futura comisión se realizará  una estrategia de promoción que incluirá actuaciones que impulsarán cada una de las partes y actuaciones en colaboración. La estrategia, que tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, contemplará el apoyo a la cultura del voluntariado, la colaboración con el sector público, el desarrollo de la base social y la participación en las organizaciones.