El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha “urgido” a la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda. El grupo recuerda que el precio medio del alquiler en la capital autonómica es de 794 euros mensuales. “Es decir, que casi la mitad del salario anual –con una media de 17.761 euros las mujeres y 22.253 los hombres-se destinaría al pago únicamente del alquiler, sin contar con otros suministros”, resaltan.
De este modo, se muestran “preocupados” por la situación del mercado de vivienda en Toledo. “Son numerosos los informes que revelan que la ciudad presenta un déficit de vivienda y a un precio difícilmente accesible, 794 euros mensuales según informes de la propia EMV, para la mermada economía de muchos jóvenes y familias que padecen además los efectos de un contexto inflacionista como el que vivimos”, señalan.
Además, han lamentado la “cobardía” y la “irresponsabilidad institucional” de las declaraciones al respecto del alcalde, Carlos Velázquez, que señaló que no se contempla la declaración de zona tensionada.
“No solicitar esta declaración es impedir el acceso a la vivienda a gran parte de la población a la que dice que representa, es cerrar la puerta a un derecho fundamental de una forma irresponsable y hasta cruel, permitiendo que los grandes tenedores campen a sus anchas en la ciudad de Toledo”, ha reprochado el portavoz, Txema Fernández.
De este modo, han anunciado que defenderán en el próximo pleno una moción con el objetivo de hacer ver al equipo de Gobierno que la falta de políticas en favor de la vivienda social y asequible no se solucionan con declaraciones de proyectos a futuro, “sino con acciones más inmediatas”. Una de ellas, consideran, es declarar al municipio de Toledo “zona de mercado residencial tensionado” para poder establecer topes al alquiler.
“Es sensato”
“Es sensato, responsable y nos pondríamos del lado de quienes lo necesitan que, además, esperan que sus administraciones se pongan de su lado en los momentos complicados y que ejecuten sus decisiones con responsabilidad; otra cosa sería dar la espalda”, defiende Txema Fernández.
El concejal de Izquierda Unida recuerda que en Toledo, y según datos del INE, existen alrededor de 3.500 viviendas vacías que podrían salir al mercado con la declaración de zona tensionada, que establece beneficios fiscales para los propietarios. Además, señalan que se permite la modificación de las ordenanzas municipales para que los Ayuntamientos puedan incluir un recargo en el IBI a las viviendas vacías de entre un 50 y un 150%.
Fernández también apunta a que la Ley por el Derecho a la Vivienda determina que para poder declarar una zona tensionada la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, ha de suponer más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
Por eso, desde Izquierda Unida consideran que la negativa del alcalde a solicitar la declaración de zona tensionada es, “de facto, impedir el acceso a este derecho humano esencial, cerrar la puerta a que una gran parte de la población pueda acceder a una vivienda”.