El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha remitido este miércoles una carta a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la que traslada la disposición de la Junta de Castilla y León a colaborar con el Gobierno de España en la acogida de migrantes. La comunidad ha manifestado además su interés por recibir a las personas con mayores necesidades, en especial, a los menores no acompañados y a los solicitantes de asilo. En la carta, Igea pide al ejecutivo de Sánchez que aúne la política migratoria con medidas para evitar la despoblación: “El Gobierno debe caminar en una senda común facilitando que las personas que tengan un proyecto de vida en nuestros despoblados municipios, obtengan todas las facilidades posibles”.
En la carta, Igea apunta que la llegada de migrantes ayudaría a combatir el reto demográfico. La Comunidad es la segunda del país con una tasa de natalidad más baja, la tercera más envejecida y la segunda con mayor esperanza de vida. En este sentido, la Junta plantea que Castilla y León sea “una tierra de vida y territorio de acogida” y reciba un número indeterminado de extranjeros. Para el vicepresidente, el colectivo de los inmigrantes resulta “en muchos casos fundamental y esperanzador para evitar la despoblación y el aislamiento de la mayoría de municipios”, y es un elemento esencial para “garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos y, también y muy particularmente, privados, que lógicamente están guiados por criterios de rentabilidad; unos servicios que, al final, repercuten en la calidad de vida de toda la población”.
Según el INE, en Castilla y León se encuentran registradas aproximadamente 150.000 personas extranjeras, lo que representa un incremento del 12 % en relación con los últimos datos definitivos a 1 de enero de 2018, es por ello que la comunidad defiende que hasta ahora, “la inmigración ha supuesto una tabla de salvación” en los últimos años.
En un comunicado, la Junta apremia al Gobierno de España “a mejorar la coordinación de las políticas migratorias con el objetivo de atender a las necesidades de las personas -en primer lugar- y también de municipios y territorios en riesgo grave de despoblación como los de Castilla y León ”donde la llegada de personas inmigrantes es sinónimo de riqueza y prosperidad.
Permitir que los solicitantes de asilo tengan acceso al mercado de trabajo
La mayor urgencia, indica Igea, es la privación del acceso al mercado de trabajo de las personas solicitantes de asilo que han visto denegada su solicitud por parte del Ministerio del Interior, pero que se encuentran pendientes de recurso ante una segunda instancia (administrativa o judicial), no solo no es oportuna, sino que incluso puede ser contraria a la normativa comunitaria (art. 2 y 15 Directiva de Acogida y STJUE C.181-2016, de 19 de junio). Enfatiza el vicepresidente que “esta privación de derechos (autorización para trabajar, prestación de desempleo, acceso a servicios y prestaciones de empleo, etc.) empuja a este colectivo a la exclusión social, obligando a personas que no pueden ser expulsadas a depender de programas sociales públicos y/o privados, forzando a caer en la economía sumergida e ilegal.