El adelanto electoral deja a Castilla y León sin leyes de Transparencia, LGTBI y contra la corrupción

Era una de las grandes bazas del gobierno de coalición PP-Ciudadanos en Castilla y León: el partido naranja creaba la Consejería de Transparencia y prometía “reformas, regeneración y lucha contra la corrupción”, pero lo cierto es que muy poco de todo el trabajo realizado dará sus frutos. También quería reordenar el territorio y las áreas de salud para adaptarlas al siglo XXI. Sin embargo, en estos dos años las Cortes de Castilla y León no han aprobado ni una sola ley de Ciudadanos. El adelanto electoral deja a la comunidad sin leyes de Transparencia, LGTBI y contra la corrupción, entre otras.

En concreto, no se ha aprobado ninguna de las ocho leyes en las que ha estado trabajando la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior –dirigida hasta ahora por el exvicepresidente y exportavoz autonómico, Francisco Igea–. Se trata de las leyes de Transparencia; la Oficina contra el Fraude y la Corrupción; la Participación Ciudadana; los estatutos de Altos Cargos; el Gobierno y la Administración; Ordenación del Territorio; Cooperación al Desarrollo y Dinamización demográfica. Algunas de estas leyes se tenían que haber aprobado en Consejo de Gobierno en el último trimestre de 2021, pero ni siquiera dieron este paso.

La labor de la dirección de Transparencia durante la pandemia –sobre todo en los primeros meses– ha sido ampliamente reconocida también, y ya había conseguido que el Consejo de Gobierno aprobara tres proyectos legislativos y que estaban en las Cortes de Castilla y León: la Ley de Transparencia, la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción y la Ley de Ordenación Territorial.

En las Cortes, de hecho, solo había cuatro leyes en trámite, y todas de Ciudadanos: las tres de Transparencia y la Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida.

Las únicas leyes que se han aprobado han sido las que dependen de las carteras del PP: la Ley de Servicios Sociales, la Ley de la Caza, la Ley del Tercer Sector y la tan sonada supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta última iniciativa –que afectaba a entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses que heredaban más de 400.000 euros cada uno– estaba incluida en los programas electorales del PP y de Ciudadanos, pero la cartera que lo gestiona es Hacienda (PP). También se aprobó una Ley para declarar Parque Natural “Sabinares del Arlanza–La Yecla”, las leyes correspondientes a los Presupuestos de la Comunidad de 2021 y otra de flexibilidad financiera para hacer frente a los gastos imprevistos derivados de la pandemia.

Los cambios que planteaba la Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia, aprobada en octubre de 2021 en Consejo de Gobierno, pretendía ser más exigente, incluía a las entidades locales y sancionaba a las administraciones y empresas que recibieran dinero público y que incumplieran la norma. Al no haberse aprobado, Castilla y León mantiene su Ley de 2015, mucho más limitada que la que Ciudadanos quería abordar.

La Oficina contra la corrupción pretendía que un ciudadano anónimo pudiera denunciar a cualquier entidad con financiación pública, sin necesidad de que se tratara de un funcionario. También podría investigar la corrupción de cualquier entidad que recibiera fondos públicos de la Junta, incluidos los partidos políticos, sindicatos, subcontratas y administraciones. Tenía un ámbito de aplicación tan amplio que el Consejo Consultivo advertía de la posibilidad de que la oficina no se “ajustase a la normativa”. Tampoco salió adelante en las Cortes de forma ágil, por lo que queda en agua de borrajas.

A pesar de todo, la Consejería de Transparencia ha realizado avances en esta materia desde el principio: por ejemplo, eliminando el acceso con DNI electrónico para realizar peticiones a través del portal de Transparencia. También se aprobó a finales de 2019 que las agendas de los dirigentes políticos fueran públicas, además de un Código Ético que prohibía regalos como invitaciones, comidas o entradas a espectáculos. También se ha implantado la huella normativa, que obliga a la administración autonómica a hacer públicos todos los trámites de la elaboración de leyes, decretos y otros textos normativos.

Una nueva legislatura sin ley LGTBI

Esta la segunda legislatura en la que hay una Ley LGTBI que se queda a medias. Si durante el último mandato de Juan Vicente Herrera, la ley se quedó paralizada durante años en las Cortes –bloqueada por el PP–; en esta legislatura ni siquiera se había aprobado en Consejo de Gobierno. Según informan desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades –en manos del PP–, el texto había salido del Consejo Consultivo hace pocos días. El trabajo del gobierno autonómico estaba prácticamente terminándose, aunque luego hubiera sido necesario su paso y negociación en las Cortes. Al disolverse las Cortes, el Consejo de Gobierno no puede aprobar Proyectos de Ley.

Castilla y León se mantiene como una de las cuatro comunidades autónomas –– sin una ley específica en materia LGTB. Como esta norma empezó a elaborarse antes de la implantación de la huella normativa, por lo que solo se conoce el anteproyecto de la ley que fue sometido a información pública en diciembre de 2019.

La Federación de LGTBI de Castilla y León no estaba satisfecha con el anteproyecto planteado por la Junta porque consideraba que no garantizaba los derechos de las personas transexuales, ni protegía a los menores contra el acoso escolar por razones de orientación e identidad sexual.

Durante el último gobierno de Herrera, las Cortes aprobaron una Ley LGTB presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL y apoyada por la federación autonómica LGTBI. Sin embargo, durante este mandato Ciudadanos no apoyó esta norma y respaldó la iniciativa del Partido Popular.

La FECyLGTB+ reprochaba que el anteproyecto presentado no garantiza la atención sanitaria de las personas transexuales en plena igualdad por la ambigüedad del texto. El borrador del gobierno eliminaba un apartado que sí estaba en la anterior propuesta y que garantizaba que las personas transexuales tendrían asistencia sanitaria especializada sin necesidad de someterse a un examen psicológico o psiquiátrico.

Otras leyes que se quedan fuera

Estos no son los únicos textos normativos que la Junta prometió pero que no se aplicarán. La exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, no ha conseguido implantar la mayoría de las reformas en Atención Primaria, aunque algunos de sus planes como los maletines digitales y ecógrafos portátiles para el medio rural ya están muy avanzados. Tampoco saldrán adelante las leyes de derechos y garantías de las personas al final de su vida ni la modificación de los criterios declaración y regulación de los puestos de difícil cobertura en el medio rural.

Ciudadanos había proyectado una Ley de Patrimonio Cultural, pero los Servicios Jurídicos estaban trabajando con el anteproyecto, que tenía que ser supervisado todavía por el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo. También se queda fuera le Ley de Áreas de Promoción Económica que estaba elaborando la Consejería de Empleo, también en mano del partido naranja.

Además, para 2022 estaba prevista la aprobación de más de una quincena de leyes nuevas como la Ley del Juego, la reforma de Vivienda, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Coordinación en la lucha contra incendios, la Ley de Violencia de Género, la reforma de la atención residencial o la de Urbanismo.