Un año de gobierno entre PP y Ciudadanos en Castilla y León: un viaje a ninguna parte lleno de promesas incumplidas

Se ha cumplido ya un año desde que el líder más rebelde de Ciudadanos se allanase y firmase un pacto de Gobierno con el Partido Popular en Castilla y León. Francisco Igea, el candidato improbable, había prometido machaconamente acabar con “32 años de políticas opacas” y dijo del hoy presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que sólo le faltaba haber sido consejero de Marina de la Junta de Castilla y León, habida cuenta de la cantidad de cargos que ostentó después de una vida dedicada únicamente a la política.

En cuestión de 12 meses uno y otro han emprendido un viaje a ninguna parte. Su relación es aparentemente cordial ante la prensa pero no tan sencilla cuando los focos no apuntan. Fuentes del Ejecutivo confirman a eldiario.es que la presión de Igea sobre Fernández Mañueco es constante: amenaza con romper el pacto cada vez que este intenta resistirse a sus demandas.

Ninguno de los dos ganaría con esa decisión: Igea apenas tiene apoyos en su grupo parlamentario, con 12 escaños de un total de 81, y difícilmente podría pactar con el PSOE, que tiene 35. Pero es que el PP, con 29 procuradores, tampoco tendría más opciones. Si el pacto quiebra, hay que convocar elecciones y ni uno ni otro sería elegido por su partido como candidato. Francisco Igea volvería a su trabajo de médico, pero Fernández Mañueco no conoce otro trabajo que la política.

El consejero que dimitió en plena crisis

El tira y afloja entre uno y otro ya se está cobrando víctimas. En plena crisis del COVID-19, el consejero de Empleo e Industria (Cs), Germán Barrios, dijo que no aguantaba más y presentó su dimisión a Fernández Mañueco. La aceptó sin problemas. Igea llevaba meses forzando la salida de Barrios y amenazaba, “lo hace constantemente”, insisten desde la Junta, con romper la baraja. La dimisión se produjo poco antes de una rueda de prensa. Aunque en un principio se adujeron “motivos personales” e incluso dejaron caer que por medio había un problema de salud, Barrios aclaró después que tenía una muy mala relación con Igea. No hubo más explicaciones, y mucho menos por parte del Ejecutivo, que afrontó así una primera crisis de gobierno.

El asunto se solventó con rapidez, buscando una sustituta a gusto de la dirección nacional de Ciudadanos, que se negó al nombramiento del viceconsejero David Martín pero admitió a la portavoz parlamentaria Ana Carlota Amigo, eso sí, previa renuncia a su escaño. De esa manera, Igea perdía peso en el grupo parlamentario, alejando la amenaza de la ruptura del bipartito, pero lo ganaba en una consejería en la que siempre quiso control. Tanto es así que la llegada de Amigo supuso una purga de cargos y el aterrizaje de afines. Entre ellos el del exdiputado sin escaño, José Antonio Bartolomé, como director general de Trabajo. Colocar a Bartolomé en Empleo no fue una novedad, hubo reiterados y fallidos intentos en la etapa de Barrios.

Pero, lejos de asumir como un grave error la salida de Barrios -era un momento en el que Empleo debía tramitar miles de Ertes- se adornó con lo que algún político de la oposición denominó jocosamente como la “ceremonia de entronización de Ana Carlota (Amigo)”. La nueva consejera tuvo su acto de nombramiento en el patio central de Presidencia, el pleno luto y confinamiento de la población. Desde provincias como León, Soria o Salamanca acudieron altos cargos, empresarios y sindicalistas que por el decreto de alarma no podían abandonar su ciudad de residencia. Los que se negaron, unos pocos, no se libraron del reproche privado.

El pacto incumplido un año después

“La política es cumplir acuerdos, hacer programa, cambiar las cosas”, decía Francisco Igea este viernes cuando hacía balance junto al presidente Alfonso Fernández Mañueco de su año de gobierno, un pacto que empezó como un “matrimonio de conveniencia en el que ahora hay amor”. Lo cierto es que firmaron un acuerdo con 100 puntos que ponían en duda el proyecto de regeneración que vendió Igea en su campaña electoral. Un año después, es papel mojado ya en sus primeras páginas.

El punto número 2, la reforma “urgente” de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los miembros del Parlamento autonómico y de los miembros de la Junta de Castilla y León, no era más que un brindis al sol. Se demostró el pasado mes de marzo. Se trata de un cambio que requiere la mayoría cualificada en el Parlamento. Proponer no es lograr y no se consiguió. El PSOE, que ganó las elecciones condicionó el voto favorable a blindar el suelo social, a lo que no se avino el bipartito. El asunto no podrá abordarse hasta que haya transcurrido un año del primer intento.

El punto 3, el de constituir una comisión paritaria entre PP y Ciudadanos para analizar la utilidad y funcionamiento de las entidades del sector público para determinar la extinción de algunas de ellas, lo que es lo mismo, la eliminación de 'chiringuitos' a la que también se refería Igea en campaña, tampoco ha acabado de cumplirse. Según anunció el pasado jueves, la comisión ya ha acabado su análisis y ahora tiene que empezar a elaborar informes. Pero esto lo contó tras la polvareda que se levantó cuando elDiario.es adelantó que una exdiputada de Ciudadanos que había perdido su escaño el 10N, Soraya Mayo, había fichado con un contrato de alta dirección en uno de esos 'chiringuitos', el Itacyl. Otro de los entes que se pretendía borrar del mapa era la Fundación Villalar, dependiente de las Cortes de Castilla y León, presidida por Ciudadanos. El borrado sólo ha afectado al nombre, ahora se llama Fundación Castilla y León.

Reparto de puestos a dedo

El siguiente punto, el 4, “restringir los puestos de libre designación, siendo el concurso la regla general de provisión de puestos de trabajo” no puede ser más utópico: no sólo se ha colocado a los exdiputados Bartolomé y Mayo, antes mencionados, también se ha prescindido de directores generales de Empleo o se han recolocado a cargos de confianza desechados por el presidente Luis Fuentes en las Cortes y que ha recalado como asesores en el Grupo Parlamentario. Pero es que era un plan que se incumplió desde el minuto cero: Ciudadanos se tragó sin respirar el sapo de tener al exportavoz del PP en el senado y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, como asesor en la Junta de Castilla y León. Por si eso fuera poco, acabó votando a favor de hacer al exdiputado Javier Maroto, alavés, senador autonómico por Castilla y León, empadronamiento exprés incluido.

Restricción de subvenciones directas pero no para RTVCYL que cobrará 20 millones en 2020

La publicidad y los medios era uno de los temas más recurrentes para Igea. Es cierto que como se comprometió en el pacto, se ha creado la comisión para evaluar el Plan de Medios de la última legislatura (con los partidos de la oposición reclamando continuamente documentación de la que se habla pero que no tienen) pero también es cierto que se ha incumplido, flagrantemente el punto 14. En él se abordaba un punto clave, los contratos a empresas cuyos consejeros o accionistas mayoritarios tuviesen condenas firmes. Con ese primer apartado se lanzaba un aviso: el empresario José Luis Ulibarri está imputado en una pieza de Gürtel y acusado en otra, además está investigado en Púnica y en Enredadera, y es propietario del 50% de Televisión Castilla y León, el medio que recibe subvenciones millonarias cada año. Si se le llega a condenar y la sentencia adquiere firmeza, no podría recibir ese dinero. Pero para todo hay solución, sólo tiene que dejar de ser consejero o accionista. De momento, sus tres hijos son consejeros, y su salida podría estar cerca. En cualquier caso, hay otro apartado, el b, que tibiamente dice que “se restringirán las subvenciones directas”. Evidentemente no dice cómo y por eso en plena crisis del coronavirus Igea anunció una subvención de 6 millones a Televisión Castilla y León (en realidad son 20 en este 2020) para “garantizar el acceso a la información”.

También fue llamativa la eliminación del Impuesto de Donaciones, un triunfo para el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Llegó a las Cortes, pero se ha tenido que suspender por la crisis del coronavirus.

Igualdad en un Gobierno de 6 hombres y 4 mujeres

En materia de Empleo están por ver la creación de una oficina de retorno, el fomento de la igualdad -en un Gobierno formado por 6 consejeros y 4 consejeras, 7-3 antes de la dimisión de Barrios-, la tarifa plana para autónomos o la creación de una “plataforma para emprendedores rurales”, y unas cuantas y abstractas propuestas más que, de momento, han quedado en nada.

Poco se puede reprochar respecto a las propuestas de Sanidad dada la situación que creó la pandemia. Es cierto que se empezaron a publicar las listas de espera estructurales y no estructurales. Pero quedan otras promesas como la de elección de centro hospitalario o la eliminación de las bolsas de temporalidad en el personal sanitario, entre otros cambios entre los que destacan telemedicina o “consultas de alta resolución” para pacientes que residan a más de 50 kilómetros de su hospital de referencia. Uno de los puntos más conflictivos es del la reversión del Hospital de Burgos (HUBU) cuyo proceso de adjudicación, construcción y concesión está en manos de la Fiscalía. Igea, aseguró este viernes que es un proceso que sigue en marcha y que hay reuniones habituales con la concesionaria, si bien hasta el momento no hay decisión. Mientras, el procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Briones, ha advertido de una “guerra abierta” entre el Sacyl y la concesionaria y ha asegurado que “muy pronto” se conocerán nuevos datos vinculados a la posible reversión que “cambiarán las cosas”, si bien ha dicho que podía adelantar ninguna cuestión, a la vez que ha asegurado que los socialistas han recibido presiones para no hacer pública dicha información.

En materia de políticas sociales destaca la falta de la Ley LGTBI, que había empezado a tramitarse en la anterior legislatura con la colaboración de las asociaciones y colectivos vinculados y que rechazaron el primer borrador por no defender sus derechos. Faltan también medidas de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, a menores o para la atención de personas mayores solas.

Para que el papel sostenga todas las promesas de Fernández Mañueco e Igea quedan tres años en un escenario incierto. El comienzo, como apuntan los evidentes incumplimientos, no ha sido bueno.