Castilla y León aprueba su nueva Relación de Puestos de Trabajo con 16.304 plazas frente a las 17.792 de la anterior

La Junta de Castilla y León ha aprobado la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario. Desde el 1 de octubre, la administración autonómica estará formada por 16.304 puestos frente a los 17.792 de la anterior. Según ha explicado el consejero de la Presidencia, en total se han amortizado 3.311 puestos y se han creado 1.823.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gago ha explicado que esta nueva RPT proviene de una anterior, “en su mayoría de 1996” y con “alguna modificación puntual” tras varios intentos de la Junta en actualizarla y que acabó con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulando la RPT.“,

Según ha relatado el consejero, la anulación de este catálogo por sentencia del TSJ impidió sacar adelante dichas RPTs en dos ocasiones: la primera, en 2018, cuando el Tribunal consideró que dicho catálogo tendría que haber sido aprobado mediante una norma con rango de decreto, en lugar de por Acuerdo; y la segunda, en 2019, por un defecto formal producido por la ausencia de informe del Consejo Consultivo al Decreto por el que se aprobaba el catálogo de puestos tipo.

A causa de estas dos sentencias judiciales, en 2020 se procedió a modificar la Ley de la Función Pública de Castilla y León mediante decreto-ley, con la finalidad de derogar la existencia del instrumento jurídico del catálogo de puestos tipo. En consecuencia, las RPTs aprobadas dar “seguridad jurídica” a todos los empleados públicos afectados, como ha indicado Gago.

Asimismo, tras años de negociación ve la luz una RPT que cumplen con “las demandas de la ciudadanía”, ha expresado el consejero, lo que es “una auténtica prioridad” para la Junta, ha apostillado.

La RPT aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia engloba a los puestos de trabajo de funcionario de la Administración General de la Comunidad, y afecta a los 11.675 empleados públicos que en la actualidad ocupan uno de estos puestos en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el ECyL, el SACyL y la Gerencia de Servicios Sociales.

Sobre la reducción global de los puestos de personal funcionario, Gago ha señalado que se debe a “tres circunstancias”. La primera busca mejorar la eficiencia de la administración, al datar de 1966 la sociedad ha evolucionado por lo que los puestos han cambiado y, por último, se busca la promoción del acceso al empleo público en la Administración Autonómica.

Para eliminar lo puestos se ha tenido en cuenta aquellos que llevan vacantes más tiempo o que nunca se han ocupado. Por otro lado, se han suprimido puestos que son prescindibles debido a que sus funciones asociadas ya no se acomodan a las necesidades reales del servicio público. Por último, se han suprimido puestos que no son atractivos para el empleado público, al tiempo que se han mejorado aquellos puestos que son necesarios para atender el servicio público.

Según el consejero de los 16.304 puestos, 11.675 están ya ocupados por funcionarios y quedan vacantes 4.629 para “ir cubriendo las necesidades posteriores a medio y largo plazo”.

El objetivo que se ha propuesto la Junta, según el consejero de la Presidencia, es atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos. Para ello, la administración autonómica ha reorganizado la estructura interna de las 10 consejerías y de los organismos autónomos de la Comunidad —Gerencia Regional de Salud, Servicio Público de Empleo y Gerencia de Servicios Sociales—.

Mejoras retributivas en las zonas “periféricas” y “ultraperiféricas”

Otro aspecto a destacar es que también se ha modificado los servicios en las delegaciones territoriales de la Junta además de lo que Gago ha calificado como “servicios periféricos” de las provincias —los que no están en las capitales— y “ultraperiféricos” —174 municipios de menos de 5.000 habitantes a más de 50 kilómetros de una ciudad de 20.000 habitantes—. Para hacer más atractivos estos destinos para el personal estos puestos tendrán mejoras en las condiciones retributivas, como ha apuntado el consejero.

Para tratar de cubrir puestos vacantes, la Junta podrá atraer funcionarios de otras administraciones públicas. Esta posibilidad, destinada a empleados de ayuntamientos o autonomías limítrofes se limita al 8,15% del total.

Sobre el aspecto económico, Gago ha afirmado que 10.706 puestos de trabajo tendrán una mejora retributiva en el complemento de destino y/o su complemento específico al haberse homologado los puestos para evitar disparidades. Además, la Junta mejora las condiciones del teletrabajado para ayudar a la conciliación familiar.

Además, se abre la posibilidad, en caso de que estos puestos queden sin cubrir, de que puedan ser provistos con f, ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas limítrofes. En total, el porcentaje de puestos abiertos a otras administraciones públicas es de un 8,15 por ciento, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones.

Por otro lado, con esta nueva RPT se busca homologar los puestos de trabajo, de manera que se evite la disparidad de tipos de puestos para “idénticas funciones”. Esta homologación supone la mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, es decir, un 66 por ciento del total, que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico.

También se van a mejorar las condiciones de teletrabajo, para hacer esta modalidad más atractiva para los empleados públicos y avanzar en la conciliación con la vida familiar. “Es más positivo que no hacer atractivo ese puesto y que no lo ocupe nadie”, ha defendido el consejero de la Presidencia.

El coste de la nueva RPT pasa de costar 698,4 millones de euros al año a 701,8 millones de euros al año. El cálculo de los costes se realiza desde un punto de vista teórico considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario (antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial).

El 1 de octubre entra en vigor la nueva RPT que ha contado con los votos a favor del sindicato USCAL, la abstención de CSIF, UGT y FSEES y el voto en contra de CCOO y CGT.

EL PSOE señala que la nueva RPT “no gusta a casi nadie”

El PSOE de Castilla y León ha criticado la “debilidad” de la función pública en Castilla y León fruto de los años de recortes y ha advertido de que la nueva Relación de Puestos de Trabajo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta “no gusta a casi nadie”, informa EFE

“Se amortizan nada menos que 3.311 puestos de trabajo repartidos entre todas las consejerías y esto es porque al señor Mañueco parece que no considera necesario tener más personal”, ha reprochado la procuradora socialista Yolanda Sacristán, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en las Cortes y en la que también ha participado su compañero, Luis Briones.

Sacristán ha lamentado que no sólo se amortizan las plazas de persona, sino que no se cubren las bajas ni las jubilaciones, una situación que a su juicio es fruto de no querer modificar el decreto que regula las bolsas de empleo, lo que obliga a acudir en muchas ocasiones a las Oficinas de Empleo, “haciendo de estos contratos un sistema opaco y de falta de transparencia”.

En concreto, ha señalado los riesgos que supone esta falta de personal en la prestación de servicios básicos como la atención sanitaria, especialmente en época estival y en el medio rural, y ha subrayado que “los cambios laborales y económicos son más necesarios que nunca para frenar ese déficit de sanitarios”.