El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno está evitando tomar medidas para ilegalizar prácticas de organizaciones disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro y lobbies, que realmente “se dedican a acosar y amenazar judicialmente a alcaldes y alcaldesas o cargos públicos demócratas. A quienes no piensan como ellos, instrumentalizando la Justicia y judicializando la vida de las personas además de otras prácticas de acoso personal”, ha señalado.
El senador reprocha la tímida respuesta del Gobierno ante estas fundaciones que buscan eco mediático de sus campañas, como la entidad Abogados Cristianos. En forma de fundación, esta entidad está inscrita a nivel autonómico en Castilla y León, lo que implica en la respuesta del Gobierno que escapa a su control por no ser de ámbito estatal y avala que no se tomen ninguna clase de medidas al respecto. “Entidades así, detrás de nombres simpáticos, se dedican a atacar judicialmente a alcaldes que se dedican a cumplir las leyes de memoria histórica, de derechos de las personas, derechos LGTB, etc, haciendo pasar calvarios judiciales a personas dignas con una utilización abusiva de las estructuras judiciales, afectando a su tranquilidad o directamente causando problemas económicos al tener que buscarse una defensa, a pesar que pierdan en la mayoría de casos denunciados. ¿Qué son realmente estas entidades y qué buscan?”, se pregunta el senador.
Para Mulet “el Gobierno se debiera preocupar por esta clase de prácticas y, posiblemente, vistos los antecedentes de estos grupos debería interesar de la Fiscalía en defensa del interés público y los derechos humanos y abrir una investigación rigurosa de esta clase de entidades sostenidas por grupos ultras para desprestigiar, aplastar, perseguir ideologías de personas decentes y manipular las sociedades, siempre de forma presunta, claro. No únicamente analizar sus prácticas de acosos judicial y mediático, sino también cómo se financian. No es solamente que te agredan con denuncias en los juzgados, es que emprenden campañas de desprestigio y acoso por las redes sociales, como prácticas de bombardeo de correos electrónicos, utilización de la imagen personal o cualquier práctica que merecería un calificativo poco amable. En muchos casos actúan contra cargos públicos de pequeños ayuntamientos que ni disponen de servicios jurídicos”.
La coalición lamenta además el ejercicio de manipulación, ya que se disfrazan de cristianos, cuando lo que son es propagadores del integrismo más alejado de las enseñanzas cristianas. “La futura Ley de Memoria democrática debería ilegalizar esta clase de prácticas de inmediato, bien sea bajo el paraguas de organizaciones o a nivel personal, que bloquean la aplicación de la normativa, no solo de eliminación de símbolos franquistas con tintes religiosos como cruces del espacio público, de imposible resignificación, o directamente defendiendo el franquismo, e incluso en espacios sin símbolos religiosos, haciendo por lo tanto apología de un régimen genocida, por lo que quien atenta contra los derechos con estas prácticas, no puede ser legal en nuestro Estado. Tampoco quienes persiguen judicialmente a las administraciones que respetan los derechos humanos o los derechos LGTBI, son siempre las mismas organizaciones integristas que piensan que pueden ir impartiendo el terror de la lawfare, ya que si bien no ganan nada en los tribunales, amargan la existencia a quienes no piensan como ellos”, señala el senador valencianista.
Igualmente Mulet ha lanzado un mensaje a quien ayuda a propagar este discurso integrista: “Lo que buscan siempre es repercusión pública y mediática, y vemos como ciertos medios propagan alegremente sus acciones de manera acrítica, dando luego escasa transcendencia a sus fracasos judiciales, y con esta publicidad gratuita previa consiguen precisamente su objetivo, que es señalar a los demócratas y exponerlos al escarnio público. Quienes hemos sufridos sus campañas de acoso aunque sea mediante el bombardeo de correos y mensajes en las redes, sabemos que su objetivo es coartar nuestra propia libertad de expresión” Por ese motivo, desde la coalición avanzan que se incluirán en las tramitación de la ley de Memoria Democrática las enmiendas necesarias para acabar con estas prácticas y organizaciones“.