La Junta de Castilla y León deja fuera de la ley de Transparencia la regulación de los lobbies

La Junta de Castilla y León deja al lobby fuera de la ley de Transparencia que prevé aprobar esta legislatura. Los grupos de presión, que comienzan a estar regulados en autonomías como Asturias, Cataluña o Madrid, no están actualmente regulados en Castilla y León. Ni lo están, ni lo estarán a corto plazo, según las estimaciones del gobierno autonómico, puesto que prevén abordar esta cuestión “de forma integral” en una norma específica.

Así lo explica en su exposición de motivos: “La ley no aborda aspectos vinculados a la participación ciudadana o la regulación del lobby con los que la transparencia presenta una evidente y estrecha relación. La razón no es otra que el propósito de abordar esta materia en una iniciativa específica que contemple de forma integral la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos”.

En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy elaboró la primera ley de Transparencia, a partir de la cual, las autonomías podían ampliar la regulación. En 2015, la Junta de Castilla y León elaboró una norma con “déficits”, por lo que la Consejería de Transparencia, de la mano de Francisco Igea (Cs), pretende iniciar “una verdadera política autonómica de transparencia” y un “mejor acceso” a la información. 

“En España se ha avanzado en términos de transparencia con la Ley 19/2013 pero es incomprensible que no se haya puesto en marcha una regulación sobre los lobbies. El lobismo informal y opaco manda”, lamenta el exdiputado por Esquerra y doctor en Derecho Joan Ridao.

“El anteproyecto de ley de Transparencia de Castilla y León, aunque no la he estudiado en profundidad, es bastante avanzado”, valora María Díez, investigadora en Transparencia por la Universidad de Valladolid, que sí considera que se deberían regular estos grupos de presión por transparencia.

Fuentes de la Consejería de Transparencia informan que ya ha terminado el trámite de observaciones de las consejerías, aunque quedan pendientes los informes de los Servicios Jurídicos de la Consejería, la Dirección General de Presupuestos y Estadística y del Consejo Consultivo. Entonces se remitirá el proyecto a las Cortes de Castilla y León.

 La Junta de Castilla y León también está trabajando en un proyecto de huella legislativa para publicar en cada norma todos los documentos del expediente. Aunque todavía no se conoce cómo se aplicará, el objetivo de la huella normativa es analizar cómo ha evolucionado un texto legal a lo largo de todos sus meses de tramitación.

Agendas de altos cargos

De momento, en Castilla y León se mantiene la normativa de 2015, esa en la que el actual gobierno autonómico (PP-Cs) reconoce “déficits”. Es decir, la Junta debe someter a la participación ciudadana (individual y colectiva) los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas. Una vez recibidas las alegaciones, la Junta debe justificar el rechazo total o parcial de las aportaciones.

La actual ley de Castilla y León apenas roza esta cuestión que afecta a la participación de organizaciones, empresas y colectivos de todo tipo. No existe un registro ni se plantea una huella digital que permita saber el resultado de las reuniones. Lo más parecido que tiene Castilla y León es la publicación de las agendas de los altos cargos: reuniones, eventos y encuentros -presenciales y a distancia- que mantengan en el desempeño de sus funciones todos los altos cargos de la Junta así como los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas.

El problema que presentan muchas veces las agendas de cargos públicos es que se queda en lo “superficial”, explica a elDiario.es Antonio Castillo, co-cooordinador de un grupo de investigación nacional sobre el lobby. Este catedrático de la Universidad de Málaga asegura que en estas agendas no se comprueba si finalmente se han reunido o no y de qué asunto se habla realmente.

“Yo puedo decir que me reúno con los cazadores, pero en realidad los términos de la reunión son más complicados”, ejemplifica. “Al institucionalizar estos grupos de interés, que ya existen, puedes hacer todo más transparente, porque uno de los reproches que se les hace a los lobbies es que actúan en la sombra”, continúa.

Castillo insiste en la importancia de “fiscalizar” las agendas públicas para saber con quién, para qué, qué temas se han abordado, si se ha entregado o recibido documentación y qué propuestas están sobre la mesa“.

En esta cuestión hay disparidad de opiniones. “Confundimos tres niveles de información pública: la secreta, la confidencialidad y la transparente. Hay que tener cuidado con pedir transparencia, porque para algunas cosas hay que transmitir confianza. Las negociaciones deben ser secretas, pero la trazabilidad, pública”, agrega Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Quiero ver la evaluación y ver los resultados que ha producido esa llamada de Telefónica al Ministro, por ejemplo”, añade.

Registros de lobbies

“Tiene que haber un registro que la gente pueda consultar, sería un gran paso”, apuesta Díez, que cree que “no tiene por qué ser malo” un diálogo entre el interés privado de asociaciones o empresas con el poder público. Para esta doctora, es “relativamente sencillo” publicar las actas de las reuniones “aunque sea de forma resumida” en este mundo digital. “Que no piensen que esto no interesa a la ciudadanía”, remarca.

La Comisión Europea sí que tiene un registro de estos grupos de interés (grupos de presión o lobbies), entre las que figuran ocho específicamente de Castilla y León, entre los que se encuentran la compañía AB Azucarera Iberia, la asociación agraria Asaja y la sociedad de investigación y explotación minera de Castilla y León (Siemcalsa). Este registro es obligatorio para que estos grupos puedan reunirse con representantes de la Comisión Europea. En España solo existe un registro, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): se trata de un registro voluntario que agrupa empresas, ongs y corporaciones de derecho público.

Ridao cree que debería imponerse un “registro obligatorio” de estos grupos de interés. “En el nivel institucional de la UE funciona un registro voluntario y ello permite enmascarar el lobismo real. También una regulación en la esfera ejecutiva y legislativa, y en el caso del mundo local bajo los auspicios de la comunidad”, plantea.

Sobre esta cuestión tampoco hay un consenso, porque los registros pueden utilizarse para dificultar el acceso de la ciudadanía, en función de los requisitos que soliciten. En algunos casos, solo es necesario un nombre, pero se puede solicitar, por ejemplo, un documento que acredite que se trata de una asociación solvente, cuando se puede tratar de una asociación de padres y madres sin gestión económica. Manfredi sostiene que estos registros “no sirven de nada” si no van acompañados de trazabilidad para saber el efecto que tienen estas reuniones.

La huella legislativa

Estos grupos de interés juegan “un papel importante” en la elaboración de las leyes, defiende Francisco Javier Paniagua, doctor en Ciencias de la Información. Estas organizaciones y empresas, que pueden tener intereses sociales o económicos, “tienen mucho que decir y aportar”. Pero la clave está en que todo sea con luz y taquígrafos.

Para eso existe la huella legislativa: la prueba pública de la influencia que los lobbies ejercen en un texto legal. “La idea es ver cómo empieza una ley y cómo y dónde cambia”, relata Castillo. Es decir, ver qué efectos tiene una reunión con una asociación o una empresa, como un cambio en el cuerpo del texto una vez esté publicado un anteproyecto. “Aunque yo si fuera un buen lobby, me hubiera reunido antes de que se elaborara el anteproyecto y después también, en comisiones, por ejemplo”, agrega.

“La transparencia no significa que los que controlan más o tienen más poder no sigan influyendo, pero al menos que se conozca quién accede a los altos cargos”, señala Castillo. “El resultado de las reuniones y la rendición de cuentas tienen que ser transparentes”, agrega Manfredi.

“Si después de reunirte cambias el borrador, eso quiero verlo. Eso perite evaluar qué grupos tienen capacidad de influencia”, destaca Manfredi, que apuesta por que haya una memoria institucional y evaluación de políticas públicas. Este nivel de transparencia no existe actualmente en España. “Durante las deliberaciones no es bueno que haya transparencia, pero después sí, además de la importancia de la evaluación de las políticas públicas”, defiende.

Rafael Rubio, profesor titular Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid, apuesta por “conocer el iter de cualquier decisión pública desde el principio de su elaboración, así como los distintos cambios que a propuesta de afectados, interesados y expertos se han ido introduciendo, con el fin de dotar de mayor transparencia a todo el proceso y permitir a los ciudadanos saber cómo ha evolucionado una norma y en qué sentido”. “Esta huella incorporaría no sólo una relación de los actores que han intervenido, sino el momento en el que lo han hecho y la información proporcionada por cualquier vía durante el proceso” refleja Rubio en su artículo 'La actividad de los grupos de presión ante el poder Ejecutivo'

Los lobbies y los partidos políticos

“Una de las debilidades que tiene el modelo democrático es que los parlamentario están bastante desnudos frente a los lobbies”, explica Manfredi, director del grupo de investigación Comunicación Pública: Poder, Derecho y Mensaje, que propone que las Cortes de Castilla y León -y otras cámaras parlamentarias- tengan unos técnicos que puedan elaborar informes propios. “Tienen muy poca información de los asuntos que va a legislar, no hay un servicio de estudio propio que les pueda ayudar a elaborar las normas”, lamenta. Manfredi ejemplifica esta situación: Si se propone privatizar la Sanidad, por ejemplo, tendrán que saber qué impacto tendrá esta decisión, cuánto costará... O si se trata de la nueva ley de la caza o los toros, apuesta por que no sean las asociaciones las que presenten sus propios estudios a los políticos, sino que las Cortes tenga un servicio que elabore estudios independientes.