El Procurador del Común vincula la mortalidad en las residencias con la limitación en las derivaciones a los hospitales de Castilla y León

El Procurador del Común, Tomás Quintana López, ha vinculado la mortalidad en las residencias con la limitación en las derivaciones a los hospitales de Castilla y León. Esta mañana, el defensor del pueblo autonómico ha asegurado que la Junta de Castilla y León “limitó las derivaciones de pacientes” desde las residencias de ancianos a los hospitales tras el “colapso sanitario”. Las residencias asumieron entonces “unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección, lo que posiblemente contribuya a explicar, junto con otras causas, morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como la acusada prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores”.

Así se ha pronunciado el Procurador del Común durante su intervención en las Cortes de Castilla y León, en las que ha presentado el informe anual de la institución correspondiente al 2020. En las primeras semanas de la pandemia “se evidenciaron las dificultades” que vivieron las residencias de mayores, “más allá de la atención sanitaria, entre otras, para separar a los enfermos de los no contagiados, la angustia de los residentes a consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas y la falta de comunicación con los familiares…

“Como sociedad, tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo a que no se repitan los episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino a mejorar las condiciones de vida de los más mayores en condiciones de normalidad, es decir, una vez superada la crisis sanitaria”, ha apuntado Quintana López.

El Procurador del Común ha reprochado el “problema estructural” que afecta al modelo residencial actual. “Contaban con un déficit estructural de recursos, de supervisión sanitaria y de planes de contingencia, haciendo inviable responder de forma eficiente a la pandemia. Carecían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que supuso un impacto directo en la salud de los usuarios debido a una limitada atención sanitaria y social. Muchas personas mayores murieron aisladas y solas”, expone en su informe relativo a las residencias de ancianos. Estos problemas “han puesto en tela juicio” la capacidad del modelo residencial, “cuando menos”, para afrontar situaciones como las vividas.

Tomás Quintana López también ha apuntado a los problemas “endémicos” de la asistencia sanitaria de Castilla y León: los “tradicionales” déficits de la atención sanitaria en el medio rural, los “nuevos” problemas derivados del cierre de los consultorios locales y las listas de espera. “Junto a los viejos problemas derivados de la interrupción del servicio sanitario por diversas causas vinculadas a la falta de medios personales y materiales disponibles, el cierre de los consultorios locales acordado al inicio de la pandemia estaba produciendo una merma de la atención sanitaria al sustentarse principalmente en la atención telefónica, lo que provocaba limitaciones de variado orden en la prestación del servicio”, ha destacado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha apostado por que la Junta de Castilla y León realice más inspecciones, elabore nuevos protocolos y apueste por una reforma en profundidad del sistema de atención residencial con un modelo “participado, consensuado y con un mayor peso de lo público”. “Si ser la tercera comunidad del país con más fallecidos no remueve algunas conciencias yo ya no sé qué lo hará”, ha criticado.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha destacado el trabajo del Procurador, pero ha reiterado que “no hubo colapso” sanitario, aunque ha reconocido “tensiones”. “Por muchos que algunos intenten manipular a la opinión pública, los ciudadanos tienen capacidad para discernir lo que ha hecho cada uno, que administración ha estado al lado aunque se haya podido equivocar y quién se ha escondido y movido por tacticismo político para generar inestabilidad”, ha manifestado de la Hoz, que ha defendido que Sanidad y Servicios Sociales dieron “la mejor respuesta que se pudo” ante la pandemia de COVID.

El portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, también ha negado un colapso sanitario porque la Sanidad es “robusta”, según él. Castaño, que ha aludido a la ausencia de un marco jurídico para aplicar cierres perimetrales o el toque de queda,  ha destacado “el indudable esfuerzo del sistema de salud, que tuvo que reinventarse en un tiempo récord para evitar un colapso del sistema”. “Si el interés sanitario global no está por encima de la geopolítica, no seremos capaces de erradicar la Covid-19 y el próximo informe del Procurador del Común no mostrará la superación de esta extraordinaria prueba”, ha alertado.

Por su parte, el procurador de Podemos-Equo Pablo Fernández ha reprochado a PP y Ciudadanos que “se pase por el arco del triunfo” las resoluciones del Procurador del Común, sobre todo las “de mayor calado”. “Este día pone de manifiesto la falsedad de los partidos que sustentan al gobierno, es una mascarada”, ha recriminado.

La procuradora de Vox en las Cortes de Castilla y León, Fátima Pinacho, ha defendido que se elimine la figura del Procurador del Común por que se destina un dinero público para resolver cuestiones que luego las administraciones no ejecutan porque no son de obligado cumplimiento, si no recomendaciones. “Lo único que podemos hacer es echarnos las manos a la cabeza ante una institución que no nos cuesta barata, no ponemos en duda calidad del trabajo, pero consideramos figura totalmente redundante y que debe ser eliminada”, ha concluido